El horror

La decapitación de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, capital de Guerrero, es un crimen político de terrible significado para la sociedad y el gobierno mexicanos. No es el primer acto de barbarie en un país con amplias regiones tomadas por grupos criminales que imponen el terror con enorme saña. Sólo tres días antes fue asesinado a balazos, en plena calle, Francisco Tapia, secretario general del mismo ayuntamiento, crimen precedido por la muerte violenta del potencial secretario de seguridad. Tres crímenes políticos en diez días.

Estas muertes, en particular la atrocidad cometida este domingo, deben ser un signo de alarma para todos. Para los gobiernos federal y estatal , cuya reacción hasta ahora parece seguir el acostumbrado guión de expresar condolencias y asegurarnos que se investigará hasta las últimas consecuencias, y luego pasar a notas más positivas, como si el horror que vivimos – directa o indirectamente – fuera pasajero y no urgiera cambiar de estrategia para garantizar la seguridad territorial y ciudadana. Para la sociedad toda que, del repudio al constante asedio de violencias abominables, debería pasar a la exigencia activa de una paz verdadera que no sea mera ausencia de conflicto.

Poco ayudan medios que, en vez de darle el espacio principal a esta noticia, destacaron ayer vacuas declaraciones oficiales, reparto de nuevos contratos al Ejército o reiteradas iniciativas que poco contribuirán a la pacificación del país. Menos confianza inspiran las acciones de la mayoría legislativa y del Ejecutivo que, con tal de culminar la demolición del Poder Judicial, parecen empeñados en seguir ignorando una realidad sangrienta, plagada de conflictos que destruyen los proyectos de vida y la esperanza de millones de personas. ¿ Por qué tanta prisa por liquidar al sistema judicial existente? ¿Qué gana la presidenta con “consultar” a mano alzada la elección de jueces, magistrados/as y ministros/as? ¿Acaso no sería benéfica una pausa para medir los alcances reales de la reforma judicial que la mayoría oficialista quiso “regalarle” al expresidente? ¿Tan poco les importa detonar una crisis constitucional en medio de una debacle de seguridad?

Es desolador el inicio de un nuevo gobierno que, hasta ahora, ha demostrado el mismo desprecio por la legalidad que el anterior. La presidenta proviene del mismo grupo político pero ahora es –debe ser– gobernante de todas y todos los mexicanos. Evaluar las consecuencias del choque frontal que se sigue impulsando con la Suprema Corte; considerar los efectos de la dejadez sexenal frente al despliegue de poderosos y crueles grupos armados; asumir la horrenda realidad que nos han dejado casi dos décadas de conflicto armado interno y seis años de negligencia gubernamental, sería un acto de sensatez política.

Seguir normalizando la violencia, congelarnos ante el horror indecible que representan los sucesivos asesinatos de actores políticos en Chilpancingo, los cuerpos torturados de pescadores que habían sido privados de la libertad en Chiapas, los cincuenta cadáveres abandonados en las calles de Sinaloa, la muerte “por error” de Juan Carlos, abatido por la Guardia Nacional al intentar proteger a su hija, y tantas otras vidas aniquiladas por hombres armados, nos deshumaniza a todos.

¿Cuántas atrocidades más estamos dispuestos a tolerar en este país de las fosas? ¿Para cuándo nuestra exigencia de detener la barbarie?