La nueva Ley de ciencia y tecnología

El Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Ley Federal de Planeación.

El proyecto fue turnado por la Mesa Directiva a comisiones para su estudio y eventual aprobación. En la exposición de Motivos, el Primer Mandatario indicó que el objetivo de la nueva norma es el de garantizar el derecho humano a la ciencia.

Plantea una política de Estado en el rubro de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. También pretende consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Refiere que la ciencia, la tecnología y la innovación serán concebidas como herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar social.

“Como instrumentos al servicio de la humanidad, no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral, en la generación y conservación de conocimientos, así como sus aplicaciones prácticas".

Indica que se propone “reivindicar el papel de la investigación humanística y científica, de desarrollo tecnológico y de innovación en la vida pública para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

Se trata de poner las capacidades del país al servicio del “pueblo” y del interés nacional, “para promover el avance del conocimiento universal, fortalecer la soberanía nacional, lograr el desarrollo integral y sostenible” y contribuir al bienestar de la población.

Señala que se garantizará, conforme a la disponibilidad de presupuesto, el acceso universal a becas de maestría o doctorado en ciencias y humanidades y posgrado para la formación de profesionales “para la gestión de los asuntos estratégicos o prioritarios y los temas de Inter público nacional”.

Prevé formular una “agenda nacional” que atienda las necesidades y problemas de la sociedad mexicana, a través de la participación de la comunidad a nivel local, regional y nacional, al interior de las universidades y centros de investigación.

*Sistema Nacional de Humanidades

Crea un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el cual, el Estado, gobiernos de las entidades, municipios y alcaldías en la Ciudad de México, contribuirán a la ejecución de instrumentos de planeación estratégica y participativa, a través de facultades concurrentes.

Contempla la celebración de convenios de colaboración y “cofinanciamiento” de proyectos de política pública.

*Financiamiento ciencia

El texto indica que se diversificarán los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a las actividades que refiere la ley, “con recursos presupuestarios orientados al interés público”.

Contempla extender la política de entrega de apoyos directos “sin intermediarios” como se aplica en los programas sociales, a los becarios, “humanistas”, científicos, tecnólogos e innovadores.

Dice que se garantizarán las becas universales a estudiantes de universidades públicas del nivel maestría y doctorado, que realicen investigación en las áreas de ciencias y humanidades.

*Temas de interés público nacional

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) creará un Sistema Nacional de Posgrados, para profesionalizar a las personas en “temas de interés público nacional”.

Señala que las agendas temáticas centrales serán: salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, contaminación, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía y cambio climático, transición energética y otros.

Cambio en Conacyt. Prevé transformar al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

Tendrá a su cargo articular el Sistema Nacional de Humanidades. Su Junta de Gobierno integrará a las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda. También a la Defensa y la Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud. El director general del nuevo Conacyt será designado por el Presidente de la República.

La ley propuesta contempla un Sistema Nacional de Centros Públicos, que tendrán órganos de participación y consulta, pero no dice el modo de subsidiarlos, después de que se ha cargado los más prestigiosos, a través de Alvarez Bulla, la presidenta de Conacyt de infeliz memoria. Lo que no se sabe es si el dinero para la construcción de la refinería seguirá con cargo al patrimonio del Conacyt o se irán para sufragar los costos de los herederos de la 4T. De la ley, es recuperable que contenga una parte para las humanidades, así como para la investigación básica, como exige Stiglitz como una labor ineludible del Estado, pues es lo que faltaba a todas luces de la otra ley énfasis en estas consideraciones.

En definitiva, una ley en la misma línea del sexenio de desinteresarse por lo que se realiza con el extranjero, porque considera que los problemas se producen en patrimonio nacional; no una ley global, que tendrá el porcentaje en ciencia y tecnología en cifras inferiores al 0.2% de los últimos sexenios. Vamos bien.