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Aunque crean las leyes, legisladores le dan la vuelta
Los senadores, por ejemplo, no han nombrado a los magistrados anticorrupción.
En la casa donde se hacen las leyes, el Congreso de la Unión, éstas no siempre se cumplen.
Diputados federales y senadores se las ingenian, cuando así se requiere, para darle la vuelta a la ley con el fin de incumplirla.
Algunos ejemplos: Con argucias, la Cámara de Diputados aprobó, el pasado 21 de noviembre, en una sede alterna al palacio legislativo de San Lázaro, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020.
Aunque en los hechos violaron la Constitución al aprobar el gasto público del 2020 seis días después de la fecha establecida, argumentaron lo contrario: que cumplieron y hasta ocho días antes.
Mario Delgado (Morena) y Laura Rojas (PAN), presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, respectivamente, defendieron que la aprobación del PEF fue legal.
La salida que encontraron consistió en incluir la discusión y votación del decreto presupuestal correspondiente como parte de la sesión ordinaria del pleno cameral del 6 de noviembre, no de la del día 21, fecha en que realmente se votó.
Y es que desde el día 6 no se había podido reiniciar la sesión, primero por los desacuerdos entre el grupo parlamentario mayoritario y la oposición, y luego porque la sede legislativa fue bloqueada por grupos de inconformes, en ambos casos debido a desacuerdos con la distribución del gasto proyectada por el Ejecutivo federal.
Entre las facultades exclusivas de la Cámara Baja, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, destaca: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación”; la Carta Magna precisa que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto “a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.
Otro ejemplo se suscitó el pasado día 15 de diciembre, a punto de concluir el periodo ordinario de sesiones y con ello el plazo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el 20 de mayo de este 2019, para cumplir su sentencia y corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, específicamente para establecer los parámetros con que se fija el salario del presidente de la República; los diputados solicitaron más tiempo para legislar al respecto.
El máximo tribunal del país accedió y fijó un nuevo plazo a los diputados federales para cumplir con su obligación: a más tardar el próximo 30 de abril.
Consultada al respecto, Laura Rojas negó que se haya incumplido, “absolutamente”, la referida sentencia.
“La Cámara hizo un esfuerzo por procesar el tema. Lo que nosotros hicimos fue enviar a la Corte un informe de cumplimiento parcial de la sentencia y también dijimos que la Cámara terminará de discutir éste o de resolver este asunto durante el siguiente periodo ordinario de sesiones y la Corte dio su visto bueno para eso”.
Heredado el tema por la pasada legislatura, en la Cámara de Senadores sigue pendiente, desde mediados del 2017, el nombramiento de 18 magistrados especializados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió, en julio pasado, no ratificar a los cinco candidatos, de 18 propuestos por el expresidente Enrique Peña Nieto, que continuaban en busca del cargo; 13 declinaron a ser magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA y de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del tribunal.
El pasado 26 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Eber Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres magistrados anticorrupción de Sala Superior del TFJA, cuyas designaciones deberán ser ratificadas o no por el Senado.