Elecciones en Hidalgo, el Chernobyl de México

La cuenca atmosférica de Tula, en el estado de Hidalgo, es tal vez el foco de contaminación atmosférica de mayor impacto en México en materia de calidad del aire y de salud pública. Además de la refinería Miguel Hidalgo, ahí se localiza la segunda central termoeléctrica de mayor capacidad en nuestro país – con una potencia de 1,500 MW –  y que opera casi en un 80% con combustóleo de alto contenido de azufre (4%), el combustible más sucio y contaminante que existe, dado que es el residuo de la refinación del petróleo. Hay al menos dos cosas paradójicas e indignantes. Una de ellas es que la termoeléctrica podría operar 100% con gas natural, lo que prácticamente eliminaría las emisiones de mayor preocupación. Esto, dado que tiene un diseño dual y está preparada para ello, y que los gasoductos para alimentarla se encuentran casi terminados. La segunda, es que sólo bloquea la conclusión de los gasoductos la manipulación política y extorsión de parte de actores locales, y la incuria, falta de aplicación de la ley, complicidad y ausencia de decisión y responsabilidad de las autoridades del estado de Hidalgo, así como del gobierno federal, que promueve una retardataria política de refinación, privilegio a los hidrocarburos, y bloqueo a las energías más limpias. Lo anterior, a pesar de que las emisiones contaminantes de la termoeléctrica son causa de más de 2,700 muertes prematuras en las cuencas atmosféricas de Tula y Pachuca, algo que debería representar un vergonzoso escándalo para la sociedad hidalguense y para su clase política. Es notable la pasividad local y la omisión total del tema en las campañas electorales que recién finalizan, cuando que en otras circunstancias esto debería generar una gigantesca ola de cólera en la opinión pública, y una respuesta asertiva por parte de los candidatos de todos los partidos. Todo ello habla muy mal de calidad de la democracia hidalguense –tal vez como una democracia fallida– de la pasividad de su población, y de la indolencia o perversión de los políticos locales.

Por cierto, estudios científicos también han demostrado que las emisiones contaminantes de la termoeléctrica de Tula afectan igualmente a buena parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, provocando más de 14,000 muertes prematuras anuales, a través del deterioro en la calidad del aire.

Para dimensionar la magnitud de la catástrofe ambiental y de salud pública, recordemos que la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula de Allende, estado de Hidalgo, es causa del 56% de todas las emisiones de partículas PM2.5, y del 75% de las emisiones de óxidos de azufre, en la megalópolis del centro del país. Los óxidos de azufre son precursores de lluvia ácida (ya que producen con la humedad de la atmósfera ácido sulfúrico), aparte de partículas secundarias – también PM2.5 – formadas por reacciones de química atmosférica. Las PM2.5 son partículas muy pequeñas (inhalables) de diámetro menor a 2.5 micras, que se alojan hasta el fondo de los alveolos pulmonares, penetrándolos y entrando al torrente sanguíneo, así como al cerebro después de traspasar la barrera hematoencefálica que lo protege. Existe un vasto cúmulo de investigaciones científicas que establecen la relación entre las PM2.5 y enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, cáncer, Alzheimer y Parkinson (relación que ha sido refrendada por la revista Science en primera semana de octubre). Lo más urgente ahora, es saber, de acuerdo también a diversas investigaciones en un buen número de países, es que la contaminación por PM2.5 se asocia con una mayor mortalidad por Covid-19, en la medida en que tales partículas inhabilitan o deprimen al mecanismo inmunológico de los pulmones (macrófagos alveolares). El estado de Hidalgo aloja – valga la metáfora – un verdadero Chernobyl mexicano.

Es preciso que la sociedad, la clase política, los medios de comunicación, las universidades, los candidatos y partidos políticos, los gobiernos municipales, y el gobierno del estado de Hidalgo, así como el gobierno federal, el gobierno de la CDMX, y el gobierno del Estado de México, asuman sus responsabilidades en este acuciante problema.