Más de mil jueces mexicanos están quejándose en Washington contra la reforma judicial

En este momento hay dos magistrados federales mexicanos en Washington, portando con ellos una petición firmada por más de mil jueces federales mexicanos, pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que detenga la reforma judicial mexicana.

¿Qué está por delante en México, sus leyes domésticas o sus tratados internacionales?

Se lo pregunto porque los jueces mexicanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es uno de los organismos internacionales que el presidente actual de México trata con más desdén. Así, es factible preguntar, si el presidente actual y la presidenta electa, respetarán las decisiones y los fallos que un organismo perteneciente a la OEA emita como orden.

Tome usted en cuenta que México no ha renunciado a su lugar en el concierto interamericano. México es aún miembro activo de la OEA, y por lo tanto está obligado a cumplir con los tratados internacionales que esa membresía le impone.

Pregunto otra vez, ¿Va México a respetar, los tratados que firmó como miembro activo de la OEA, o va a poner por delante sus leyes domésticas?

La petición es para que el estado mexicano, antes de continuar con su reforma, emita los razonamientos legales para su ya internacionalmente famosa reforma judicial.  La Comisión, encargada de la defensa de los derechos humanos en el continente emite lo que llama medidas cautelares. Estas son órdenes temporales que detienen un proceso hasta que los detalles son conocidos a profundidad por el organismo.

Los jueces mexicanos con este proceso en activo están pidiendo que la comisión proteja sus derechos laborales. Los jueces alegan que la reforma judicial, pone en peligro, no solo sus empleos y el de los funcionarios del poder judicial mexicano, sino que más consecuentemente, pone en riesgo el acceso a la justicia de los mexicanos y con eso vulnera la independencia del poder judicial en todo México.

Los Derechos Humanos, para el derecho mexicano son base jurídica

En México, la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre del 2013, emitió una sentencia que resolvió un "conflicto de jurisdicciones" (contradicción de tesis) y dio lugar al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco Vs México.

Esta sentencia transformó los derechos humanos en la pieza central del orden jurídico mexicano y llevó a que las Naciones Unidas otorgaran a la Corte Suprema de México su Premio de las Naciones Unidas en el campo de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2013 por "promover los derechos humanos a través de su interpretación y aplicación de las leyes de México”.

Esta acción puso de relevancia que los tratados internacionales sobre derechos humanos en el sistema de derecho mexicano tienen preponderancia por sobre las leyes domésticas.

El peso de los tratados internacionales

La decisión de la Corte Suprema en el 2013 tuvo como antecedente dos fallos en los tribunales de circuito mexicanos. Sin embargo, ambas sentencias resultaron en opiniones contradictorias con respecto a la prevalencia de los tratados internacionales de los derechos humanos en el derecho mexicano. 

El Tribunal Primero de Circuito (Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito) declaró que "los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución Federal".

Pero el Tribunal del Undécimo Circuito (Tribunal Primero Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito) declaró que "cuando surgen conflictos en materia de derechos humanos, los tratados internacionales deben ser considerados al nivel de la Constitución".

Por eso los jueces mexicanos vinieron a la Comisión Interamericana

México afirmó con acción y rubrica su pertenencia a la OEA, y al hacerlo reconoció a la CIDH con hecho y derecho, como defensora de los derechos humanos en el continente.

Por lo tanto, México está obligado a obedecer sus fallos y sus decisiones. Recuerde usted, que la Corte Suprema en México puso a los derechos humanos como pieza  central de su orden jurídico.

México está obligado a cumplir con las medidas cautelares que la CIDH emita

La solicitud que la Asociación de Jueces y Magistrados Federales (JUFED), presentó ante el máximo órgano de defensa de los Derechos Humanos en el continente, es para activar los procedimientos del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta acción pararía la reforma hasta que se emitan los razonamientos del estado mexicano para llevar a cabo esta reforma judicial.

La petición dice:

"Solicitamos a esa honorable comisión requerir al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para que la CIDH cuente con toda la información necesaria, particularmente las relativas a las medidas adoptadas por el Estado para asegurar que cualquier tipo de reforma constitucional no afecte negativamente al Poder Judicial y a sus funcionarios”.

El Estado mexicano con esto deberá presentar--de manera confidencial, pero expedita— no solamente el proyecto de ley, sino también sus ramificaciones de política pública.

Todo esto, en nombre de evitar que cualquier reforma judicial en México, afecte regresivamente los derechos humanos de los mexicanos.

Pero hay algo más a considerar

En Washington los políticos han repetido tantas veces que las elecciones tienen consecuencias.  En todo el país se cita con frecuencia esa frase, ahora llegamos al punto en la historia en la que los mexicanos necesitamos aprender lo mismo. Las elecciones mexicanas tienen consecuencias, y una vez que han pasado es muy tarde tratar de cambiar las cosas.

Los mexicanos en la elección del 2 de junio votaron en mayoría por el partido MORENA y por sus candidatos oficiales, y con eso establecieron que querían proseguir con una cuarta transformación. Bueno, eso es exactamente lo que están viendo concretarse ahora con múltiples reformas al sistema judicial mexicano.

La petición, firmada por más de mil cien jueces, pide que la Comisión Interamericana dictamine sobre el hecho de que la inminente destitución generalizada de funcionarios judiciales y operadores atenta contra los derechos humanos de esos trabajadores del estado. Los jueces y magistrados han ganado sus puestos pasando exámenes y prevaleciendo en concursos de ascenso, que les da seguridad en su trabajo. 

Si ahora son destituidos de sus puestos, eso vulnerara su seguridad y la de sus familias.