Dan a conocer acuerdo de Junta de Coordinación Política

El pleno de la Cámara de Diputados conoció el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JCP) sobre la integración del grupo de trabajo plural que habrá de analizar y revisar la Ley de Ahorro y Crédito Popular y demás disposiciones legales, así como atender el caso de defraudación de la sociedad financiera popular Ficrea.

Conformarán el mencionado grupo los diputados federales Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), Humberto Alonso Morelli (PAN), Fernando Belauzarán Méndez (PRD), David Pérez Tejada (PVEM), Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano), Adolfo Orive Bellinger (PT) y María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza).

Puesto que el referido grupo será integrado además por senadores, sólo se está a la espera de que el Senado de la República defina los nombres de sus integrantes, uno por grupo parlamentario también, para iniciar los trabajos correspondientes de manera formal.

Según el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobado en su sesión del pasado 21 de enero, el grupo plural de trabajo se abocará a analizar las reformas necesarias a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y otras leyes para prevenir y evitar casos como el de Ficrea.

Así como a revisar la legislación de la materia a fin de proponer enmiendas legales con el objeto de ampliar el monto máximo del seguro de depósito, y con ello cubrir a un mayor número de clientes personas físicas de Ficrea con la recuperación de la totalidad de sus depósitos.

Se pretende, además, agilizar la recuperación de activos de Ficrea, filiales y subsidiarias, a fin de proceder a su ágil y transparente liquidación y monetización con el propósito de compensar a los ahorradores que no hayan recibido de regreso la totalidad de sus ahorros, buscando la prelación de personas físicas con ahorros e inversiones de menor cuantía.

El acuerdo de la Permanente prevé también que el grupo de legisladores se allegue de los insumos necesarios por parte de las autoridades competentes, en especial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de los propios representantes de los ahorradores de Ficrea.

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