Los guardianes de Pemex

Justo cuando Octavio Romero Oropeza cumplió dos semanas al frente de la dirección general de Petróleos Mexicanos ocurrió la sesión 935 del Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado mexicano, en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de la colonia Verónica Anzures. Con carácter extraordinario y con la presencia de los consejeros propietarios, entre quienes destacan los secretarios de Energía, Rocío Nahle, y de Hacienda, Carlos Urzúa.

Una semana antes, también en sesión extraordinaria, la nueva administración había comenzado a darle un nuevo rumbo al gigante petrolero mexicano, con su proyecto para desarrollar una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Pero ese viernes 14 de diciembre ocurrirían las designaciones de los mandos superiores, en suspenso por el periodo de entrega-recepción.

Algunos temían la “tabasqueñización” de Pemex, en una réplica de lo ocurrido en la Secretaría de Energía, donde los principales colaboradores de Nahle son veracruzanos. El abogado Alejandro Morales Becerra es propuesto por la titular de Sener como nuevo secretario del consejo de administración de Pemex, quien de inmediato entra en funciones. Como prosecretario, Romero Oropeza propuso a Agustín Díaz Lastra, excoordinador de planeación en Tabasco, y al médico Rodolfo Lehmann Mendoza como subdirector de servicios a la salud, así como a sus excolaboradores Víctor Manuel Navarro Cervantes, como director corporativo de planeación, y Alberto Velázquez García como director corporativo de finanzas.

Los nombramientos de Miguel Gerardo Breceda, como titular de Pemex Transformación; de Miguel Ángel Lozada Aguilar a Pemex Exploración y Producción; de Rogelio Hernández Cázares, a Pemex Fertilizantes, y de Manuel Antonio Mijares Bravo, Pemex Etileno; al igual que otra docena de designaciones, matizaron la integración de dos funcionarios clave para el funcionamiento de la nueva estrategia para combatir el robo de combustibles.

Uno de ellos, Marcos Herrerías Alamina, quien fue propuesto ese 14 de diciembre como director corporativo de administración y servicios, es uno de los colaboradores más cercanos a Romero Oropeza desde hace 25 años. De esa área de Pemex depende la subdirección de salvaguarda estratégica, a la que fue enviado el general Arturo Velázquez Bravo, quien hasta mediados del año 2017 fungió como comandante de la XVI Zona Militar, con base en Sarabia, Guanajuato.

Desde su creación, hace cuatro años, esa área ha estado a cargo de exmilitares. Su primer encargado fue el general Eduardo León Trauwitz —exjefe de escoltas del exgobernador Enrique Peña Nieto—, con la misión de diseñar y aplicar una estrategia integral para proteger al personal, las instalaciones, los bienes y los valores de la empresa productiva del Estado mexicano.

En ese periodo, fueron canalizados 5,000 millones de pesos para modernizar los sistemas y los equipos disponibles para dar cobertura a las refinerías, los centros de almacenamiento, las plataformas offshore y los ductos. Inicialmente, el general León Trauwitz enfocó sus esfuerzos en incrementar la capacidad de reacción ante los hurtos extendidos en Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz e Hidalgo, entidades donde se concentra poco más de la mitad de los incidentes.

En el mediano plazo serían implementadas otras medidas —la transportación de los hidrocarburos destilados en carros-tanque y la marcación de los combustibles en las terminales de almacenamiento— por la Subdirección de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística.

La subdirección de Salvaguarda Integral quedó a cargo del patrullaje en los ductos y el celaje de derechos de vía, lo que se conjuntó con el despliegue de elementos de la Sedena, Semar y Policía Federal. Pero la sustracción ilegal se multiplicó. En un principio —definieron las autoridades involucradas— el MIHPP (mercado ilícito de hidrocarburos) estaba focalizado exclusivamente a la gasolina y diesel; sin embargo, con el paso del tiempo se extendió a los derivados y procesados del petróleo, incluso al propio crudo y gas licuado de petróleo.

La sustracción a través de tomas clandestinas, por supuesto, pero también el almacenamiento, el transporte, la enajenación, el suministro y la distribución ilícita de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos eran tipos penales que no estaban sancionados en el Código Penal Federal. La nueva administración propuso una reforma legal para castigar con severidad estas conductas delictivas.

El huachicoleo fue definido como un asunto de seguridad nacional. Y desde hace dos semanas, el gobierno de la República implementó una nueva estrategia para combatirlo, con la intervención de las refinerías, el cierre de ductos y la vigilancia de las pipas encargadas de surtir a los distribuidores.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, definió ante el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, que no existe escasez de gasolinas, sino que el problema es de distribución. De esa área es responsable Javier Emiliano González del Villar, cercano a Marcelo Ebrard.

EFECTOS SECUNDARIOS

AUSTEROS Y AUTÓNOMOS. En sesión privada, ya bajo la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocieron la propuesta de reingeniería institucional —bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez—, que incluyó el ajuste a las percepciones, pero como una autorregulación más que por una imposición de otros poderes de la Unión. Las remuneraciones de los 11 ministros serán 25% más bajas, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. Zaldívar, como presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, recibió el encargo de velar que las remuneraciones de jueces y magistrados no sean disminuidas mientras dure su encargo.