Acusan ONG sesgo en favor del Ejército en caso Iguala

Organizaciones de la Sociedad Civil, que respaldan a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, informaron que se enteraron de que el general Rafael Hernández Nieto, acusado de crimen organizado en relación con el caso, recibió un beneficio inusual al ser puesto bajo arresto domiciliario para enfrentar su proceso legal.

En un documento firmado por el Centro ProDH, Fundar, Tlachinollan y Serapaz, expresaron que la decisión tomada por el Segundo Juez de Distrito muestra un sesgo innegable a favor del Ejército.

Comentaron que es extremadamente inusual que se haya determinado, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga; pues esta celeridad y parcialidad no ha sido documentada en casos civiles, lo que les resultó sumamente sospechoso.

Además, detallaron que ellas no cuentan con conocimiento de otros casos de crimen organizado en los que se otorgaran este tipo de beneficios, explicables únicamente por la identidad militar del acusado y el enorme poder otorgado a las Fuerzas Armadas en la actualidad.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal. Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023; posteriormente, se le dictó auto de formal prisión”, denunciaron las ONG.

Las organizaciones destacaron que era necesario señalar que esta inédita decisión es un “fuerte golpe de impunidad” que acredita que el Ejército mexicano se ha convertido, a lo largo de la actual administración, en un poder sin contrapesos.

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