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Gobierno VS industria automotriz
Viene un encontronazo legal entre el gobierno mexicano y la industria automotriz.
La industria automotriz analiza ampararse en contra de la cancelación de la NOM 236 de verificación vehicular.
Esta norma disponía la verificación vehicular, a un costo de mil pesos por unidad, de las condiciones físico-mecánicas del parque vehicular para procurar una mayor seguridad y reducir los accidentes viales.
La intención era que así como se verifica periódicamente la emisión de contaminantes de los vehículos, también se verificaran sus condiciones de operación.
Apenas antier, la tarde del domingo, la Secretaría de Economía, hizo oficial su cancelación.
Las armadoras y distribuidoras de autos, consideran que la decisión presidencial para que el gobierno de México se retracte de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 236, está basada en criterios políticos y no regulatorios.
Además de que la cancelación de la NOM-236 no cumplió con el procedimiento que marca la Ley General de la Infraestructura para la Calidad.
Es decir, la Secretaría de Economía habría incumplido lo que marca la ley, con tal de cumplir la instrucción presidencial.
Todo indica que el Presidente de la República no se había enterado del tema hasta que, a mediados de mayo pasado, en una conferencia mañanera le preguntaron sobre el tema. Ahí públicamente, el Jefe del Ejecutivo, visiblemente enojado, vapuleó a la ahora ex secretaria de Economía.
La frase presidencial que quedó para la posteridad fue la de: “no vamos a estar bolseando a la gente”.
Ese día le dio tremendo “coscorrón” público, aunque al día siguiente le dio una “sobadita” al decir que se trataba de una funcionaria muy eficiente.
Pero a pesar del regaño y apapacho público, la instrucción presidencial quedó firme. Cuando parecía que el tema ya había quedado en el olvido, vino el “domingazo”. En un breve comunicado el pasado domingo 6 de noviembre.
En consecuencia, tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), presidida por José Zozaya, y que agremia a las armadoras más importantes en México, como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), que preside Guillermo Rosales, analizan la posibilidad de interponer un amparo en contra de la cancelación de la NOM 236.
Hay que recordar que esta NOM-236 fue elaborada cuando la dependencia estuvo encabezada por Tatiana Clouthier, quien en coordinación con la industria automotriz habrían trabajado y elaborado la regulación respectiva.
Se trata de una norma emitida apenas el pasado 3 de mayo del año en curso por la Secretaría de Economía y publicada en el Diario Oficial de la Federación.Es decir se trata de una regulación ya promulgada. En el actual sexenio, la industria automotriz ha resentido fuertes golpes por parte del gobierno mexicano. Entre ellos la regularización de autos chocolate en un número creciente de entidades de la República Mexicana. Al respecto, un datos que asombra: Este año se regularizarán más vehículos usados de los que se venderán nuevos en el mismo lapso. Alcanzarán 1 millón de unidades regularizadas.
Por otra parte, el gobierno mexicano junto con los representantes de este sector industrial enfrentan aliados con el gobierno de Canadá, al de EU por la interpretación de ésta última nación de las reglas de origen en la industria automotriz.
Y de acuerdo con los analistas sectoriales, este sector podría ser el blanco de los “bazucazos arancelarios” que podría aplicar el gobierno de EU a México en caso de que le gane la disputa en materia energética.
La industria automotriz representa el 3.5% del Producto Interno Bruto; el año pasado generó arriba de 930 mil empleos; atrajo inversión extranjera directa por 5 mil 367 millones de dólares, y fabricó 3 millones de autos con lo que se colocó en el séptimo lugar a nivel mundial. La industria automotriz, es muy relevante por la generación de divisas, de empleos, la producción de vehículos y el impulso que da a la economía. Ojalá que se tome en consideración lo que representa. Veremos.
Atisbos
Con la reforma a la ley presupuestaria, el gobierno –según la versión oficial– podrá depositar al Fondo de Estabilización e Ingresos Presupuestarios (FEIP) efectivo o bonos de gobierno comprados por el Gobierno federal, lo que fortalecerá al propio Fondo, porque se beneficiará del pago de intereses, además que puede venderlos cuando lo requiera, porque son líquidos. Esto no afecta el presupuesto ni el techo de endeudamiento. Son activos de los cuales el gobierno federal es dueño y son activos que tiene en tesorería Asimismo, el FEIP podrá recibir ingresos excedentes de los ahorros derivados del costo financiero de la deuda o de remanentes de operaciones fiscales.