Paquete económico 2025

El viernes, el secretario de Hacienda entregó en la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el próximo año, el cual contiene tres partes. La primera son los Criterios Generales de Política Económica, la cual establece las proyecciones del marco macroeconómico general para el país y establece los principales lineamientos de la política fiscal y financiera del sector público. La segunda es la iniciativa de Ley de Ingresos en la cual se estiman los ingresos tributarios y no tributarios que el gobierno calcula obtener. Finalmente, la tercera parte es el proyecto de Presupuesto de Egresos que establece en qué y cuánto gastará el sector público federal. Al respecto, algunos comentarios generales.

El gobierno estima que el próximo año la economía crecería entre 2 y 3%, significativamente más elevado que el 1% estimado por analistas del sector privado. Se ve muy difícil que se alcance el crecimiento estimado por la Secretaría de Hacienda debido a varios factores. Primero, una de las características que marcaron el gobierno de López y que han continuado en los primeros dos meses del gobierno de Sheinbaum es el debilitamiento del Estado de derecho y la merma de la certeza jurídica.

La destrucción institucional deriva en que las actuales reglas del juego no proveen los incentivos alineados con impulsar la inversión privada y el crecimiento, lo cual se agrava aún más con la reforma judicial y la muy probable eliminación del IFT y la Cofece. Un indicador de ello es que en las prospectivas de largo plazo planteadas en los Criterios Generales de Política Económica se plantea un crecimiento económico inercial y las palabras “inversión privada” ni siquiera aparecen en esa sección del documento. Siendo realistas, México perdió la histórica oportunidad de atraer grandes flujos de inversión extranjera; el nearshoring no se dio y no se va a dar.

Segundo el efecto Trump, xenófobo y proteccionista, ha señalado que a menos de que el gobierno mexicano impida la migración ilegal y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, él impondrá aranceles a las exportaciones mexicanas. De concretarse tal amenaza, ello representaría un choque real negativo para la economía mexicana e inhibiría el crecimiento. A esto habría que agregar la imagen que tengan en el gobierno de Trump y en las dos cámaras del Congreso dominadas por el Partido Republicano sobre la confiabilidad del gobierno mexicano como socio en el T-MEC sobre todo por las reiteradas violaciones al tratado y el debilitamiento del Estado de derecho, lo cual adquiere una enorme relevancia dado que en 2026 habrá una revisión del tratado. Así, ni nearshoring ni friendshoring gracias a López.

Tercero, la inversión pública no impulsará el crecimiento. Llama la atención que de los 189,000 millones de pesos en proyectos prioritarios de inversión del gobierno federal (apenas el 2.9% del gasto programable total), el 79% sea en ferrocarriles, inaudito. Por otra parte, la CFE seguirá sin invertir lo necesario en transmisión y distribución de electricidad por lo que persistirá el cuello de botella inhibiendo, como en el gobierno de López, la inversión privada nacional y extranjera, principalmente en el sector manufacturero, además de que las actuales reglas inhiben la inversión privada en generación limpia de energía. También se prevé que Pemex reduzca la cantidad de recursos destinados la inversión, sin posibilidades de abrir la exploración y producción de petróleo al sector privado. (Al parecer Dos Bocas seguirá sin producir dado que se proyecta que las plataformas de producción y exportaciones de petróleo sean practicante iguales a las de este año; 25,000 millones de dólares tirados a la basura).

Por las tres razones mencionadas, es improbable que la economía crezca el próximo año entre 2 y 3 por ciento. De suceder esto y que la economía sólo crezca al 1%, el Paquete Económico pierde consistencia. Menor crecimiento implica menores ingresos tributarios, particularmente ISR e IVA, por lo que, si no se ajustara el gasto público a los menores ingresos, tampoco se lograría reducir el flujo de requerimientos financieros del sector público del 5.9% del PIB previsto para este año al 3.9% programado para el próximo. En consecuencia, el saldo de los RFSP como porcentaje del PIB sería superior al 51.4% proyectado, poniendo en riesgo la calificación de la deuda soberana del gobierno. (Este 51.4% de por sí está en duda, ya que, sin sustento, el gobierno pronostica una apreciación de tipo de cambio con la cual reduce, en pesos, el saldo de la deuda pública externa).

Dos últimos comentarios, estos por el lado del gasto. Uno, inaudito el recorte de 34% en el presupuesto del sector salud, más aún después de que López lo destrozó. Dos, eliminar los tres órganos autónomos Inai, IFT y Cofece implicaría un “ahorro” de 3,362 millones de pesos, el 0.05% del gasto programable total. Su eliminación no es un tema presupuestal; este es sólo el pretexto para concentrar poder, evitar la transparencia del gasto público y repartir rentas entre los empresarios preferidos del gobierno.