Calderón, la tragedia en derechos humanos

Después de un proceso electoral en el que se puso en duda su triunfo, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia en el 2006. Este gobierno emprendió una lucha frontal en contra del crimen organizado como una vía de legitimidad a la autoridad y para intentar restablecer la seguridad, trastocada por movimientos internos en las células del crimen organizado. El saldo, de acuerdo con organizaciones civiles y especialistas en temas de paz y derechos humanos, es una catástrofe social en la que las garantías individuales se han visto seriamente deterioradas, coinciden activistas y especialistas en el tema.

Según datos de Organizaciones de la Sociedad Civil, se han contabilizado 80,000 muertos, 250,00 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.

México no eligió un camino en el que la lucha fuera la construcción de paz, sino que emprendió una guerra en contra del crimen organizado, que por las características mismas de cómo se alimenta la violencia sólo produjo más agresiones tanto físicas como psicosociales, explicó el experto en paz Mauricio Meschoulam.

Este tipo de estrategia, punitiva, provocó incrementos en los niveles de violencia, así causó en la población estrés postraumático. En este estado, los ciudadanos perciben que su seguridad está en riesgo y ello trae como consecuencia el sacrificio de otros valores democráticos y de derechos humanos, campo fértil para aprobar medidas autoritarias.

A razón de la militarización en las tareas de seguridad que corresponderían a las fuerzas locales, se presentó un incremento exponencial de los abusos de autoridad, refiere Leopoldo Maldonado, abogado del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La entrada del Ejército y la Marina para las tareas de combate a la delincuencia organizada significó el uso excesivo de la fuerza, que a su vez se ha traducido en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, agrega.

Quedamos indefensos ante la debilidad de las instituciones; constante en esta administración , dictó el abogado del Centro Prodh.

Lo anterior representa un mal endémico del país, la impunidad, donde lejos de que exista investigación o persecución y sanción de los responsables de crímenes que violan las garantías individuales, provoca que la extensión de la violencia, más aún cuando los agentes del estado se les ha encubierto en una defensa demente del fuero militar.

Ante este panorama, Mauricio Meschoulam sugiere que es tiempo de cambiar de paradigma y estrategia para garantizar el derecho a la paz de los ciudadanos. Si buscas paz, no te centres en seguridad , pues existen factores sociales, económicos y políticos que deben comenzar a plantearse para comenzar a descender los niveles de violencia, se requiere una visión multidisciplinaria y transversal .

TRAGEDIA EN CIFRAS: MUERTES RELACIONADAS CON EL NARCO

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta que entre el 2007 y el 2011 se cometieron 95,632 asesinatos en el país, de las cuales, según cifras calculadas por organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz, Justicia y dignidad, unas 80,000 se relacionan con la violencia derivada del conflicto del crimen organizado.

Respecto del sector más afectado, el estudio Violencia juvenil en América Latina , realizado por El Colegio de México y el Centro Internacional de Investigación sobre el Desarrollo (IDCR, por su sigla en inglés), revela que los jóvenes latinoamericanos son los más vulnerables. El texto refiere que entre el 2000 y el 2008 fueron asesinados en el país 33,444 adolescentes y jóvenes, lo que representa en promedio 4,500 asesinatos por año.

TORTURA

A lo largo del sexenio del presidente Felipe Calderón aumentó 500% los casos de tortura en el país, denunciaron 73 Organizaciones de la Sociedad Civil reunidas a través de la Red de Derechos para Todas y para Todos (Red TdT) en 21 estados de la República a través del documento Situación de la Tortura en México .

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias por tortura pasaron de 182 en el 2006 a 392 en el 2007 y en el 2011 fueron 1,669.

Igualmente, del 2006 a la fecha ha habido un aumento considerable de denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Red TdT citó que en el 2006 esta dependencia fue señalada como autoridad responsable en 182 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que en el 2011 la cifra ascendió a 1,626.

DESAPARICIONES

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas pasando de cuatro en el 2006 a 77 en el 2010

El Programa de Personas Desaparecidas de esta institución registró la presunta desaparición de 346 personas en el 2010.

El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas manifestó que organizaciones civiles reportaban 3,000 personas desaparecidas durante el periodo entre el 2006 al 2010.

No obstante, grupos como el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad han reportado 10,000 desapariciones forzadas.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Según el Informe sobre desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012 , de la campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, muestra que se han documentado 30 desapariciones de defensores, 24 de las cuales el contingente de organismos civiles afirma que se trata de desaparición forzada.

DESPLAZAMIENTO INTERNO

La violencia que generan el enfrentamiento entre elementos de seguridad pública y la delincuencia ha provocado 150,000 desplazados durante el sexenio informó, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva mientras que la empresa Parametría calcula que hasta el 2011 hubo 1 millón 648,387 desplazados internos.

MIGRANTES

De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alrededor de 20,000 secuestros anuales a migrantes se han llevado a cabo en el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Feminicidios

En el gobierno de Felipe Calderón hubo un repunte de la violencia contra las mujeres, reportaron integrantes del Observatorio Nacional de Feminicidios.

Según registros de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, tan sólo del 2010 a junio del 2012 desaparecieron 3,976 mujeres en el país, según datos de procuradurías estatales. Del 2006, año en que Felipe Calderón asumió la Presidencia, a junio del 2012, el Observatorio Nacional del Feminicidio reportó 4,112 asesinatos dolosos de mujeres en 13 estados de la República.

ONU-DH

CALDERÓN NO ESCUCHÓ A LA SOCIEDAD CIVIL

Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón avanzó al reconocer los derechos humanos a nivel constitucional, no mantuvo una conversación abierta ante los reclamos de la sociedad civil con respecto a la política en materia de seguridad, expresó el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández.

Entrevistado por El Economista, el funcionario de la ONU detalló que México tiene que borrar, de cara a una nueva administración, la fractura entre la administración pública y los reclamos de la sociedad civil. Durante el sexenio el diálogo (gobierno-sociedad civil) fue limitado y no se extendió para una revisión sobre las estrategias en materia de políticas públicas y seguridad, la cual generó inconformidad y descalificación de los ciudadanos y organismos no gubernamentales de talla internacional.

Lo que el país continúa necesitando es una revisión amplia de todas sus necesidades, que incluya un diálogo participativo de diversos sectores que lo conforman. Por ello se requiere una red social que no sólo vea el tema de la seguridad, también de otras carencias de la nación, dijo el diplomático de la ONU.

México encara una agenda pendiente en materia de desarrollo humano, en particular con los sectores más humildes, por ello hablar de un proceso de paz, no sólo debe atender los reclamos de movimientos sociales de una reestructura de las estrategias de seguridad, también integrar las críticas desde otros sectores.

La agenda mexicana entonces debe incluir puntos para la construcción de justicia social y desarrollo social. No aprovechar los términos de revisión, reforma o reenfoque en estas políticas generará una mayor extrañamiento entre la política pública y la demanda social, enfatizó Javier Hernández.

ana.langner@eleconomista.mx