ASF detecta irregularidades en manejo de fondo para fortalecer la seguridad pública en 22 estados

El año pasado, 22 de las 32 entidades de la República no lograron aclarar el destino de más de 250 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP), dio a conocer la ASF.

Tras revisar la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó errores y omisiones por parte de las entidades federativas sobre el destino de al menos 250.1 millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad de los estados, de los cuales, 208.3 mdp se concentraron en 10 entidades ( 83.3% del total), entre ellas, Michoacán (64.7 millones de pesos), Coahuila (47 millones de pesos) y Quintana Roo (20 millones de pesos).

Por lo anterior, la ASF determinó realizar 55 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra diversos funcionarios públicos.

Cabe señalar que una de las principales irregularidades identificadas durante esta revisión está la compra de 192.6 millones de pesos en armamento por parte de las entidades a la Sedena, el cual no fue entregado y lo que representa el 77.0% del monto total observado.

Lo anterior corresponde a la falta de entrega del armamento adquirido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se dio en 19 entidades federativas. “Dicha irregularidad se debe a la falta de coordinación y formalización de convenios interinstitucionales entre las entidades federativas y la Sedena, así como al extenso proceso adquisitivo”, se halló.

Asimismo, se observó que las instituciones de seguridad de los estados no reintegraron a las arcas federales la cantidad de 19.0 millones de pesos de aquellos recursos o rendimientos financieros que no fueron ejercidos, devengados.

Además de observar que el control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por la adquisición de uniformes, de los cuales no se demostró la entrega a los cuerpos policiales, así como la falta de documentación comprobatoria correspondiente a estimaciones, finiquitos de obra, actas de entrega, reportes fotográficos y falta de acreditación de conclusión de obras ejecutadas, fue la tercera observación más relevante en todo el país con 18.5 millones de pesos, que representó el 7.4% del monto total observado.

Mientras que la ASF observó que hubo bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 15.9 millones de pesos, entre otras irregularidades como bienes que no cumplen con las especificaciones del contrato, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, penas convencionales no aplicadas, entre otros por 4.1 millones de pesos.

Al tiempo que detectó errores y omisiones de la información financiera de tres entidades federativas por un monto de 153.7 millones de pesos: en el estado de Nuevo León, por 144.2 millones de pesos al no realizar el registro patrimonial de las adquisiciones, efectuadas con los recursos del fondo.

En Baja California, por 5.3 millones de pesos al no registrar presupuestariamente los rendimientos financieros generados de los recursos del fondo e Hidalgo, por 4.2 millones de pesos al no proporcionar los registros presupuestarios que reflejen los momentos de estimado, modificado, devengado y recaudado de los rendimientos financieros generados de los ingresos que recibieron del fondo.

Según las observaciones de la ASF, en general, durante esta revisión se detectaron insuficiencias en la gestión de los recursos, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su manejo y rendición de cuentas de los recursos del FASP, prácticas similares a las identificadas en revisiones de otros años.

“Los resultados de dichas auditorías muestran recurrencias de las observaciones determinadas que es necesario atender, a fin de coadyuvar con una gestión más eficiente y mayores logros de los objetivos. Entre dichas observaciones destaca la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que representó el 71.2% de total observado en 2019, el 32.2% en 2020, mientras que, en 2021, aumentó a 84.4%”, alertó

Finalmente, la ASF expresó que se deben implementar acciones para la formalización de los convenios interinstitucionales y asegurar la entrega de los bienes por parte de la Sedena; en su caso, establecer plazos oportunos para la entrega de los bienes adquiridos, a fin de que los procesos de entrega de armamento se realicen en cumplimiento de la normativa aplicable.

Al tiempo que es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para que las operaciones presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así como establecer controles en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como mejorar la supervisión de los procesos de adjudicación y garantizar que se realicen de conformidad con la normativa.

kg