Fuerzas Armadas gastan 153,000 millones de pesos más de lo aprobado con López Obrador

La siguiente administración federal tendrá que enfrentar no sólo el problema de la falta de recursos públicos para atender las responsabilidades de gasto heredadas, sino también observará debilidad institucional”.

CIEP

Las Fuerzas Armadas en México gastan más de lo contemplado en su presupuesto sin mostrar resultados positivos, reveló un análisis de México Unido Contra la Delincuencia.

De acuerdo con datos presentados en su informe “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”, entre el 2019 y el 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) suman más de 153,000 millones de pesos en sobrejercicio.

De manera desagregada, entre el 2019 y 2023, la Sedena ha tenido un subejercicio de 118,352 millones de pesos; mientras que la Semar, en el mismo periodo, cuenta con 34,685 millones de pesos de diferencia entre presupuesto aprobado y pagado.

Al analizar los datos de la Cuenta Pública, la organización explicó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (entre el 2006 y 2023), se registraron los montos más altos de sobrejercicio de recursos públicos.

Aunque si se comparan los primeros cinco años de la actual administración con el mismo lapso del Calderón Hinojosa, existe una diferencia de 133.74% en términos reales.

Del 2007 a 2011, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de la Defensa tuvo un sobrejercicio de 51,433 millones de pesos; por su parte, la Semar tuvo una diferencia de 14,040 millones de pesos más, para un sobrejercicio total de 65,473 millones de pesos de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, durante los primeros cinco años completos de Enrique Peña Nieto hubo un total de 44,374 millones de pesos sobrejercidos, 108,663 millones de pesos menos que con López Obrador.

Del total en dicho periodo, la Sedena sumó 16,569 millones de pesos más; mientras que, la Semar acumuló 27,805 millones de pesos de gasto por arriba de lo que se le aprobó en el presupuesto de ese periodo.

Hallazgos

“Entre los hallazgos más relevantes de estas cuentas encontramos, por ejemplo, que en 2022 la Sedena destinó 8,804 millones de pesos a objetos que no contaban con ningún presupuesto aprobado a principio de año, entre los que destacan: otras prestaciones (sin especificar), obras de construcción para edificios no habitacionales, terrenos y vehículos”, detalló México Unido Contra la Delincuencia, en su informe.

Además, la organización mostró que, ese mismo año, de los 14,487 millones de pesos que la Semar destinó a objetos de gastos, distintos de los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), representó 30% de los recursos que fueron ejercidos por la dependencia.

“De esta forma, gracias a las mínimas regulaciones y controles de fiscalización de los recursos públicos, podemos dar cuenta del gran porcentaje de discrecionalidad que resulta en el ejercicio de los recursos, así como lo relegada que queda la facultad del Poder Legislativo en el destino final del dinero que aprueba cada año”, comentó MUCD.

Aumento al presupuesto

La ONG, también, señaló que el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido exponencialmente en los últimos años, concentrando 3.7% del total del PEF para 2024.

Según MUCD, un porcentaje importante de los recursos de las Fuerzas Armadas se reasigna para cubrir sus prestaciones, para que desarrollen tareas de seguridad pública o incluso para actividades ajenas a la disciplina militar.

En el caso de la Sedena, 40% de sus recursos terminan en un destino distinto del aprobado en el PEF, mientras que para la Semar suman 30 por ciento.

En el informe se destacó que, entre el 2007 y 2022, se documentaron al menos 267 transferencias de funciones, que abarcan áreas como la administración de puertos y aeropuertos, educación, obras públicas, política social, protección ambiental, reforestación, protección civil y salud. De estas, 103 funciones fueron transferidas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa el 38% del total en un periodo de 15 años, evidenciando una aceleración reciente en este fenómeno.

La investigación mostró que, en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador, las 103 funciones y presupuestos transferidos suman casi seis veces más dinero que las del 62% restante, y esto en casi una tercera parte del tiempo.

Piden mecanismos de control

Militarización representa lucrativo negocio para Ejército

Miembros de organizaciones de la sociedad civil explicaron que es necesario establecer mecanismos efectivos de control y regulación para garantizar que las Fuerzas Armadas no excedan sus atribuciones y expresaron su preocupación por el creciente poder económico y político que han ganado las Fuerzas Armadas.

Durante la presentación del informe “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”, Leilani Hernández, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), destacó que la militarización representa un lucrativo negocio para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, ya que cada transferencia de funciones hacia ellas conlleva beneficios significativos, no sólo en términos monetarios, sino también en recursos materiales, jurídicos y políticos.

Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa, señaló que, a través de diversas estrategias presupuestarias, el Gobierno Federal ha venido fortaleciendo a las instituciones militares en detrimento de las civiles, lo que plantea una serie de cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos y el equilibrio entre las funciones del Estado.

Destacó que, la distribución de recursos hacia las instituciones militares, tuvo un incremento de 41%, en comparación con 2018. Sin embargo, enfatizó que este aumento no representa necesariamente un incremento en la inversión total en seguridad, sino más bien un cambio en su composición, con un recorte de 50% en las dependencias civiles dedicadas a esta área.

Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia, aseguró, a medios de comunicación, que es importante devolver ciertas responsabilidades civiles a las dependencias federales correspondientes, como el control aduanal y de comunicaciones, que actualmente están bajo el mando militar.

“En materia de seguridad pública, lo que nos urge es un plan gradual de desmilitarización, aprovechando que el plazo perentorio para que las Fuerzas Armadas cumplan tareas policiales (vence) hasta el 2028, la próxima administración tiene tiempo suficiente para cumplir con otras de las obligaciones constitucionales que tiene, que son la presentación de los planes y la evaluación de los programas de profesionalización policial”, detalló la especialista.

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