Lectura 4:00 min
Sin pudor alguno
El jueves de la semana pasada, durante la presentación de los programas de bienestar, en Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a un juicio de amparo promovido por uno de los exaccionistas de Grupo Modelo, quien, derivado de la venta de dicha empresa, pretendía que el gobierno federal le devolviera 35,000 millones de pesos que pagó por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Al respecto, el primer mandatario afirmó: “Ya estaba un proyecto en la Suprema Corte a favor de que se les devolviera el ISR e intervenimos y, ¿saben qué?, se cambió la resolución y no se va a devolver ese impuesto”.
Estas declaraciones escandalizaron a miles de mexicanos e incendiaron las redes sociales, pues a todas luces se vulneró la legalidad y la independencia del Poder Judicial.
Afortunadamente, para el titular del Ejecutivo federal, el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del fuero común”, por lo que, bajo la protección de este precepto quedó a salvo de cualquier investigación por presunto tráfico de influencia, ilícito no grave, previsto en el artículo 221 del Código Penal Federal.
Es presumible que los presidentes de la República siempre han tenido la posibilidad de influir sobre algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que resulta insólito es que por primera vez en la historia un mandatario lo haya confesado públicamente, sin pudor alguno.
No debe soslayarse la posibilidad de que al exaccionista de Grupo Modelo que interpuso el juicio de amparo le puede asistir, o no, el legítimo derecho de recuperar ese dinero, pues a pesar de la cuantiosa cifra, todo va a en función del tamaño del negocio, pero definitivamente la decisión no era competencia del presidente.
Recordemos que, dentro de todo juicio, las partes tienen la posibilidad de alegar y defenderse, así como de aportar pruebas, mismas, que deben ser valoradas por los jueces y magistrados.
Seguramente en este caso, el gobierno federal fue llamado al proceso a través del secretario de Hacienda y Crédito Público o del Servicio de Administración Tributaria, en su calidad de autoridades responsables, o bien, de terceros perjudicados. En tal virtud, tuvieron la oportunidad de defender su postura, pero lo cierto es que no existe justificación para que los asuntos jurídicos de la Federación sean ventilados fuera de los tribunales y, menos aún, en los eventos públicos del señor presidente.
La intención del primer mandatario puede ser buena, inédita, conveniente, pero sería recomendable que cuidara las formas. Por algo el Barón de Montesquieu, ilustre filósofo francés del siglo XVIII, sostuvo: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Esto implica que las distintas instancias gubernamentales pueden trabajar en el marco de una colaboración respetuosa.
Aquello que conocemos como “constitucionalidad” es un tesoro invaluable, pero es imperante que los ciudadanos la apreciemos y le demos fortaleza. La endeble legalidad mexicana jamás ha podido instaurarse a plenitud, pero actualmente se muestra más frágil que nunca ante la voluntad del presidente López Obrador, quien un día amanece diciendo que respeta el Estado de Derecho, pero unas horas después lo pisotea ante la mirada de todos.
La construcción de las instituciones nacionales y de nuestro sistema jurídico fue producto del esfuerzo de décadas, realizado por varias generaciones. Si bien no todo ha marchado como soñamos, no existe razón para que se avasallen los logros que hemos obtenido como sociedad.