Desplazamiento forzado durante julio fue uno de los más grandes de los últimos años en México

Durante julio pasado, nuestro país vivió uno de los episodios de desplazamiento interno forzado más grande de los últimos años, ello luego de que tuvieran que huir de sus hogares cerca de 3, 205 pobladores de Pantelhó y de varias localidades de Chenalhó, en Chiapas, por los enfrentamientos entre grupos armados y autodefensas, alertó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Al presentar su corte mensual sobre episodios de desplazamiento interno forzado masivo, la organización dio cuenta que durante julio también se reportaron otros dos episodios de desplazamiento masivo causado por violencia en México, en los estados de Sinaloa y Veracruz.

Se dijo que, en diversas comunidades de Culiacán, Sinaloa, varias familias, mayoritariamente de la sindicatura de Tepuche, tuvieron que abandonar sus hogares debido al resurgimiento de la violencia en la zona.

Mientras que, en Texistepec, Veracruz, se reportó que el 8 de julio fuerzas de seguridad pública federales y estatales desalojaron de forma violenta a familias, destruyendo viviendas y cultivos. Esto ocurre en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico, donde se han presentado varios incidentes entre pobladores y autoridades.

Expertos identifican retos para enfrentar el desplazamiento forzado

Según cifras del Inegi, entre 2015 y 2020, más de 262,000 personas migraron de manera interna por causas de la violencia, además de 371,000 personas cambiaron la ubicación de sus viviendas por la violencia en 2019, ante dicho panorama, defensores de derechos humanos alertan que gran parte de estas personas se ven privadas, a menudo, de manera grupal y drástica de su entorno de vida, sobre todo cuando algún miembro de la familia se separa, muere o desaparece.

Durante el Seminario sobre Desplazamiento Forzado Interno en México organizado por Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Miguel Ramírez, indicó que al igual que cualquier otra víctima de una violación de Derechos Humanos, los desplazados internos tienen derecho a recibir asistencia y protección por parte del Estado, con un enfoque diferenciado dependiendo de su origen, edad o género.

Teniendo en cuenta cada una de sus necesidades, especialmente en el ámbito de protección, pues pueden sufrir riesgos de tensión entre las comunidades de acogida y las personas desplazadas, aumento de riesgos de violencia sexual y un mayor riesgo de que las familias se dividan y la utilización del desplazamiento como método o instrumentos por parte de grupos delictivos.

Piden incorporar el análisis de contexto para investigar violaciones graves a DH

Durante el foro internacional “El análisis de contexto como metodología para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos en América Latina”, expertos en la protección de Derechos Humanos, consideraron necesario que las y los funcionarios públicos incorporen el análisis de contexto para determinar el marco en el que ocurren casos de desaparición forzada de personas, feminicidios, homicidios y otras violaciones graves a derechos humanos, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

En el encuentro, organizado por la CNDH, la organización I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el director de I(DH)EAS, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, dijo que se debe establecerse la importancia que tiene el análisis de contexto especialmente para avanzar en una política de reparación integral a las víctimas.

A su vez, la directora para América Latina de la FIDH, Jimena Reyes, detalló que la situación del derecho a la vida en México es la más grave de América Latina, toda vez que desde el 2006 se han documentado 300,000 homicidios, más de 79,000 casos de personas desaparecidas y se han localizado más de 36,000 restos humanos no identificados, por lo que llamó a quienes trabajan en la administración de la justicia penal a integrar el análisis de contexto en su labor.

Incorporar esta herramienta, dijo, permite, construir patrones para analizar la generalidad de crímenes como la desaparición forzada y la constitución de microcasos; lo que, a su vez, facilitaría la investigación de cadenas de mando, enfocarse en los autores intelectuales de estos crímenes y avanzar más eficientemente hacia la obtención de justicia para las víctimas.

Por último, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, resaltó la importancia que tiene el análisis de contexto en los procesos de verdad, memoria y justicia transicional.