Ante encono por revocación urgen al TEPJF y SCJN dirimir polémica

Tras la decisión de posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato presidencial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante las presiones que enfrentará por ello de parte del oficialismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben apresurar una salida a la falta de recursos del instituto, consideraron exconsejeros electorales y constitucionalistas.

En la sesión del viernes pasado, cuando el Consejo General del INE resolvió por mayoría, de seis votos contra cinco, aplazar el proceso, Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano enfatizó que, aun estableciendo metas de ahorro, el INE sólo logró reunir 1,503 millones de los 3,831 millones de pesos que afirma se necesitan para la organización.

“Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar”, aseveró.

Ruta rápida

El exconsejero Arturo Sánchez Gutiérrez  consideró que la ruta más rápida es que el TEPJF resuelva la impugnación que presentará Morena en contra del acuerdo del INE posponer la Revocación de Mandato, y fije reglas claras al órgano electoral —en los últimos días de este 2021 o principios del próximo año— sobre cómo llevar a cabo el ejercicio de consulta, originalmente prevista para el 10 de abril del 2022.

“Hicieron bien los consejeros que votaron por posponer ciertas actividades, porque lo que está en juego no es la Revocación de Mandato, sino la calidad con la que se deben seguir organizándose los procesos electorales (...) el trabajo del INE no es quedar bien con el presidente, sino con el mensaje de que la institución debe defender la democracia del país”, dijo.

El exconsejero estimó absurdo que Morena busque un juicio político contra los consejeros electorales que votaron por el aplazamiento, ya que cuatro consejeros dejarán el cargo en el 2023, incluidos Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.

Al tiempo que opinó que aunque la revocación es una figura importante para la democracia, el oficialismo busca usarla “como una ratificación del poder presidencial, ese es el problema. Ese es una perversión a lo que la Constitución dice”.

En el mismo sentido, el exconsejero Benito Nacif consideró que la insistencia del presidente por ir a la Revocación de Mandato es por un tema de legitimación electoral.

El exconsejero dijo que es poco factible que la Cámara de Diputados haga un reajuste presupuestal para el 2022 a fin de entregarle al INE los recursos que requiere, por lo que deberá ser la Suprema Corte o el TEPJF quienes fijen las condiciones de la Revocación de Mandato.

Nacif apuntó que “podemos identificar quién es quién en la ecuación al ver las reacciones. El presidente (Andrés Manuel) López Obrador y Morena anunciaron su enfado y su molestia por la decisión del INE que afecta la estrategia política del presidente, y anunciaron que acudirán a las instancias. No conocemos el resultado final, pero el INE ha hecho un movimiento que afecta al proyecto político del presidente”.

Ven discusión en marzo

Los expertos en derecho Alberto del Castillo del Valle y Octavio Martínez Camacho, coincidieron en que los tiempos de resolución de la SCJN salen de los plazos establecidos para llevar a cabo la revocación.

Martínez Camacho indicó que, con la acción y controversia constitucional que presentó ante la Corte, el INE pretende que haya claridad sobre su falta de recursos para llevar a cabo la Revocación de Mandato y que la autoridad judicial fije reglas claras ante posteriores episodios.

Del Castillo dijo que si bien el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó una suspensión al INE para no hacer ajustes a su presupuesto y contra posibles sanciones administrativas y penales en caso de no poder llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, el órgano electoral puede todavía solicitar la suspensión una vez que la Corte entre en la discusión de fondo del asunto.

¿Qué acordóel INE?

• Posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, salvo la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informede resultados.
• El aplazamiento estaría vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional presentada porel INE.
• A partir de enero de 2022, el INE seguirá generando economías presupuestales adicionales.
• El Consejo General del INE levantará el aplazamiento temporal del proceso para Revocación de Mandato, una vez resuelta la controversia constitucional promovida ante la SCJN, siempre que existan condiciones presupuestarias.

Avala oposición medida del Instituto Nacional Electoral

Presentará Cámara de Diputados recursos ante Suprema Corte y FGR

Con una Cámara baja dividida, el fin de semana pasado el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna dio a conocer que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la decisión del INE de aplazar la consulta de Revocación de Mandato por falta de recursos. 

Gutiérrez Luna informó también que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo autónomo por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.

Sin embargo, ante tal decisión, los lideres parlamentarios del PRI, PRD e integrantes del PAN, mostraron su respaldo a la decisión del INE, al tiempo que rechazaron las acciones del presidente de San Lázaro.

Según el PRI, la postura del INE no cancela, ni suspende el ejercicio de democracia participativa, ya que sólo se pausa hasta que la SCJN emita un fallo definitivo en torno al recurso interpuesto por el organismo, ante la falta de recursos para su celebración. En tanto, el PRD llamó a los órganos de gobierno a actuar con mesura y no con tintes partidistas.

Por otro lado, gobernadores de Morena rechazaron la resolución del INE y sostuvieron que atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. (Maritza Pérez)

jorge.monroy@eleconomista.mx