Asesinatos de alcaldes en México obedecen a decisiones racionales del crimen organizado

“Con una alta prevalencia de los ataques de este tipo, el cargo de alcalde se ha convertido en una de las posiciones profesionales más mortales y de mayor riesgo en México”, es una de las premisas de las que parte el estudio Homicidio de Alcaldes en México: Un análisis de las víctimas, los perpetradores y las ubicaciones de los ataques, que estudia los 178 asesinatos de alcaldes en funciones, exalcaldes, alcaldes electos y candidatos a alcaldes documentados desde el 8 de julio de 2004 al 1 de marzo del 2018.

El trabajo —firmado por David Pérez Esparza y Helden De Paz Mancera, del Instituto de Política Pública James A. Baker III, de la Universidad de Rice— busca identificar los factores clave que explican por qué los alcaldes están siendo asesinados en México. Los autores también proponen un conjunto de políticas alternativas para hacer frente a esta importante amenaza para la democracia en México, particularmente en el contexto del proceso electoral 2018.

A los 178 casos documentado por los académicos de la Universidad de Rice, se suman los asesinatos de los exalcaldes de los municipios de Piedras Negras, Coahuila; Amacuzac, Morelos; Ónavas, Sonora y Tzompantepec, Tlaxcala, sólo por citar los ocurridos durante el mes de mayo, a pocos días de celebrarse las elecciones en el país.

Introducción de nuevos enfoques al estudio de la actuación del crimen organizado

El enfoque empleado en la investigación es el de la criminología ambiental, con la que los académicos buscan ir más allá de la simple adjudicación de la autoría de los homicidios contra alcaldes a bandas del crimen organizado, conjetura del delito comúnmente manejada por las autoridades mexicanas, de la que las más de las veces no ofrecen pruebas contundentes. Desde la criminología ambiental —término que agrupa un conjunto de teorías dentro del campo de la criminología que intentan explicar la victimización y los patrones espacio-temporales del delito en relación a una serie de factores ambientales y/o situacionales— los autores buscan identificar pautas que permita identificar las causas de los asesinatos y diseñar soluciones para evitarlos.

El documento se divide en cinco secciones:

Los autores aplican en la primera sección un enfoque de la elección racional para el examen de los procesos de toma de decisiones de las bandas del crimen organizado para entender cómo deciden atacar a un funcionario local. Son tres las hipótesis que explora el estudio:

a) Dado el valor del mercado ilegal para las bandas del crimen organizado, la decisión de asesinar a un alcalde está determinada por si la muerte de éste beneficiará de alguna forma sus negocios.

b) Por la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para hacer frente a los criminales. Los autores citan el estudio Federalism, Drugs, and Violence: Why Intergovernmental Partisan Conflict Stimulated Inter-Cartel Violence in Mexico, de G. Trejo y S. Ley (2015), en el que se muestra que en los estados gobernados por un partido político distinto al del presidente de la República, el número de ataques perpetrados por el crimen organizado es mayor que en aquellos gobernados por el partido oficial.

c) El acceso a los recursos públicos, al hacerse de contratos públicos por mediación de un funcionario corrompido —ya sea por coerción o por buscar recompensas ilegales—, puede ser un elemento de peso en la toma de decisión de un grupo criminal para asesinar a un alcalde que no acceda a beneficiarles. El estudio señala también que el crimen organizado puede recurrir a estos funcionarios en busca de información sobre objetivos tales como empresarios, con fines de extorsión.

En la segunda sección del estudio, las hipótesis clave relevantes para el caso particular de México —algunas de las cuales se reseñan en este artículo—  se plantean y evalúan.

En la tercera sección, se discute la utilidad del triángulo del delito como marco para estudiar estos hechos violentos. La teoría del triángulo del delito establece que el crimen predatorio —como los asesinatos que utilizan las bandas del crimen organizado para establecer su poder en una zona determinada— ocurre cuando un posible infractor y un blanco posible se reúnen en un lugar y tiempo específico, sin un guardia capaz —en este caso, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano— presente.

En la sección cuarta, se explica la metodología, incluyendo cómo se recopilaron datos y cómo el nuevo conjunto de datos fue desarrollado. Se exponen también en cifras datos relacionados con el homicidio de alcaldes en México. De los 178 asesinatos, 101 fueron contra exalcaldes, 58 contra alcaldes en funciones, 11 contra alcaldes electos y 8 contra candidatos. Del total, 42.7% estaban afiliados al PRI, 20.8% al PRD y 16.3% al PAN, ocupando las tres primeras posiciones.

En cuanto a los estados con más casos registrados de estos asesinatos, Oaxaca, Veracruz y Guerrero son las tres entidades que encabezan la estadística en número, con 28, 20 y 20 homicidios, respectivamente.

Finalmente, en la quinta sección se discuten las principales conclusiones y algunas implicaciones de política. En general, el trabajo tiene como objetivo crear conciencia sobre los asesinatos de funcionarios locales en México y hacer el caso de que estos ataques constituyen una amenaza importante para la consolidación del estado de derecho en México.

¿A qué se debe la alta incidencia de asesinatos de alcaldes?

Partiendo del supuesto de que los homicidios de alcaldes son perpetrados por el crimen organizado, los autores del estudio proponen las causas y motivaciones de estos hechos delictivos.

El análisis indica que, por un lado, para llevar un negocio ilegal al éxito, la mejor estrategia para las bandas del crimen organizado es evitar la interferencia de las autoridades locales y, si es posible, para recibir (pasiva o activa) la ayuda de funcionarios, que a cambio de su falta de acción o incluso activa colaboración pueden beneficiarse también de las ganancias ilegales.

Por otra parte, es hacer frente, interrumpir, y mitigar las actividades bandas criminales —por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el robo de gasolinas, entre otras—, actividades que quebrantan la ley y perjudican severamente a las comunidades.

Tomando en cuenta estos dos elementos, Pérez Esparza y De Paz Mancera identifican cinco opciones de las causas de los homicidios:

• Disuadir a actores políticos honestos, de buena reputación y competentes de postularse al cargo de alcalde.
• Promover candidatos que no constituyen una amenaza para los intereses de las bandas del crimen organizado.
• Impedir la elección de un alcalde que pueda beneficiar a bandas o grupos rivales.
• Asegurar la elección de un político corrupto que ha aceptado una alianza con la banda criminal.
• Evitar las investigaciones, detenciones, enjuiciamientos y condenas por la administración de un alcalde.

Los ataques contra alcaldes son exhibiciones de fuerza de una organización criminal, al tiempo que envía mensajes a otros actores. Al atacar a los funcionarios, una banda criminal también demuestra su voluntad de hacer cumplir sus amenazas. Si un alcalde es asesinado, esto envía un mensaje al sucesor de que la organización criminal que perpetró el ataque controla la ciudad y que espera no se vean comprometidos sus intereses.

En última instancia, el alto grado de vulnerabilidad al que están expuestos —que les ha llevado a ser uno de los grupos más afectados por la violencia en México, a la par del que aqueja a gremios como el de los periodistas— del que son víctimas está determinado por el hecho de que en términos de seguridad pública, los alcaldes constituyen la primera línea de defensa contra las bandas del crimen organizado.