Critican ampliar delitos con prisión oficiosa

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, calificó de regresiva la iniciativa que busca ampliar el catálogo de delitos que merezcan prisión oficiosa.

En tanto, el Senado recibió del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU un documento que aborda las reformas al Artículo 19 de la Constitución, aprobadas en comisiones, para aplicar prisión preventiva oficiosa ante los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, electorales y otros.

Este martes, el ombudsman declaró: “Desde luego que sí es regresivo, no quiero dejar de reconocer que tenemos una crisis de seguridad, no estoy ajeno ni soy ingenuo a que tenemos crisis de seguridad, pero las crisis tenemos que resolverlas de manera integral, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo esa debilidad institucional para que ya no sean débiles las procuradurías”.

Luego de presentar el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en los estados, González Pérez destacó la necesidad de reestructurar las procuradurías, ya que consideró que “con prisión oficiosa o no, van a seguir fallando los resultados en sentencias condenatorias”.

Dijo que se debe continuar la profesionalización de los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal para que tengan la capacidad de motivar, argumentar y fundar una acusación de cualquier delito susceptible de prisión preventiva.

“Cualquier delito que no está ahora en la Constitución puede ser argumentado como de riesgo para la sociedad y, entonces, los jueces tendrán que ser sensibles; lo que se requiere es profesionalización, capacitación, y yo hago una reflexión en ese sentido, porque si no, pues estaremos nuevamente buscando constitucionalizar muchos de estos delitos para que puedan tener prisión oficiosa ante la inoperatividad de los actores que tienen que detener y procesar”, indicó.

En tanto, en una misiva de cinco cuartillas enviada al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el mecanismo de la ONU sobre Detención Arbitraria expone que ese catálogo de delitos representa un posible debilitamiento de los derechos y las garantías a la presunción de inocencia, al debido proceso, la libertad, seguridad e integridad personal, así como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.