Cumplamos la ley con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Luis Raúl González Pérez

La puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene como objetivo hacer compatible el derecho de la sociedad a vivir en paz y segura con el derecho de los señalados de violar la ley a su presunción de inocencia, en tanto no se les compruebe mediante un proceso justo lo contrario, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

En entrevista destacó que no debe satanizarse el sistema, sino hacer una evaluación de qué es lo que no está funcionando y por qué, particularmente la capacidad de los operadores.

El encargado de velar por la protección de los derechos humanos en México dijo que es una falacia asegurar que la exigencia del respeto de las garantías individuales de las personas señaladas de cometer un delito se ha convertido en una camisa de fuerza para las autoridades encargadas de procurar justicia. Nosotros no limitamos; estamos en favor de que el Estado ejerza sus atribuciones, que el ejerza toda la fuerza legítima, incluso letal cuando es necesario , enfatizó.

Puntualizó que es preciso dejar madurar al sistema y ante quienes se ponen como disyuntiva ejercer la ley contra los delincuentes o garantizar sus derechos humanos, enfático dijo que el razonamiento es muy claro: cumplamos la ley.

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¿Cuál es su percepción del proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a un año de la entrada en vigor a nivel nacional?

Lo que se buscó privilegiar fue un sistema garantista, un sistema que hiciera compatible el principio de presunción de inocencia, qué es un principio universal.

No es un invento, sino que una persona es culpable hasta que lo determine un juez de manera definitiva, y eso se buscó entendiendo que la prisión preventiva en los estándares internacionales debe ser restrictiva.Porque el objetivo de la misma busca proteger también a la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer compatible el derecho de una sociedad a la tranquilidad, a la paz, frente a los derechos de presunción de inocencia? Hoy a un año de entrar en funcionamiento, lo que debemos evitar es evitar satanizar al sistema. Debemos darle la oportunidad de probarse y desde luego que están los candados para evitar riesgos a la sociedad.

¿Cuáles son esos candados?

Uno, que se privilegia la presunción de inocencia, pero también se considera el riesgo a la sociedad. Si bien se redujo el catálogo de delitos de la prisión preventiva, esto no quiere decir que en el resto de los delitos tanto el Ministerio Público como los jueces valoren si la acción de una persona constituye un riesgo a la sociedad por diferentes motivos. Hoy se ha hablado de que si a alguien lo encuentran con un arsenal, como no es un delito grave en automático, entonces queda en libertad. Falso, porque precisamente ahí es donde el Ministerio Público, el fiscal, tiene que motivar ante el juez que se presume que puede cometer conductas ilícitas.

Aquí entra otro elemento, en ocho años, hoy nueve, debimos como país preparar suficientemente a los operadores. Tenemos que intensificar y ver qué sucedió con esa capacitación, con esa profesionalización desde el policía del Ministerio Público y jueces. Ver dónde estamos en esa preparación.

No debemos establecer blancos y negros, sino realmente buscar la compatibilidad entre presunción de inocencia y protección de la sociedad.

¿Cuál considera que es la vía correcta para lograrlo?

La vía correcta es: profesionalicemos y veamos cuánto representó esto en costos y cuáles son los resultados.

¿Cómo explicar a la sociedad que aunque hay alguien que cometió un delito también tiene derechos humanos y deben de ser respetados?

Las personas como tales, por ese solo hecho, tenemos algo que propicia que tengamos el respeto a los Derechos Humanos: la dignidad.

Todas las personas como seres humanos tenemos una dignidad, es lo que nos iguala.

Quien delinque desde luego que tiene que tener las consecuencias de esa conducta ilícita y por eso los principios del derecho, tiene que tener la sanción proporcional a esa conducta, pero esa conducta no cancela que deje de ser persona. Una persona que delinquió tiene que tener las consecuencias de la sanción rigurosa que la ley establece, pero esto no cancela que tenga derechos como el debido proceso.

El debido proceso es la posibilidad que tenemos de defendernos todas las personas en cualquier circunstancia. No podemos caer en la tentación de perseguir el delito cometiendo delitos.

¿Cuáles son los elementos que impiden que haya un debido proceso en cualquier situación delictiva?

Primero, detenciones arbitrarias. Solamente se puede detener a una persona bajo los supuestos que establece la ley: flagrancia u orden de aprehensión o en ciertos casos de urgencia el Ministerio Público la puede decretar.

