Ley antimonopolios, ¿dos varas?

E stá sobre la mesa de la discusión pública una iniciativa de reforma a la Ley de Competencia. Es la propuesta por el vicecoordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar .

Vendría a ser la primera propuesta en la materia de un partido y un gobierno de izquierda.

Aunque el promovente es un hombre muy cercano a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador , también ha sido muy cuidadoso en aclarar que se trata de una iniciativa propia.

¿Qué viene en la nueva reforma?. Propone la creación de una autoridad antimonopolio con facultades extraordinarias.

Sustituiría a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Es decir, en lugar de dos, sería una única entidad que vigilaría la competencia económica en general y en particular en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La propuesta es que sea un órgano descentralizado de la administración pública con patrimonio público.

La iniciativa de reforma prevé sanciones penales para quienes destruyen documentos, evitan verificaciones e incurren en otras irregularidades. Sería un órgano que no dependería ni de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ni de la Secretaría de Economía.

El propio legislador reconoce que esta modalidad de órgano descentralizado o desconcentrado, será materia de mucho debate. Sería un órgano independiente colegiado, con muchísima fuerza y de carácter técnico. Contaría con tres juzgados especializados en materia de competencia económica y de telecomunicaciones y de concursos mercantiles.

Además, el vicecoordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados anunció que en el poder legislativo trabajan en una iniciativa para fortalecer y ampliar la Ley de Acciones Colectivas.

Pero sobre el tema de la competencia y la constitución de un nuevo órgano antimonopolios, sostiene que su objetivo específico y claro sería el de reducir el poder de los monopolios que provocan daños económicos muy fuertes a los consumidores.

El diagnóstico es que sigue siendo muy elevado el porcentaje de los ingresos que dedican las familias mexicanas para pagar los elevados costos de los bienes y servicios de los mercados. Por eso es urgente una política de Estado firme y sólida que combata el poder monopólico y ayude a los consumidores.

En el nuevo modelo previsto en la iniciativa de ley se considera la necesidad de que el nuevo órgano de competencia cumpla con las características que exige el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Contar con un órgano regulador de la competencia económica así –dice el legislador promovente–, le daría muchísima fuerza y solvencia moral en la relación de México con sus socios comerciales, tanto como con los consumidores mexicanos.

Llama la atención el énfasis que hace Ramírez Cuéllar respecto de la “insoportable” concentración y el poder de mercado de algunas empresas en distintos mercados. Señala específicamente a los mercados de telecomunicaciones, televisión, telefonía móvil, ferrocarriles de carga, transporte de pasajeros, comercialización de cemento, acopio y comercialización de alimentos y los servicios bancarios y financieros.

Respecto del ámbito de la competencia en el sector público, habla de los cambios constitucionales y su convergencia con el acuerdo comercial trilateral. Todo indica que, en congruencia con la política del gobierno mexicano de proteger y priorizar a las empresas públicas, la reforma de Ley de Competencia, podría implicar un doble rasero para empresas privadas y públicas.

¿Cuál será el trato para Pemex y CFE? ¿Qué trato tendrán la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT)? ¿Qué consideraciones tendrá Altán Redes, con CFE como el socio mayoritario?. Son preguntas que deben responderse en el debate público.

Podría presentarse la posibilidad de que se ejerza una mucho mayor vigilancia, prevención y sanción de prácticas anticompetitivas, en el sector privado. Y al mismo tiempo, que se trate de manera más condescendiente a las empresas públicas del ámbito de la energía y las telecomunicaciones. Está por verse. Lo ideal sería que las reglas fueran parejas para empresas privadas y públicas.

Es cierto que hay mucho por avanzar para desmantelar actividades monopólicas. También es cierto que las empresas públicas deberían ajustarse a reglas similares, en beneficio, también de los consumidores. El legislador promovente, conoce muy bien los temas económicos.

Muy seguramente identificará y resolverá con anticipación los probables conflictos de interés derivados de potenciales tratos diferentes a empresas del sector privado respecto de las gubernamentales.

Al tiempo.

Atisbos

El rumor insistente es que Carlos Lerma , CEO de Altán Redes, será el nuevo subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Lerma es muy cercano al responsable de las finanzas públicas. Veremos si se confirma. El movimiento se registraría en un momento clave para el destino de Altán Redes.