Una revocatoria ilegal

La estrategia diseñada por los operadores políticos de López Obrador consistió en utilizar el aparato del Estado para hacer que la gente participara...

De manera puntual, el INE dio a conocer la tasa de participación en la revocación de mandato del presidente López Obrador. Alcanzó el 17.6%, más de 10 puntos arriba de la registrada en agosto de 2021 en la consulta para llevar a juicio a los expresidentes. En los tiempos de expectativas decrecientes de la 4T, parece todo un logro. Sin embargo, la tasa de participación en la consulta “ratificatoria” del domingo fue menos de la mitad de la alcanzada en las elecciones legislativas de 2003 —41.3 por ciento—,  la más baja desde la creación del IFE.

El presidente López Obrador y sus operadores políticos sabían que la cifra relevante sería la tasa de participación, no el porcentaje de los que votaran por “que siga AMLO”. Hay algo raro cuando el titular del Poder Ejecutivo promueve su propia consulta revocatoria. Desde luego, no buscaba que lo destituyeran del cargo, sino salir fortalecido. Quería un mandato electoral fresco, de cara a la segunda mitad de su gobierno.

Tenía por delante un problema. Había que sacar a votar a la gente. La experiencia de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes había sido desastrosa. Asimismo, toda la evidencia sobre el comportamiento electoral mostraba que para despertar el interés de los electores debía quedar claro qué estaba en juego en las urnas. Y con la revocación de mandato del presidente López Obrador era muy difícil verlo. Una campaña por que permanezca en su cargo carecía de sentido en ausencia de un movimiento opositor pidiendo que se fuera.

La estrategia diseñada por los operadores políticos de López Obrador consistió en utilizar el aparato del Estado para hacer que la gente participara. Poco importó que la Constitución estableciera que el INE tenía la atribución exclusiva para difundir la consulta. El presidente López Obrador, la jefa de gobierno de la CDMX y los gobernadores de Morena organizaron eventos, celebraron conferencias de prensa y utilizaron sus cuentas en redes sociales para posicionar el proceso revocatorio.

Tampoco importó que la Constitución prohibiera el uso de recursos públicos por ninguna de las partes en la consulta. Vimos al Secretario de Gobernación y otros funcionarios del gobierno federal en videos utilizar los aviones de la fuerza aérea para trasladarse a eventos a favor de la ratificación de López Obrador en la presidencia de la República.

Tampoco pareció importar el deber de neutralidad que la Constitución impone a los servidores públicos durante los procesos de revocación de mandato. Los gobernadores de Morena, la jefa de gobierno de la CDMX y funcionarios del gobierno federal pusieron su lealtad al presidente López Obrador por delante. Utilizaron los recursos de comunicación social para enaltecer la virtudes del político tabasqueño.

La parte más preocupante fue la propaganda a favor de López Obrador en la vía pública. Se desplegó por todo el territorio nacional y aún no sabemos quién pagó por ella. En la CDMX, el dinero vino de empresas que tienen contratos con el gobierno. El INE lo descubrió al realizar las investigaciones relacionadas con quejas presentadas durante el proceso de revocación de mandato por la oposición. Es probable que el mismo patrón se encuentre en otras partes del país. Lo que difícilmente sabremos es qué les ofrecieron a cambio. Pero los indicios de corrupción electoral (contratos por aportaciones)  están por todos lados.

El día de la votación fue una jornada de acarreo de electores a las casillas. “Dar un ride no es un delito”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, mientras llevaba a un grupo de votantes en una vagoneta. La ley, que él mismo votó como senador del PRD, dispone otra cosa. Los operadores políticos del presidente López Obrador evitaron que el fiasco de la consulta del año pasado se repitiera, pero al costo de quitarle cualquier viso de legalidad al proceso revocatorio. 

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif