Seguridad jurídica, entorno regulatorio e inversión extranjera

La consultora Kearney publicó hace unas semanas su famoso ‘Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2023’, el cual se difunde en forma anual y analiza la percepción de ejecutivos empresariales e inversionistas de diversas partes del mundo. Su objetivo es clasificar los mercados con mayor probabilidad de atraer flujos de inversión.

En 2023, el índice señaló que, por segundo año consecutivo, los tres principales factores que los inversionistas priorizaron al elegir el destino de sus activos fueron: (i) la transparencia de las regulaciones gubernamentales; (ii) las capacidades tecnológicas y de innovación; y (iii) las tasas impositivas y facilidad en el pago de impuestos.

Asimismo, al preguntar acerca de las razones principales para no invertir en mercados emergentes, los encuestados destacaron la inestabilidad política (38%) como uno de los principales motivos, seguido del entorno regulatorio (27%). En el caso de los mercados desarrollados, las preocupaciones se centraron en la disponibilidad de materias primas (40%) y el costo de la mano de obra (30%).

Y si bien los datos no sorprenden, si permiten explicar las causas por las cuales México registra cuatro años consecutivos, ubicándose fuera del ranking de las 25 principales economías que agrupa el índice.

Como un breve antecedente, resulta importante destacar que la mejor posición de nuestro país fue en 2010, año en que ocupó el octavo lugar. La percepción de México como destino de inversión se mantuvo relativamente estable durante los siguientes 5 años, ya que aún en 2015 aparecía clasificado en el noveno lugar.

Sin embargo, las diversas reformas legales que se han impulsado desde 2019 han generado la percepción de un entorno regulatorio volátil. Si además le sumamos el hecho de que todas esas modificaciones han entrado en un largo proceso de litigio por los vicios de inconstitucionalidad que presentan, el panorama que se presenta ante el mundo no resulta del todo favorable.

Si durante la década pasada, México abrazó por completo el modelo constitucional de Estado Regulador, en el actual sexenio se apuesta nuevamente por la centralización y el control estatal de los mercados.

La idea básica del Estado Regulador era la de preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional mediante la creación de órganos autónomos con atribuciones cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional (véase controversia constitucional 117/2014).

No obstante, los cambios impulsados por el gobierno de López Obrador han apostado por revertir dicho diseño, ya sea mediante el debilitamiento de los órganos reguladores o a través de modificaciones legales que directamente buscan desplazar a los competidores privados de los mercados regulados, para privilegiar a empresas estatales.

Si las modificaciones a la industria eléctrica o al mercado de hidrocarburos —por citar algunas— tuvieron un impacto negativo en la percepción de los inversionistas respecto del entorno regulatorio de nuestro país, la reforma a la Administración Pública Federal que se prepara en el Congreso de la Unión y que propone cambios a 23 distintos ordenamientos jurídicos, tiene el potencial de sepultar por completo la confianza que se tiene de México como destino de capitales.

En conclusión, el futuro de México en el contexto del nearshoring depende en gran medida de las decisiones que se tomen en relación con el entorno regulatorio y las políticas económicas. Si el país continúa por la ruta de la centralización y las modificaciones legales intempestivas y regresivas, corre el riesgo de ahuyentar a los inversionistas y perder la oportunidad de captar flujos de inversión significativos. 

Por lo pronto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue pendiente por resolverse la acción de inconstitucionalidad 91/2021 promovida por diversos senadores de oposición en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2021.