¿Impunes en el Inai?

A un año de que estallara el escándalo sobre los consumos de Óscar Mauricio Guerra Ford en el centro nocturno Curazao, el caso finalmente llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Los magistrados de la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del Tribunal Federal han admitido a trámite dicho caso, radicado en el expediente 1618/24-RA1-01-7. Guerra Ford —quien llegó al pleno del extinto IFAI tras de presidir el Info-DF— está imputado como presunto responsable de abuso de funciones, según lo contemplado en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Después de que distintos medios informativos recogieran la filtración del expediente que replicaba los estados de cuenta de la tarjeta corporativa que el excomisionado usó durante seis años, Guerra Ford renunció a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 13 de noviembre del 2023.

Las denuncias —que también involucraban al excomisionado Eugenio Monterrey Chepov— datan del 2016. De 94 gastos presuntamente indebidos realizados con la tarjeta corporativa, resaltaban dos consumos —que sumaban 20,411 pesos— en el Curazao, un night club ubicado a dos kilómetros de la sede central del Inai.

Dichas erogaciones —justificó Guerra Ford— fueron realizadas durante una cena con “compañeros de trabajo” y esa cantidad fue devuelta a la tesorería del Instituto, según quedó expuesto en el expediente RDA/1109/16, abierto a partir de una solicitud de información sobre “los recursos públicos utilizados para pagar los gastos personales” de Guerra Ford. La resolución, elaborada por la entonces comisionada Patricia Kurczyn, reconoció que la queja estaba parcialmente fundad, pero mantuvo la confidencialidad sobre el número de la tarjeta Amex y los datos personales del excomisionado.

Las denuncias periodísticas fueron retomadas por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera y sirvieron como argumento para su propuesta de desaparecer al Inai. Al interior del órgano autónomo, el caso fue reabierto por la titular del OIC, Alma Patricia Sam Carbajal, quien finalmente inició un procedimiento de responsabilidad administrativa. Su investigación determinó que en el periodo comprendido del 11 de enero del 2016 al 20 de marzo del 2020, Guerra Ford realizó 34 gastos con la tarjeta corporativa por “conceptos no permitidos”, entre ellos excedentes de alimentos y gastos realizados en días inhábiles y días festivos. De éstos, 28 fueron comprobados fuera de los plazos establecidos por la norma —por lo que se vio obligado a reintegrar— y otros seis no, lo que le generó un beneficio para sí mismo al disponer del recurso público a su favor.

Los consumos en el Curazao habrían ocurrido entre el 21 y 22 de agosto del 2014. Entonces, Ximena Puente de la Mora presidía el IFAI y Guerra Ford fue anfitrión del diálogo “Hacia el nuevo Infomex”. Pero la investigación del OIC del Inai sólo comprende sus actividades entre el 11 de enero del 2016 al 20 de marzo del 2020.

La sala auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó el caso, pero en virtud de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor el 19 de julio de 2017, únicamente podrá sancionar las conductas imputadas a Guerra Ford después de esa fecha.

Efectos secundarios

IMPÚDICOS. El Lamborghini ‘color morena’ que circula por las calles de Ciudad Múzquiz mereció un comentario de Claudia Sheinbaum: ningún funcionario público —opinó la presidenta— debe mantener contratos con dependencias de gobierno. El diputado petista Tony Flores Guerra, por alusiones personales reaccionó colérico contra lo que calificó como “sicariato digital” sin refutar lo evidente: los millonarios contratos para el abastecimiento de carbón que sus empresas han suscrito con la Comisión Federal de Electricidad, vía adjudicación directa ¿Fuego amigo? Lo cierto es que entre los proveedores de la empresa paraestatal, que están obligados a comprobar con dictámenes técnicos la calidad del mineral, así como su origen y competir con carbón regulado por estándares internacionales, los señalamientos contra las empresas de Flores son la confirmación de lo que es ampliamente conocido en el sector.