Populismo fiscal

Un gobierno dispone básicamente de tres instrumentos de política pública: la regulación de los mercados, el sistema tributario y la composición del presupuesto público. Como estén diseñados e instrumentados estos define, en gran medida, las prioridades y los objetivos del gobierno, particularmente de quien ejerza el cargo de jefe de gobierno. Define, aunque no lo parezca, si es un estadista es decir alguien que ve no solo por el bienestar de la población y cómo aumentarlo en el presente sino, más aún, alguien que tiene como objetivo que el bienestar de las futuras generaciones sea cada vez mayor, alguien que prioriza el desarrollo económico.

Si la prioridad es el desarrollo, la regulación de los mercados tendrá como objetivo procurar que todos los mercados (bienes, servicios y factores de la producción) operen en un contexto de competencia, minimizando las barreras de entrada y salida tal que la asignación de los recursos escasos que posee cada agente económico sea eficiente, es decir refleje la escasez de estos y por lo mismo su costo de oportunidad lo que, corrigiendo por fallas de mercado (bienes públicos y externalidades) resulte también en una asignación socialmente eficiente de recursos. Si por el contrario el objetivo no es el desarrollo, la regulación favorecerá el capitalismo de compadrazgo, los mercados oligopólicos y la extracción de rentas, además, de generar corrupción con la resultante asignación socialmente ineficiente de recursos.

Si la prioridad es el desarrollo, el diseño del sistema tributario será tal que por una parte, le generen al gobierno los ingresos que requiere para financiar el gasto en aquellos rubros que efectivamente le competen y por otra, que los incentivos que se derivan de este diseño estén alineados con los objetivos de promover el trabajo, el ahorro y la inversión y, por consecuencia, el crecimiento económico.

Si la prioridad es el desarrollo, el gasto público deberá destinarse básicamente a cuatro rubros. Primero, educación, favoreciendo la capacitación permanente de los profesores y la equipación y modernización de las escuelas. Segundo, salud, garantizando el abasto de medicinas e insumos médicos, la vacunación integral de la población particularmente la infantil, el equipamiento y modernización de clínicas y hospitales y garantizando el acceso a los servicios públicos de salud. Tercero, el apoyo financiero a proyectos de ciencia y tecnología desarrollados por centros de investigación públicos y privados. Cuarto, a la inversión en infraestructura en proyectos que tengan rentabilidad social positiva es decir que más que cubran el costo de oportunidad social de los fondos públicos y que además sea el detonante y complemento de la inversión privada.

Es sobre la composición del gasto que trata lo que resta del artículo y deja ver, con total nitidez, que para el presidente López el desarrollo económico no es su prioridad; permite ver que no es un estadista. Su prioridad es el poder político buscando acrecentarlo y mantenerlo a través de la compra de votos con gasto en “programas sociales”, particularmente de los adultos mayores y sus familiares con las pensiones. Populismo fiscal.

A continuación lo que gastó el sector público como porcentaje del gasto programable total en 2022 y entre paréntesis lo ejercido en el primer trimestre de este año. Educación: 14.7% (15.8%), salud: 13.7% (10.8%), ciencia y tecnología: 0.9% (1%), inversión física directa: 8.6% (6.4%) y pensiones y jubilaciones: 20.7% (25%).

Un gobierno que gasta prácticamente lo mismo en pensiones y jubilaciones que la suma de lo que ejerce en educación y salud, los dos rubros relacionados con la inversión en capital humano (como lo fue en el primer trimestre de este año) y que además prácticamente no destina recursos a la ciencia y tecnología y que invierte poco y en proyectos con rentabilidad social negativa (el AIFA, el Tren Maya, la refinería y el ferrocarril del Istmo), bajo ninguna circunstancia le da prioridad al desarrollo económico y las generaciones futuras no le importan. De prevalecer esta composición del gasto se garantiza la quiebra de las finanzas públicas y, peor aún, un país permanentemente subdesarrollado, pobre e inequitativo.

Un último comentario sobre las pensiones no contributivas para adultos mayores. Ante el envejecimiento paulatino de la población y el aumento en la esperanza de vida, fue un grave error haber establecido en la reforma constitucional del artículo 4 en mayo de 2020 que la edad para recibir esta transferencia gubernamental es de 68 años (65 años para indígenas y afromexicanos), lo cual se agravó cuando en un acto notoriamente populista fiscal de compra de votos, el presidente López anunció previo a las elecciones federales de 2021 que pasando éstas, la edad se bajaba a 65 años para todos; ahora, para joder permanente las finanzas públicas, lo quiere poner en la Constitución.

Si a quienes buscan ser el próximo presidente les importa este país, opónganse. Con finanzas públicas quebradas no podrán hacer prácticamente nada.

Twitter: @econoclasta