Secretaría de la Función Pública: silencio y opacidad

El ingeniero Armando Andrade Díaz duró muy poco en el cargo de Director General de Tecnologías de Información de la Secretaría de la Función Pública. Fue designado el 1 de junio de 2020 en sustitución de Luis Gutiérrez Reyes, quien dejó el puesto para asumir la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad. El equipo de prensa hasta hizo un comunicado para anunciar estos cambios.

Pero al recibir el cargo, Andrade Díaz recibió también un incendio del que quizá no tenía conocimiento: una fuga activa de datos personales confidenciales de casi un millón de funcionarios del Gobierno federal. Un incendio que pudo ser su debut y despedida. Hoy Andrade Díaz ya no trabaja en el gobierno. Para anunciar su salida no hubo comunicado. Analicemos el contexto en el que se produjo la salida abrupta de Andrade Díaz. Entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros expuso en internet, sin contraseñas ni otras medidas de seguridad, una base de datos con información confidencial de 830,000 funcionarios públicos federales. Esta dependencia, responsable de vigilar que los funcionarios públicos cumplan con la ley, se mostraba incapaz de cumplir con la ley de protección de datos personales y acuñó un eufemismo para calificar el incidente: “forma alternativa de acceso a datos”.

Entre los datos expuestos había datos personales confidenciales por orden del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles datos en particular? Imposible saberlo a cabalidad porque la Función Pública clasificó como reservada esa información por un año. Esta reserva se encuentra cuestionada ante el Inai, que deberá rechazarla o ratificarla en las próximas semanas. Mientras tanto, silencio y opacidad.

Las fechas del incidente son relevantes. Cuando Andrade Díaz asumió la Dirección General TIC, la fuga de datos personales llevaba activa casi un mes. Si compramos el eufemismo de Función Pública y aceptamos que se trató de una exposición de datos deliberada (un acceso alternativo), el responsable de su diseño, producción y puesta en práctica fue el hoy subsecretario Gutiérrez Reyes.

A veces hay funcionarios que se vuelven fusibles quemados para proteger otras piezas esenciales del juego político de la administración pública. Pudo ser el caso de Andrade Díaz. ¿Cuándo dejó el cargo? ¿Lo despidieron o se fue por su propia cuenta? ¿Cuál fue el motivo de su salida? Imposible saberlo. El equipo de prensa de Función Pública no respondió ningún mensaje para conocer detalles sobre la salida de Andrade Díaz. Silencio y opacidad.

Como responsable de despacho se encuentra Rolando Menchaca Méndez, un ingeniero del IPN con doctorado en computación por la Universidad de California y que, según su declaración patrimonial, en 2019 tuvo ingresos netos de 1.16 millones de pesos, sin propiedades inmobiliarias ni automóviles ni cuentas de ahorro a su nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) se encuentra bajo fuego. Distintas circunstancias han arreciado la vigilancia ciudadana sobre la dependencia, como la exoneración de Manuel Bartlett Díaz, el poderoso político y director de la CFE; los cuestionamientos a la secretaria Sandoval por la manera de valuar sus propiedades en su declaración patrimonial, y la sanción de un millón de pesos y dos años de inhabilitación contra los editores de la revista Nexos. 

Es lógico que Función Pública quiera evitar nuevos reflectores y más por un caso que el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, llamó “exposición masiva de datos personales”. Además de sanciones del Inai, por esta fuga de datos podrían acreditarse faltas graves en materia de responsabilidades administrativas. Se entiende entonces la estrategia: silencio y opacidad.