La Cultura de la Paz, Sobrerrepresentación y Plan C

Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral.

Simón Bolívar  

La coalición oficialista ganó las elecciones, pero no eliminó el pluralismo en nuestro país como pretenden. Tristemente, con una interpretación amañada y con la simpatía de las autoridades del INE es muy probable que alcance  la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y esté cerca de tenrela en la de Senadores, mayorías que no les otorgaron los votantes en las urnas y de esa forma eliminar la voz de la pluralidad y aplicar la idea de “allá están ustedes y aquí estamos nosotros”, en la que las oposiciones no cabrían.  

Con esa sobrerrepresentación se propiciará una desproporción o distorsión entre el número de curules y el número de sufragios obtenidos, con efectos negativos en el criterio de igualdad individual de los votos. La Constitución, en su artículo 54, establece un límite máximo a la sobrerrepresentación del 8 %. 

A pesar de que los votos que recibieron los partidos oficialistas llegó al 57.9 %, pretenden ocupar el 74.4 % de las diputaciones federales, es decir un 16.5 % de sobrerrepresentación que equivale a más del doble del límite impuesto a nivel constitucional. De aplicarse esa sobrerrepresentación en exceso, nos encontraremos ante un fraude a la Constitución avalado por autoridades electorales al interpretar el texto constitucional, en contra de su propósito democrático, para minimizar la pluralidad que aún existe en nuestro país y se vulnere un principio fundamental de la democracia por el que todos los votos deben valer por igual. 

No podemos soslayar que existe un arraigado divorcio en la comunicación e interacción entre legisladores y ciudadanía. Siendo candidatos, particularmente los aspirantes a ser diputados o senadores por mayoría relativa, visitan en campaña a sus posibles representantes para solicitar su voto; sin embargo, tras ser electos, es muy raro que regresen, interactúen o rindan cuentas a sus electores. No se diga de los candidatos a diputados o senadores de representación proporcional que ni siquiera hacen campaña, sólo buscan ser postulados por los jerarcas de sus respectivos partidos o factores reales de poder. O se postulan así mismos como ocurrió con los presidentes del PAN y del PRI.

Según el estudio denominado Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2020, en la mayoría de los países de América Latina existe la percepción de que sus partidos políticos y sus poderes legislativos son las instituciones más corruptas. Esa percepción ha propiciado desconfianza en la población y ha propiciado que no se sienta representada por los partidos políticos ni por sus legisladores. 

En México somos poco más de 127 millones de habitantes y nuestro Congreso de la Unión está compuesto por 628 legisladores, 128 Senadores y 500 Diputados; en Brasil, con una población muy superior, del orden de 210 millones de habitantes, cuentan con 594 legisladores federales 81 Senadores y 513 Diputados, y en los Estados Unidos, con 336 millones de habitantes tienen 535 legisladores federales, 100 senadores y 435 representantes. 

Evidentemente estamos sobrados de legisladores, tenemos una sobrerrepresentación que cuesta mucho y los oficialistas sólo avalan las iniciativas presidenciales sin leerlas, menos estudiarlas y sin cambiarles siquiera una coma. Los legisladores afines al presidente han olvidado que son representantes del pueblo y que el pueblo NO es el inquilino de Palacio Nacional.

Por lo que hace a la cámara alta, los partidos oficialistas podrían ocupar 82 espacios, quedando a tres escaños de alcanzar la mayoría calificada, de ser así, es probable que senadores supuestamente opositores, como ha ocurrido con anterioridad, se adhieran a la bancada oficialista para que logren que prospere la destrucción institucional y se concrete la amenaza de destruir el Estado de Derecho y a la Justicia con lo que, con la subordinación existente del Poder Legislativo al mandatario, se acabe con la división de poderes. 

Las múltiples iniciativas de ley y de reformas Constitucionales, incluido el Plan C del mandatario,  distan de ser redactadas basadas en estudios serios y apegadas a las técnicas legislativas, suelen aprobarse sin ser revisadas, a pesar de que varias de ellas han sido declaradas como violatorias a la Constitución.

A partir de la opinión recabada a un mínimo de ciudadanos, aplicando una consulta improvisada y sin control, habrá de justificarse el Plan C que implica una purga nacional de juzgadores, alrededor de 4,500, para que al ser electos popularmente supuestamente se acabe con la corrupción, muy probablemente se logrará el efecto contrario. 

De esa forma será difícil detener el avance en la demolición de los poderes judiciales con la que además se violará el T-MEC y se socavará la certidumbre para la inversión en proyectos de largo plazo en perjuicio de todos.

Además del polémico asunto de la reforma judicial, no nos extrañen cambios radicales a la Constitución que podrán fraguarse con la mayoría calificada del partido oficial y sus satélites con las que podrán modificarse y disminuirse los derechos de los mexicanos, lo que provocará mayores tensiones sociales, mayor polarización y conflictos.

Urge distender la polarización y que el nuevo gobierno incluya a todos, que adopte las medidas para restaurar el tejido social y distender la polarización.   

AVISO: Se invita a la presentación del libro “El Mediador” este miércoles 10 a las 19:00 horas en el Centro Libanés de Barranca del Muerto (Informes 55 5228 9933 ext. 3102).

*El autor es abogado y mediador profesional.

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