Segundo, no puede ser que sustituyamos la capacidad investigativa–técnica-científica por métodos como la tortura. No puede ser que se afecte la integridad física o psíquica para obtener una confesión.

Tercero, no puede ser que se retenga ilegalmente a la persona. Una vez que se le detiene, dice la Constitución, debe ponerse, a la brevedad, a disposición del Ministerio Público.

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¿Por qué es importante que se respeten los derechos de los señalados de haber cometido un delito?

Porque se deben de respetar los derechos de las personas, precisamente por el principio general de que las leyes se hacen para cumplirse.

Eso es lo que permite la convivencia pacífica, y lamentablemente tenemos una debilidad del Estado de Derecho porque tenemos desdén y apatía por el cumplimiento de la ley.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de no respetar los derechos humanos de los señalados?

Que se puede ver afectado el proceso. El Estado y sus representantes tienen un mandato y es cumplir la ley. Por eso es que muchas veces se habla de la teoría del árbol podrido y lo que surgió de que la consecuencia era hacerle saber a las autoridades del Estado que si no preparaba y profesionalizaba sus operadores, estas podrían ser las consecuencias. Entonces de ahí que lamentablemente el que se viole el debido proceso afecta la víctima del delito porque se ve afectado el proceso, en diferentes grados, depende el tipo de violación que se cometa, el grado de afectación de ese proceso.

¿Cuál debe ser la prioridad de un sistema de impartición de justicia: castigar a quien cometió el delito, resarcir el daño o generar precedentes para inhibir nuevos delitos?

El presupuesto básico es tener procuradurías autónomas, fiscalías autónomas, no nada más en la letra de la ley, sino en los hechos puedo decirle que hoy hay fiscalías estatales que tienen la característica de autónomas, pero que en los hechos no se ha mostrado ese ejercicio.

Segundo, esa autonomía significa en la práctica imparcialidad, objetividad, un marco que permita procurar justicia de manera neutral, y ahí hay un factor fundamental: los servicios periciales tienen que gozar de esta característica.

Muchos de los delitos se van a resolver en instancia pericial, entonces requiere esa independencia y neutralidad. Segundo, ¿cuál es la aspiración de justicia? Uno, que haya desde luego conocimiento de la verdad, que se conozca qué sucedió; segundo, que haya fincamiento de responsabilidad, es decir, que es el gran problema de México: la impunidad.

Tercero, que haya la reparación del daño en la medida de lo posible. Digo, hay delitos que nunca se van a poder reparar integralmente sino compensatoriamente, doy el ejemplo: ¿creen que se va a poder reparar la vida de dos personas en el socavón?, pues no.

Y cuarto elemento, garantías, que esto es básico, de no repetición. En nuestras recomendaciones buscamos eso, ya se dio ese caso, pero cuáles son las garantías que permiten decir que esto no volverá a suceder.

Estos cuatro son los elementos que debe de tener toda justicia y hoy hablamos de la justicia restaurativa, es decir, esta justicia transicional en donde cicatricemos. Como lo dijo Mandela, estoy parafraseando: si yo al salir de la cárcel, hubiera seguido con odio e ira, seguiría siendo prisionero. De ahí la justicia restaurativa, de buscar ese acercamiento entre las víctimas y si se llega hasta el perdón. Esto no quiere decir que no haya consecuencias para quien delinque.

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Cómo procesa el mensaje del jefe de gobierno diciendo que producto de este nuevo sistema de impartir justicia, vamos a tener a 4,000 personas en las calles y quizá puedan cometer más delitos...

No podemos pensar que no se conocían las características porque participaron en la construcción pero además, no sólo en la construcción, hubo estados que con anticipación a la junio del 2016 trabajaron en ese sistema.

Segundo, el tema hasta donde entiendo, yo no he visto datos duros que establezcan que las personas que posiblemente puedan salir constituyen riesgo, si es así, argumentémoslo, expongámoselo al juez. Eso es lo que tiene que hacer.

Pero de las personas que han salido, ¿dónde está el dato duro que diga que esas mismas personas han delinquido nuevamente? En esto tenemos que hablar de datos, es decir, el tema de la impunidad existía desde antes, no es nuevo ahora.

Hoy lo que se busca en el sistema adversarial es precisamente profesionalización y presunción de inocencia y hacer compatible lo que represente un riesgo para la sociedad con la presunción de inocencia porque qué grave también es que personas que no son delincuentes purguen una prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser la excepción y no la norma.

