“Con el SNA, no sólo se sancionará a funcionarios”

El mayor reto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es generar confianza. Para ello será fundamental un cambio de enfoque desde el sector público y la incorporación de ciudadanos notables, reconoce el subsecretario de la Función Pública, Javier Vargas. A lo largo de este año y el próximo veremos cómo toma forma este sistema. Deberá estar funcionando plenamente antes de que termine esta administración .

Una fecha que todos deben tener en mente es el 18 de julio del 2017, advierte. Ese día entra en vigor la nueva ley de responsabilidades. En esta nueva norma se establecen mayores sanciones para los funcionarios públicos y, por primera vez, se incluye a empresas y empresarios como susceptibles de ser sancionados por actos de corrupción.

Javier Vargas es subsecretario de la Secretaría de la Función Pública y encargado de despacho desde la salida de Virgilio Andrade. Es un abogado con un cuarto de siglo en el servicio público. Los últimos 11 ha trabajado en el equipo de Enrique Peña, primero en el Gobierno mexiquense, en la Contraloría del Edomex, y desde el 2013, en el Gobierno federal.

¿Cómo será la implementación del sistema nacional anticorrupción?

Los primeros dos pasos grandes ya se dieron. El marco jurídico y las leyes secundarias. Uno de los pasos que sigue, muy importante, es la integración del comité ciudadano, donde participarán cinco personas de reconocida trayectoria, probidad y autoridad moral. Este comité dará a la sociedad un espacio y un papel que será muy importante para dar credibilidad al sistema.

¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?

Antes de la reforma, teníamos un esquema clásico, donde todas las funciones de instrucción y de sanción estaban a cargo de una dependencia, la SFP. Los estudiosos criticaban que éramos juez y parte y observaban que el presidente tenía facultades discrecionales para remover al titular de esta dependencia.

Ya no hablamos de una autoridad única, luego de la reforma constitucional. Estamos hablando de elementos que funcionan de manera articulada en un sistema. La máxima autoridad del sistema será un Comité Coordinador.

Este comité tendrá siete asientos, uno de ellos será para la Secretaría de la Función Pública. Estará también la Auditoría Superior de la Federación, un órgano fiscalizador que depende del Poder Legislativo; un lugar será para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Con estos tres asientos, quedan representados los tres poderes. Estará, además, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia (ahora es Ximena Puente); el fiscal especial de Combate a la Corrupción y un representante del comité ciudadano. Una cosa muy importante es que el presidente del comité coordinador será siempre un ciudadano.

¿Cuál es el cambio más importante, desde su punto de vista?

Hay varias cosas a destacar: Las facultades de fiscalización, investigación y sanción ya no estarán a cargo de una dependencia de cada poder. Ahora tenemos un órgano donde confluyen todos los poderes, los órganos autónomos y la ciudadanía ya tiene una autoridad formal. Esto último es muy importante. Otro aspecto muy importante es que se pondrá fin a una situación donde había una ley federal de responsabilidad de los servidores públicos y 32 leyes locales.

Tendremos un esquema donde todos los estados tendrán que observar los principios del sistema federal.

En cada estado va a haber un sistema anticorrupción espejo del nacional. Se va a replicar el comité coordinador con representantes de los tres poderes, del instituto de transparencia y de los ciudadanos.

Se pondrá fin a las diferencias que hay en los plazos de prescripción de los delitos. Hay estados que tienen seis meses y otros que consideran cinco años.

En el nuevo esquema se homologarán. Serán tres años para delitos no graves y siete años para los delitos graves.

¿Cuáles son las implicaciones más importantes para las empresas y para los empresarios?

Se marca un cambio sustancial: se establece que los funcionarios públicos no son los únicos que pueden cometer un acto irregular o de corrupción. Para que esto ocurra se necesitan cuando menos dos. En el nuevo esquema se establece que no sólo se sancionará a funcionarios, los empresarios también serán sujetos de sanción. Las personas físicas o morales van a ser sujetas a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades. A ellos se les podrá imponer una sanción para resarcir el daño que hayan causado al erario federal. En casos graves, se puede ordenar la disolución de una sociedad mercantil. Esto entra en vigor el 18 de julio del año próximo. Es una de las fechas más importantes del calendario del sistema nacional anticorrupción.