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La Cultura de la Paz, Seguridad Pública y Fuerzas Armadas
El precio de la apatía hacia los asuntos públicos es ser gobernado por hombres malvados.
Platón
Ahora que han arreciado los despiadados bombardeos rusos contra la población civil de Ucrania y que México le negara su apoyo en Asamblea de la OEA, se revela en Rusia que nuestro gobierno suscribió un acuerdo para la instalación del sistema ruso “Glonass” y de un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas en México, sistemas que ya operan en Nicaragua, Venezuela y Brasil. Esas torpezas son nuevas provocaciones a nuestros aliados comerciales, los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, también para otros países y organizaciones que están a favor de Ucrania. Sin duda, es otra fuente de conflicto que aderezará el proceso de consultas sobre posibles violaciones de nuestro país al T-MEC.
Pasando a nuestra realidad interior, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución mexicana ordena que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, sean de carácter civil, ésta ha sido siempre militar. El texto constitucional del artículo 21 se ha incumplido desde la creación de dicho cuerpo policiaco. Desde su origen la ha dirigido un militar y en su cuerpo existen alrededor de 73 mil elementos provenientes de las fuerzas armadas y menos de 16 mil elementos de la anterior policía federal, éstos últimos -por cierto- están siendo obligados a aceptar la “baja voluntaria” a pesar de ser los únicos con formación policial, medida que forma parte del plan de la Secretaría de la Defensa Nacional para sustituir a todos los elementos civiles de la Guardia Nacional.
Por su parte, el artículo 115 confiere a los ayuntamientos la responsabilidad de la seguridad pública. Sin embargo, es de reconocerse que la gran mayoría de los ayuntamientos la asumieron de forma precaria al carecer de los recursos fiscales suficientes y que las transferencias presupuestales correspondientes, para contar con los cuerpos policiacos indispensables, fueron disminuyendo o se suprimieron, sobre todo durante el actual gobierno.
La militarizada Guardia Nacional ha demostrado poca capacidad para llevar a cabo operativos y operaciones con base en elementos mínimos de inteligencia. Militares que han sustituido a agentes civiles no han sido bien capacitados para las tareas policiales, lo que han comprobado al hacer frente a situaciones que nunca vieron en el curso exprés de dos meses que les impartieron. Algunos han declarado que se sienten confundidos pues se enrolaron para ser militares y no policías, además de que su mando les ha indicado que el uniforme de la Guardia Nacional es un disfraz y que ellos son militares.
El inquilino de Palacio Nacional ha propiciado una cada vez mayor participación del ejército en todo tipo de actividades que debieran seguir siendo atendidas por civiles y el sector privado, de tal suerte que las fuerzas armadas hoy son omnipresentes y están más que rebasadas.
Aprovechando que al mandatario le gustan los trenes y los aviones, hoy vemos como los militares han echado a andar un cártel empresarial que administrará aerolíneas, aeropuertos, trenes de carga y pasajeros, desarrollos turísticos y hasta el comercio exterior. Surgen generales empoderados y cercanos al presidente que organizan sus propios grupos empresariales a través de sus familiares.
Uno de los efectos de esa estrategia se ha traducido en que a los militares hoy les interesa imitar el estilo y las costumbres de los nuevos ricos, se han transformado en los nuevos “aspiracioncitas” por gracia del mandatario.
Sin importar los medios para hacerse de dinero, se sabe que apoyan a huachicoleros y a traficantes de personas, que venden equipo táctico, armas y granadas, así como información de movilidad y operativos militares y de la Guardia Nacional a organizaciones delictivas.
La vulnerabilidad de las fuerzas armadas y la certidumbre de que México es un país sin seguridad nacional han demostrado que la estrategia oficial sólo ha alentado el fortalecimiento de los cárteles de las drogas y el crimen organizado, para quienes la estrategia gubernamental se ha traducido en “dejar hacer, dejar pasar” sin importar que escale la violencia en perjuicio de la ciudadanía.
Tristemente se reveló que, como resultado de las acciones de investigación del ejército, los militares han contado oportunamente con información estratégica de los planes de acción y ataque de grupos delincuenciales sin que dichos datos se hayan aprovechado para evitar la comisión de delitos traducidos en masacres, enfrentamientos y asaltos, entre otras actividades criminales.
Estas son algunas de las características de las autoridades responsables de la seguridad pública que debieran consistir en salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
El proyecto personal del presidente no se ha detenido ante nada ni siquiera ante la Constitución ni al Estado de Derecho, expande su poder prácticamente sin obstáculos, así como una muy peligrosa desinstitucionalización de la República y de la Nación, cuyo objetivo ha sido desmantelar más que transformar y menos construir.
Al inicio del último bienio del actual gobierno padecemos una situación de emergencia en materia de seguridad pública, agravada por la revelación de información reservada a partir del ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora se sabe que los militares han hecho de todo, desde pronosticar el triunfo o derrota de candidatos a puestos de elección popular, hasta hacerse amigos y socios del crimen organizado. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo civiles armados y desarmados al servicio de delincuentes hacen correr y huir a soldados, marinos y agentes de la Guardia Nacional a quienes someten a actos de humillación y vejaciones con cada vez más frecuencia, pues deben obedecer la línea presidencial de dar abrazos, no balazos.
Es natural que surja la duda ¿qué tanta confianza se puede tener en las fuerzas armadas? Sobre todo, al observar que el inquilino de Palacio Nacional ha creado un monstruo que amenaza las libertades públicas y los derechos humanos, además de no rendir cuentas y carecer de límites, aún ante su comandante supremo.
No parece prudente que el mandatario sea el escudo del ejército, pues lo hace parecer cómplice de quienes violan y dejan violar la Ley.
En estos casi cuatro años de una supuesta transformación, con la estrategia de dar abrazos, no balazos, ha crecido el poderío de los cárteles del narcotráfico, del crimen organizado, de otras organizaciones delictivas y de los militares.
En todo el país aumentan las tensiones en diversos ámbitos de interacción social que afectan a cada vez más personas, más familias, más poblados y prácticamente a todos los sectores de la sociedad con espirales de violencia
La fórmula de combinar burocracia y militarización parece haber fracasado lo que se traduce en mediocridad y destrucción. Es de extrema urgencia actuar para evitar que los cada vez más graves conflictos, continúen escalando.
Una responsable estrategia de seguridad pública ha de dirigirse a evitar la impunidad del crimen organizado y a aplicar la ley a los delincuentes, a fortalecer a las policías locales, a detener el deterioro del tejido social y a propiciar su restauración.
Lo revelado hasta ahora generaría un escándalo en muchos países, pero aquí parece no importar a nadie. Es grave confirmar que los mexicanos nos hemos convertido en apáticos e indiferentes, a veces parecemos deshumanizados y hasta cobardes.
Evitemos transformarnos en una sociedad fallida, en la que a cada quién sólo le interesa lo que ocurre en su pequeño mundo, pues entre más divididos, seremos más débiles.
*El autor es abogado, negociador y mediador.
Twitter: @Phmergoldd