Internet como derecho humano

Durante los pasados años hemos visto un creciente interés por parte de diversos gobiernos en declarar a el servicio de Internet como un derecho humano. El significado de tal acción muchas veces pasa desapercibido por gran parte de la población pues no se lograr dimensionar el impacto que tiene esta tecnología en la vida de cada persona. Los gobiernos al declarar el Internet como derecho humano reconocen la importancia de este como plataforma de desarrollo, como vía para promover derechos humanos y herramienta que ayuda a reducir los niveles de pobreza.

La presente pandemia global ha incrementado la importancia del Internet pues su versatilidad ha permitido la transformación de modelos de negocio tradicionales para convertir, al menos una parte de su cadena de valor, en un proceso virtual. La adecuación de la logística, el incremento de las transacciones financieras y el crecimiento en uso de aplicaciones bancarias son apenas una pequeña muestra de cómo las personas de todas las edades han tenido que abrazar al Internet como vía para mantener cierto grado de normalidad en sus vidas.

Paradójicamente, es esta misma pandemia la que ha resaltado la falta de planificación de muchos gobiernos en temas neurálgicos como la difusión y adopción del Internet por los más vulnerables, aquellas personas que viven en localidades que carecen de servicio o por alguna razón enfrentan obstáculos de accesibilidad que van desde costos del servicio o del dispositivo hasta la disponibilidad de puntos de venta cercanos. Todos temas que tradicionalmente han sido resueltos, o se busca resolver por medio del establecimiento de un plan nacional de desarrollo digital.

Si se observa la experiencia latinoamericana, vemos que uno de los elementos claves en toda propuesta de conectividad nacional es la transparencia. Se hacen públicos los planes del gobierno para impulsar el crecimiento de Internet y otras tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Muchas veces se solicita a todos los interesados (léase sociedad civil y sector privado) que emitan sus comentarios, reacciones y sugerencias sobre los planes del gobierno.

De esta forma, gobiernos como el de Perú publica un documento que llama a la transformación digital del país reconociendo las limitaciones de sus provincias amazónicas y andinas. Brasil hace lo mismo centrándose en la nueva generación de dispositivos del Internet de las Cosas que van a requerir, aparte de las redes de acceso tradicionales, grandes inversiones en servicios de analítica y almacenamiento de datos. Colombia por su parte, además de mostrar los planes para fomentar la conectividad, resalta por medio de su Ministerio TIC la necesidad de transparencia en el acceso a la información pública por medios digitales.

La constante es la misma, para llegar a que el Internet se convierta realmente en un derecho humano tiene que haber un plan de gobierno detallado que delinee los pasos a seguir para reducir las diferencias en acceso a TIC en las distintas localidades del país. Hay que planear y tomar acciones para poder obtener resultados.

Un ejemplo de cómo la buena planeación permite la toma de acciones para impulsar un objetivo se observa en los resultados obtenidos por distintos países latinoamericanos que para enfrentar la emergencia económica causada por el Covid-19 comenzaron a implementar medidas para amortiguar su impacto. Según el estudio “Panorama social de América Latina 2020” publicado en marzo de 2021 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la pobreza en América Latina habría aumentado a 33.7% de la población regional. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de CEPAL, si los países de la región no hubiesen establecido medidas para proteger a la población el nivel de pobreza podría haber aumentado hasta 37.2%.

De esta forma, mientras Argentina en el 2020 incrementó el porcentaje de su población bajo niveles de pobreza a 37% y Brasil la redujo a 16.3%, sin la aprobación de ayudas gubernamentales la pobreza en ambos países habría aumentado a 38.8% y 24% respectivamente. Las medidas de ayuda durante el Covid-19, sean populares o no, han tenido un impacto positivo en la región según CEPAL.

¿Qué sucede si un país no toma las medidas necesarias para impulsar un objetivo gubernamental como reducir la pobreza? Desgraciadamente el mismo informe de CEPAL nos responde esta pregunta al presentarnos a México como un caso donde las autoridades de gobierno decidieron no implementar grandes medidas para reducir el impacto económico de la pandemia. El resultado es claro, un aumento de la pobreza de un 41.5% a un 50.6% durante el 2020.

La falta de un plan nacional de desarrollo de las TIC podría tener consecuencias similares para la población pues la innovación tecnológica aparte de traernos nuevas generaciones en telecomunicaciones también nos incrementa la diversidad de brechas digitales que se pueden identificar en la población. Carecer de una estrategia de conectividad implica no tener idea de cómo se piensa implementar una estrategia de transformación digital y deja al descubierto la incapacidad del gobierno de apropiarse de las nuevas tecnologías para hacerse más eficiente.

Vivimos en un mundo donde la adopción de nuevas tecnologías se convierte cada día en un mayor diferenciador al competir comercialmente con empresas nacionales e internacionales. La falta de una estrategia proactiva y holística para impulsar el Internet y otras tecnologías en un país al final repercutirá negativamente en su economía.

No basta con hacer al Internet un derecho humano, es trabajar para que llegue a todos los seres humanos que componen la población del país.