¿Es tiempo de que se haga una contrarreforma como lo han planteado algunas autoridades, quienes incluso han señalado que se debe ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva?

Creo que para tomar decisiones como éstas no puede ser sobre la base simplemente de decir: vamos a alimentar porque entonces están saliendo las personas porque esto se preveía. Lo que se tiene que hacer es: uno, profesionalizar porque veamos la historia, la historia en el país fue incremento de penas, la política criminológica fue incremento de penas, agravamiento de delitos, abuso de la prisión preventiva, ¿resolvió el problema? No lo resolvió y por otro lado muchas de las personas que no eran culpables sí estaban enfrentando prisión preventiva.

Entonces el método riguroso, la vértebra que debe de ser es que para personas que constituyen un riesgo debe haber prisión preventiva para ponderar esos derechos y ejercer las capacidades de los operadores en ese sentido, pero fuera de eso, desde luego atender al principio de inocencia.

¿Hay que dejar madurar al sistema?

Desde luego que hay que dejar madurar al sistema, sin que constituya un riesgo para la sociedad.

Riesgo es quien está probado que delinquió más de tres veces, pues oye, yo digo esto pero motivémoslo, pero además constituyamos la unidad de medidas cautelares. Lo que pasa es que no ejercemos las capacidades que tiene el Estado.

¿Cuál debe ser el razonamiento cuando los policías aseguran que ellos detienen a los delincuentes pero el sistema los está dejando fuera?

El razonamiento es muy claro, cumplamos la ley.

Es una falacia, en muchos casos puede esconder las incapacidades para perseguir el delito o prevenirlo con discursos de que los derechos son camisa de fuerza. Los derechos humanos no son camisa de fuerza, permiten precisamente el binomio seguridad ciudadana y dignidad humana, es decir, son compatibles.

¿Qué hay que hacer? En la medida en que no se detenga arbitrariamente, en que no se torture, en que no se ejecute, en que no se demore la puesta a disposición, no va a haber intervención de derechos humanos.

Nosotros no limitamos, nosotros estamos en favor de que el Estado ejerza sus atribuciones, que ejerza toda la fuerza legítima, incluso letal, cuando es necesario con principios de oportunidad, de razonabilidad, de objetividad y sobre todo proporcionalidad. De acuerdo con la resistencia voy a ejercer la reacción, si una persona ya está sometida y después aparece muerta, ahí se puede propiciar una violación a derechos humanos. Es decir, toda la fuerza necesaria y legítima derechos humanos lo ve bien, porque además no hacerlo constituye violación a derechos humanos, pero entonces es una falacia. Nosotros decimos: haz tu trabajo pero hazlo conforme dice la ley, para eso hay protocolos, para eso hay manuales.

Por eso celebró lo que recientemente dijo el secretario de Marina: aquí no vamos a tolerar que alguien que comete una violación quede impune, pero dijo: ninguna instrucción si es ilegal debe cumplirse.

Algunas organizaciones tienen la preocupación de que se pueda desmantelar el sistema penal de justicia...

Yo exhortaría a que se pondere muy bien estas circunstancias que se están planteando por parte de algunos actores, que se tengan datos duros, que se evalúe realmente las capacidades del Estado y qué pasó en 10 años con esa capacitación de los operadores, si fueron suficientemente bien aprovechados los recursos para esa capacitación de los operadores, qué ha pasado, por qué no está existiendo la unidad de medidas cautelares, que se evalúen esas circunstancias, y no por inoperancias pensemos en modificar sistemas cuando todavía no se articulan todas las medidas que lleva ese sistema.

Sería importante saber qué ha pasado con las personas que constituyen algún riesgo desde la perspectiva del fiscal, cómo ha argumentado eso ante el juez y qué es lo que éste ha valorado.

Como todo, el tema de justicia, que es un derecho humano, al artículo 17, que es justicia pronta y expedita, hacerlo realidad. También estoy por que se dignifique la labor del policía. Su naturaleza jurídica hay que fortalecerla, lo dijimos desde el 2012, no estando yo en la Comisión, pero desde la universidad nacional, pero si vemos los elementos para la construcción para una política de Estado, en materia de seguridad y justicia, se decía: revísese la situación laboral de los policías, hay debilidades, hay que fortalecerlos y dignificarlos. Hay que darle buenas herramientas. No sólo es exigirles, también hay que dotarles de condiciones, pero si es compatible derechos humanos y seguridad ciudadana.

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