Indización salarial

Como se ha comentado por parte de diversos analistas, que la coalición Morena-Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México obtengan mediante la asignación de diputados de representación proporcional una sobrerrepresentación de 20% en lugar del límite establecido en la Constitución de 8 por ciento. De darse esta asignación, la coalición tendría 74% del total de 500 diputados habiendo obtenido el 54.7% de los votos. Con esta sobrerrepresentación, la coalición tendría la mayoría calificada en la Cámara Baja lo que les permitiría, por sí mismos, modificar la Constitución. (Faltaría aún que esa mayoría calificada también la tuvieran en el Senado de la República, la cual podrían obtener mediante un proceso de chantaje/compra de los votos de algunos senadores de oposición).

Que la coalición gobernante tenga la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso les permitiría aprobar todas las reformas constitucionales propuestas por López el 5 de febrero. La atención ha estado centrada en tres reformas: la del Poder Judicial que lo subordinaría de facto al Poder Ejecutivo, la desaparición de los diputados y senadores de representación proporcional y de senadores de primera minoría (a lo cual hay que agregar la prohibición para la reelección inmediata de legisladores propuesta por Sheinbaum) y la extinción de los órganos autónomos del Estado mexicano (INE, Inai, IFT y Cofece). De ser aprobadas estas reformas, se le habrá dado un golpe mortal a la democracia en México, transitando así hacia un régimen autoritario en donde no habría garantía de protección judicial de los derechos individuales (incluida la propiedad), sin transparencia ni rendición de cuentas y con la presencia de partidos de oposición en el Congreso, en el mejor de los casos, únicamente testimonial.

El que la coalición Morena-PT-PVEM tenga la mayoría calificada en el Congreso también les permitiría aprobar otras iniciativas de reforma propuestas por López. Destaco en este artículo la modificación al artículo 123 constitucional para establecer la indización del salario a la inflación.

Respecto de los salarios, la iniciativa presidencial establece que los aumentos que experimenten los salarios (los mínimos, supongo) nunca sean menores a la tasa de inflación acumulada desde su última revisión. Esto no parece ser mayor problema desde que se introdujo en 2016 la Unidad de Medición y Actualización (UMA), lo que permitió desligar al salario mínimo de otros precios y obligaciones como las multas. Con ello se ha observado, desde 2017, aumentos todos los años del salario mínimo en términos reales. Menos problemático sería si, además, la economía experimentara un proceso sostenido de crecimiento económico sustentado en una mayor productividad factorial total, lo cual naturalmente se traduciría en mayores salarios reales.

Hay otra crucial consideración que es importante señalar. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se pueden indizar a la inflación tres precios: el tipo nominal de cambio, el salario nominal y el precio de la gasolina. Hacerlo sería un craso error de política económica, y en particular la del salario, por dos razones fundamentales.

La primera es que la indización del salario podría ponerle un “piso” a la inflación por arriba de la objetivo de inflación del Banco de México, el cual tendría frente a sí dos opciones, ambas con un alto costo social. Una primera opción es validar la mayor inflación con una política monetaria expansiva, con lo cual se caería rápidamente en una espiral creciente de inflación-salarios-inflación; una trayectoria creciente y explosiva de la inflación. La segunda opción es no validar la mayor inflación resultante del aumento salarial e implementar una política monetaria restrictiva (incompatible, además, con la política fiscal expansiva que seguirá el próximo gobierno) para tratar de lograr la meta inflacionaria. Ello, sin embargo, introduciría presiones recesivas en la economía, con un impacto negativo sobre la producción y el empleo. La segunda razón por la cual la indización de los salarios a la inflación es un grave error, el cual se magnifica estableciéndola en la Constitución, es que se introduce una rigidez significativa en la economía que hace notoriamente costoso enfrentar un choque real negativo significativo. Suponga, como parece que así será, que Trump gana las elecciones presidenciales en EU y cumple desde enero del próximo año con su promesa de deportar inmediatamente a toda la población que se encuentra actualmente en ese país, incluidos los aproximadamente 6 millones de mexicanos y, además, impone un arancel de 10% a todas las importaciones (sin que le importe que ello violente el T-MEC).

Ambas acciones representarían para México un significativo choque real negativo que requeriría para enfrentarlo, al menor costo posible, un aumento del tipo de cambio real (mediante una depreciación del nominal) y una caída de los salarios reales. El aumento del tipo de cambio introduciría presiones inflacionarias adicionales que se reflejarían en el salario indizado y, como éste estaría imposibilitado de caer por la misma indización, todo el ajuste ante el choque real recaería en la producción y el empleo. Así, la indización salarial haría que costo, en lugar de minimizarse, se maximizaría.

Que la coalición gobernante obtenga artificialmente la mayoría calificada no sólo destruiría la democracia y la libertad. También le permitiría introducir graves errores de política económica en la Constitución; indizar los salarios puede ser “políticamente correcto”; económicamente es un craso error. La próxima semana un análisis de otras iniciativas de López.

X: @econclasta