Capacitan a jueces por nueva Ley de Amparo

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, puso en marcha el Programa de Capacitación y Difusión en Materia de Amparo, para actualizar competencias y habilidades de juzgadores en la materia.

El ministro señaló que la nueva Ley de Amparo exige revisar los hábitos que sostienen la forma de ejercer la impartición de justicia porque las costumbres e inercias en el oficio de juzgar no pueden convertirse en el dique o en riesgo para una correcta aplicación de estas nuevas legislaciones.

Mencionó que entre las reformas que han cambiado la orientación constitucional de México destaca la relativa al régimen de amparo que, dijo, no puede ni debe, leerse ajena a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

"El nuevo régimen constitucional obliga, expresamente, a todas las autoridades del país, sin distinción de competencia, nivel jerárquico o jurisdicción, a proteger los derechos humanos de las personas", comentó.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso que para el Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y la institución procesal que reglamenta, son fundamentales.

"El juicio de amparo no es una institución cualquiera. Es el catalizador que permite que el sistema de impartición de justicia federal funcione", abundó.

"Como lo señala la Constitución y precisa la ley, el juicio de amparo es un derecho y una garantía. Es un derecho, porque su existencia y puesta en práctica debe ajustarse, en todos sus extremos, a los requerimientos que establece nuestra Constitución y también los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México", mencionó.

Silva Meza dijo que nadie puede negar que detrás de la reforma constitucional y de la promulgación de la nueva ley está el ánimo de los legisladores por hacer de la Ley de Amparo un instrumento de defensa, más accesible y ágil.

El Consejo de la Judicatura Federal llevará a cabo una serie de diálogos para lograr una mejor aplicación de la nueva Ley de Amparo, a la que se convocará a los juzgadores federales del país.

Ello, con el fin de que se establezcan estándares mínimos para recibir las nuevas normas procesales que fortalezca el principio de que la función jurisdiccional federal debe estar orientada por el principio de máxima protección a los derechos de las personas.

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