Mutismo en el Inai

Con un organigrama desactualizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a la “burocracia dorada” del Inai y tras de la validar las denuncias periodísticas contra los mandos superiores de ese órgano autónomo, de plano se pronunció por su desaparición.

“No conozco a nadie que haya salido de este instituto —que ya lleva desde la época de Fox— a hacer una denuncia de todo el desbarajuste existente, de esto último que se acaba de dar a conocer: que pagaban con tarjetas oficiales sus gastos en bares, en restaurantes y con tarjetas oficiales…”, censuró el Ejecutivo federal, “estoy en contra de la simulación. Todo eso es una fachada, (el Inai) no debería de existir. Esos 1,000 millones de pesos se deberían de utilizar para seguir otorgando becas a la gente, a los estudiantes de familias humildes, para el pueblo, para el bienestar de la gente… Y, en efecto, ¿quién vigila eso?, ¿quién sanciona?”.

Las denuncias periodísticas contra los excomisionados del Inai, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, sirvieron como detonador a un cúmulo de quejas que —en caso de ser ratificadas— deberá admitir a trámite la titular del Órgano Interno de Control, Alma Patricia Sam Carbajal. La más reciente, fechada el pasado lunes 27, está firmada por 45 trabajadores que advirtieron sobre la debacle en el órgano garante.

“Los funcionarios cada vez son más déspotas, abusivos, manipuladores, deshonestos y corruptos”, se duelen, y piden que cesen el encubrimiento y el cobro de moches. Sam Carbajal llegó hace seis meses al Inai. Apenas en el 2019 se incorporó a la contraloría del gobierno de la CDMX, donde fungió como titular del OIC de la Secretaría de Pueblos Originarios (apenas ocho meses) y de la alcaldía Cuajimalpa hasta hace dos años, cuando quiso incorporarse al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, primero, y después, como magistrada del Tribunal Electoral mexiquense, después de una década como directora jurídica en el IEEM.

A 11 meses del cierre de su administración y con un Congreso de la Unión prácticamente inoperante, el Ejecutivo federal insistirá en el cierre del Inai a través de una iniciativa de ley. ¿Y el mandato judicial para completar el Pleno de comisionados?

Dentro de nueve días, los cuatro integrantes del Inai deberán elegir a su nuevo titular. Las baterías periodísticas se centraron en Norma Julieta de Río y Adrián Alcalá, quienes han manifestado su intención de competir por el cargo; Josefina Román y Blanca Lilia Ibarra —quien concluye su bienio como comisionada presidenta— también serían elegibles.

En tránsito a la CDMX, luego de completar sus actividades en la FIL-Guadalajara, los comisionados estaban prestos a acordar las bases de la elección, que deberá realizarse a más tardar el próximo domingo 10. Ante los agravios de la mañanera, los cuatro comisionados decidieron no caer en provocaciones y dejar que hablen por ellos su resoluciones. Cuando decidan revirar, tal vez sea demasiado tarde.

Sobre este bochornosos asuntos, una precisión, a solicitud del excomisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien nunca tuvo relación jerárquica con Adrián Alcalá o cualquiera otros de los aspirantes a la presidencia del Instituto.

Efectos secundarios

INICIATIVA. La Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Sodi, se comprometió a impulsar un proyecto ciudadano que busca elevar a rango obligatorio la NOM 035 para el sector empresarial. Dicha iniciativa fue elaborada por el empresario y activista Raúl Rodríguez Rodríguez, quien previamente la presentó ante senadores que integran la Comisión del Trabajo. Esta norma establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.