El gobierno favorece transferencias de ingresos sobre inversión, seguridad y productividad

En entregas previas se destacó la dificultad del ajuste para regresar a una senda de sostenibilidad fiscal. El Paquete Económico para 2025 del Ejecutivo presume ese objetivo. 

Los documentos –“criterios”, Ley de Ingresos (LIF) y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)– son demasiado optimistas, dada la incertidumbre que se ha generado en torno a la política de la administración con las reformas constitucionales. Todo apunta a un menor dinamismo de la economía, como se ha visto recientemente.

La proyección del crecimiento del PIB para 2025 (2.3%) está por encima de los pronósticos nacionales y extranjeros, incluido el del Banco de México. Con esa sobreestimación en el ejercicio del año próximo, los ingresos públicos serían menores a la LIF, el déficit sería mayor a la estimación oficial de 3.9% del PIB y la deuda pública superaría el 51.9 por ciento. Eso sembraría más dudas acerca de la sostenibilidad fiscal que se añadiría a las tendencias de costo del servicio de la deuda pública y de las pensiones contributivas y no contributivas que ocupan ya el 38% del gasto.

La reducción del gasto público en el PPEF 2025 es significativa. El total es menor en 3.6% real respecto del 2024, el programable –que excluye participaciones federales y servicio de la deuda– se reduce 7.3 por ciento. Esta caída no conviene a un gobierno que empieza y que aun así no alcanza a asegurar el regreso a la sostenibilidad fiscal.

Igual o más grave aún es la distribución del gasto programable. Hay tres maneras de verla: la administrativa (qué ramos y entidades lo ejercen), la económica (en qué se ejerce el gasto, corriente, de inversión) y la funcional (los objetivos finales de los recursos), que revela las intenciones del gobierno, a qué cosas les da mayor o menor importancia.

El PPEF 2025 presenta la orientación funcional del gasto con un catálogo que incluye funciones de gobierno, de desarrollo social y de desarrollo económico. Estas cifras se pueden comparar con las del PPEF 2024 (no hay un cierre estimado para este año). Hay aumentos reales en los siguientes cuatro rubros, o sea, los prioritarios para este gobierno:

• Coordinación de política de gobierno: +3.2%
• Vivienda y serv. a la com.: +7.3%
• Educación: +1.2%
• Protección social: +3.9%

Sobresale el programa de vivienda de la presidenta y la ampliación de los programas sociales que elevan Protección social y Educación con transferencias directas de ingreso y sin condiciones de calidad o generación de productividad.

Las otras 20 categorías disminuyen, reciben menos prioridad, aun cuando sus rezagos y necesidades son evidentemente apremiantes, como:

• Justicia: -3.2%
• Seguridad nacional: -14.6%
• Orden público y seguridad interior: -42.7%
• Protección ambiental: -5.2%Salud: -11.8%
• Agricultura, silvicultura y pesca: -24.1%
• Combustibles y energía: -3.6%Transporte: -4.3%
• Ciencia y Tecnología: -7.2%

La fuerte contracción del gasto público en 2025 se debe a la expansión fiscal del gobierno pasado, pero también revela la preferencia del presente por el gasto corriente en transferencias directas de ingresos sobre la inversión (que caerá 14%), la seguridad y el impulso a la productividad.