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En rezago, 4,498 asuntos en el Inai ante falta de quórum en el pleno
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), reportó que debido a la falta de quórum legal para que el pleno pueda sesionar existen 4,498 recursos pendientes interpuestos por la sociedad.
Desde el pasado 1 de abril, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia no han podido sesionar por falta de comisionados.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), reportó que debido a la falta de quórum legal para que el pleno pueda sesionar existen 4,498 recursos pendientes interpuestos por la sociedad.
Según la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, desde el 1 de abril de 2023, un día después de la salida de Francisco Javier Acuña como comisionado del órgano garante, el pleno del Instituto no ha podido realizar siete sesiones del mismo.
Además, la comisionada presidenta, señaló que la transparencia y el ejercicio del derecho a saber y de la protección de los datos personales siguen bajo amenaza, pero aseguró que el órgano garante continúa trabajando en defenderlos.
HRW: transparencia, bajo amenaza
Por su parte, la organización Human Rigths Watch (HRW) señaló que el Senado de la República debería actuar rápidamente para nombrar a los comisionados para cubrir las tres vacantes que tiene el órgano garante.
Tyler Mattiace, investigador para México de HRW, señaló que “al paralizar de manera deliberada al INAI, el gobierno menoscaba el derecho de los mexicanos a acceder a información pública y a decidir sobre el uso de sus datos personales”.
Además, explicó que mientras la Cámara de Senadores no nombre a los nuevos comisionados, los mexicanos no tendrán una forma fácil de apelar ante un árbitro independiente cuando el gobierno les niegue el acceso a la información pública o cuando empresas privadas usen de manera indebida los datos personales de la sociedad.
Por otro lado, la organización señaló que México ha aceptado obligaciones internacionales para establecer una autoridad independiente y con facultades para investigar e impulsar acciones jurídicas por violaciones a las leyes de protección de datos personales.
Además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que una agencia especializada se encargue de revisar y decidir cuando el gobierno se niegue a responder las solicitudes de información.