La relocalización de los flujos de inversión o “nearshoring” ofrece la oportunidad para que países como México impulsen las inversiones en tecnologías de alto valor agregado, desde cómputo en la nube, Inteligencia Artificial y soluciones de Web3. Pero para que el sector privado tenga la confianza y seguridad de invertir en innovaciones digitales, debemos partir de la base de fortalecer el régimen de propiedad intelectual (PI). México podría dar pasos concretos para consolidar un ecosistema de innovación atractivo para inversionistas en tecnología: actualizando el marco normativo de PI; promoviendo una mayor coordinación entre las instituciones encargadas del fomento y protección a los derechos adquiridos; y generando mayor apertura de canales de diálogo entre el sector público y las empresas. La protección de la PI crea un entorno propicio para la innovación y el desarrollo tecnológico porque a través de esquemas como patentes, registros de marcas comerciales o diseños industriales, se garantiza que las empresas reciban la totalidad de los beneficios económicos de nuevos productos y servicios que introducen al mercado. Incluso, hay industrias como la de los videojuegos, en la que las creaciones de diseñadores y animadores pueden ser protegidas a través del derecho de autor. Fomentar el respeto a la PI y contar con mecanismos robustos para hacer valer esos derechos reduce costosos procesos de litigio, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de recursos para innovar. Para mejorar la aplicación de estas leyes, necesitamos fortalecer la coordinación entre todas las autoridades e instancias que trabajan para fomentar y hacer valer los derechos de PI en México. Si bien el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) son instituciones que ejercen un reconocido papel, la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Agencia Nacional de Aduanas y la Guardia Nacional resulta crucial para enfrentar desafíos apremiantes y complejos, como la difusión en línea de contenidos no autorizados y la proliferación de productos pirata a través de plataformas de comercio electrónico. El diálogo constante entre el sector público y el sector privado —además de la valiosa participación de la sociedad civil— debe convertirse en un pilar para definir o replantear las decisiones en materia de protección a la PI. Los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y las compañías pueden aportar diagnósticos y experiencias significativas para definir marcos regulatorios equilibrados que protejan a los titulares de derechos. México tiene la oportunidad de destacar como un destino de inversiones más allá del sector de manufacturas y atraer capital productivo que genere innovación digital, con nuevos productos y servicios tecnológicos. A final de cuentas estamos hablando de aportaciones que abonan al crecimiento del país y a la generación de empleos bien remunerados de alto valor agregado. De cara al cambio de gobierno, estamos a tiempo de trazar de forma colaborativa una estrategia nacional para dar vigor y actualizar el sistema de PI con el fin de brindar certeza y generar mejores oportunidades para todas las personas que habitan en México. *Irely Aquique es socia de TMI abogados.
