Fiscalías implosionadas II: En el laberinto

La reforma judicial que las autoridades justifican como medio de garantizar el acceso a la justicia achaca a juezas y jueces de todos los niveles las fallas y vicios que favorecen la impunidad y la corrupción. Casos como el de María Elena Ríos muestran, en cambio, la necesidad de examinar el desempeño de fiscalías, juzgadores/as locales, magistrados/as y tribunales diversos para determinar si y dónde hubo ineptitud, corrupción o buen juicio. Sin diagnóstico previo del funcionamiento del proceso de procuración de justicia, en las fiscalías, y del sistema judicial que la imparte, lo que se pretende es tirar la casa, improvisar otra, sin examinar siquiera los cimientos.

Como explica Irma Saucedo en la entrevista, las víctimas que acuden a la Fiscalía de la Ciudad de México en busca de justicia quedan atrapadas en un laberinto burocrático, empedrado de maltrato, deficiencias y desdén. Sus expedientes engordan sin que las pruebas sean necesariamente sólidas o suficientes. Se ha logrado, por ejemplo, incorporar al proceso peritajes psicológicos y socio-antropológicos que, bien hechos, aportan información para entender la historia de una mujer violentada por su pareja y sus consecuencias No obstante, cuando son deficientes o revictimizantes (como los primeros del caso Lesvy), o cuando son útiles, pero se integran mal al expediente, no sirven para la defensa de la víctima (injustamente perseguida) ni para la estrategia legal contra el violentador. “Quedan en un hoyo negro”. 

Un expediente mal integrado frustra en muchos casos la anhelada obtención de justicia porque, si el/la juez/a encuentra, por ejemplo, contradicciones, falta de pruebas… lo devolverá a la fiscalía para que corrija. Esto no es fácil cuando en él se han acumulado todo tipo de errores y vicios que, insiste Saucedo, podrían haberse evitado o corregido antes, si se hubieran supervisado las distintas etapas previas a la judicialización. La víctima ve con espanto cómo dos o tres años de persistencia y resistencia se van a la basura. La fiscalía, por su parte, señala “con dedo flamígero” al juez y este al MP. Mientras nadie le pida cuentas a la fiscalía, nada cambiará, afirma Saucedo.

Sucede también que el MP y el juez son ambos ineptos, incapaces, por ejemplo, de entender un caso de violencia doméstica, sexual o vicaria, “un desastre para las víctimas”, señala Saucedo. Fue el caso de una mujer acusada de asesinar a su hijo. Ella había sido secuestrada, embarazada, por un hombre que la maltrató. Este casi mató a su hijo a golpes y sólo accedió a llevarlo al hospital si ella se inculpaba. El MP aceptó la autoinculpación, el juez “tomó tal cual el expediente”, ignoró la ausencia de mecánica de hechos y el secuestro. Condenó a la mujer. Afirmó incluso que “hasta una hiena defiende a sus hijos”. Para apelar ante la instancia judicial superior, se integró al expediente una explicación del síndrome de Estocolmo y de la necesidad de analizar el caso desde la perspectiva de género, elemental cuando se trata de violencia doméstica y sexual. Esta mujer encontró justicia, pero ¿cuántos casos sin acompañamiento profesional, no mediáticos, quedan en la sombra? ¿Cuántas mujeres son encarceladas injustamente?

Las injusticias que expone Saucedo afectan a las víctimas de delitos y violencias que, por obligación, el Estado debe prevenir, sancionar y reparar. Ni siquiera hablamos aquí de presuntos culpables, también expuestos a la violencia institucional del sistema en su conjunto.

Si a las autoridades les interesara la justicia, señala Saucedo, deberían instrumentar un proyecto para rearmar las fiscalías, aumentar los recursos para contratar personal suficiente y capacitarlo sin simulaciones, sistematizar la supervisión de casos y la revisión aleatoria de estos.  Con un diagnóstico serio de las fiscalías se podría detectar la ineficiencia o corrupción; sabríamos cuántos casos se han judicializado y resuelto, cuántos no y por qué. Sabríamos si el problema son los/as juzgadores/as o las fiscalías. Entonces sí podría diseñarse una reforma que sirva a la sociedad.