Crimen organizado hostiga a campesinos e indígenas: InSight Crime

Campesinos y poblaciones indígenas son blanco de las organizaciones criminales que amenazan, extorsionan y provocan el desplazamiento de personas.

En Zacatecas, donde en febrero de este año decenas de familias de la comunidad Palmas Altas en Jerez abandonaron sus hogares ante los constantes enfrentamientos entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS), se estima que tres millones de árboles en una extensión de 6,000 hectáreas han sido abandonados por agricultores, tan sólo en el municipio de Jerez, de acuerdo con la fundación InSight Crime.

Zacatecas es una de las principales regiones productoras de duraznos en México, donde se cosechan hasta 8,000 toneladas al año, por lo que las pérdidas podrían alcanzar los 45 millones de dólares, según las fuentes de la fundación.

“Los precios de las frutas han aumentado drásticamente en México, donde duraznos, manzanas, papayas y otros productos han aumentado entre 10 y 45% recientemente. Si bien hay muchos factores que han contribuido a la inflación de los precios de las frutas, la reducción en la oferta se debe a que los agricultores se han visto obligados a huir (...) algunos han denunciado que los grupos criminales han saqueado casas y robado tractores mientras están ausentes”, indicó InSight Crime.

Esa fundación internacional también resaltó la zozobra que padecen productores de aguacate y limón, principalmente en el estado de Michoacán, donde la semana pasada un grupo armado persiguió y obligó a militares a salir de la comunidad Nueva Italia.

El negocio del aguacate, conocido como “oro verde” por su rentabilidad, sostuvo InSight Crime, “ha sido durante mucho tiempo objeto de extorsiones por parte de los grupos criminales. Los carteles les cobran a los agricultores un pago mensual por protección, y los camiones que transportan la fruta son atracados por hombres armados.

Casos de Guerrero y Chihuahua

Asimismo, Insight Crime resaltó que comunidades indígenas en Guerrero y Chihuahua también son azotadas por el miedo que provocan los grupos del crimen. Recordó que la semana pasada Lorena Chantzin y Marcos Campos Ahuejote, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, fueron encontrados sin vida en el municipio de Chilapa, Guerrero, y que dicha organización señaló al grupo criminal Los Ardillos de estar detrás de los dos crímenes.

“En octubre de 2021, miembros de la comunidad y activistas alertaron sobre los planes de Los Ardillos de expandirse hacia el valle El Ocotito, pero hubo poca respuesta de las autoridades. Las advertencias sobre un ataque se hicieron realidad en enero de 2022, cuando una confrontación entre Los Ardillos y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, grupo indígena de autodefensa, dejara como resultado un saldo de cuatro muertos de la comunidad”, explicó.

Resaltó que Los Ardillos se dedicaban a supervisar la siembra de amapola y el tráfico de heroína, para lo cual obligaba a las comunidades locales a trabajar en los cultivos bajo sus órdenes, pero ahora han comenzado a depender de la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.

Insight Crime expuso que también en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, los indígenas rarámuri principalmente, llevan años sufriendo por causa del crimen organizado. “La tala ilegal, el cultivo de amapola, el despojo de tierras y la minería ilegal, han arruinado las vidas de los rarámuri, muchos de los cuales han sido desplazados y asesinados”, alertó.

“La guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha afectado las vidas de las comunidades indígenas repartidas en los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco”, puntualizó.

jorge.monroy@eleconomista.mx