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Gobierno oculta deliberadamente la dimensión del derrame de hidrocarburos en Golfo de México: Greenpeace y 21 organizaciones civiles
La situación es más grave de lo que parece; el daño ambiental permanece deliberadamente oculto y sin remediar; piden realizar una revisión de los protocolos de respuesta a derrames de Pemex y exigen que haya un deslinde de responsabilidades y sus correspondientes sanciones.
Foto EE: Archivo
La actitud del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de minimizar y normalizar el derrame de hidrocarburos detectado en el Golfo de México desde principios de junio, frente a las costas de Campeche, lleva a concluir que la situación es más grave de lo que parece; que expone el modus operandi habitual de las empresas petroleras que operan en la zona y que el daño ambiental permanece deliberadamente oculto y sin remediar, plantean organizaciones ecologistas, de derechos humanos y sociales.
Mediante un comunicado, difundido por Greenpeace México, señalan que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y el propio presidente de la República, “han optado por minimizar y normalizar un derrame de hidrocarburos de grandes proporciones”.
“Las organizaciones firmantes vemos con suma preocupación esta intención de negar hechos irrefutables y desatender los impactos que este tipo de desastres tienen en los ecosistemas marinos y en las comunidades que viven a lo largo de la costa del Golfo”, exponen en el documento.
Además, señalan que, con la intención de aportar medidas para la no repetición de estos desastres, es necesario que la ASEA transparente sus reportes. Esto reducirá las inconsistencias entre comunicaciones fragmentadas y permitirá estimar el impacto de cada incidente, indican.
También piden realizar una revisión de los protocolos de respuesta a derrames de Pemex, ya que consideran que “existen evidentes fallas graves en los mismos” y exigen que haya un deslinde de responsabilidades y sus correspondientes sanciones.
Asimismo, recalcan que se debe contar con un plan de retiro de infraestructura obsoleta, dentro del cual se priorice la seguridad y no las metas productivas.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Alianza Mexicana contra el Fracking, BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano A.C., Carto Crítica, Iniciativa Climática México, Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exponen que, considerando el derrame en junio de Balam Tango Bravo, la explosión de la plataforma Nohoch Alpha y el derrame de Balam Tango Alpha, este es el tercer desastre de gran escala en una misma zona por parte de Pemex en unas cuantas semanas.
Para esas organizaciones, Pemex ha manejado la información del caso de manera imprecisa, contradictoria, con ambigüedades e inconsistencias, que deben ser aclaradas.
Por ejemplo, exponen que sigue sin haber sido explicado un derrame que ocurrió a principios de junio en el campo Balam Tango Bravo, de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados y potencialmente de crudo pesado. Además, queda pendiente conocer sus características, cómo se gestionó y qué impactos ha tenido y tendrá.
Cuestionan por qué se demoró el cierre de pozos, luego del derrame de Balam Tango Alpha, que, según Pemex, inició el 3 de julio y realizó el cierre de pozos 16 días después para reparar la fuga.
Luego, recriminan que el 18 de julio, Pemex afirmó que la fuga estaba totalmente reparada; sin embargo, las imágenes del 18 y 19 de julio, muestran que seguía activa.
Señalan que para Pemex la mancha es "iridiscencia", y con este término da a entender que se trata meramente de un reflejo o fenómeno óptico, pero la iridiscencia es evidencia de contaminación por hidrocarburos, con sus consecuencias correspondientes, como indican diversos documentos científicos.
También hacen notar que la escala de unidades para medir los espesores de las superficies afectadas por estos siniestros inicia en las milésimas de milímetro (micrómetro). Pemex informó de un espesor de 1 milímetro y la imagen satelital muestra una mancha (incuestionable) de alrededor de 400 kilómetros cuadrados, por lo que existe una inconsistencia en la información.
Hacen notar que el señalamiento de que lo que ha ocurrido son chapopoteras naturales, lo cual “surge como una conversación paralela que no tiene vinculación alguna con las denuncias que las organizaciones hemos hecho y con la fuga que la propia Pemex ha admitido en sus instalaciones. Las chapopoteras mencionadas se encuentran a más de 20 kilómetros del punto de fuga y no justifican ningún tipo de vertido adicional por actividades extractivas”.
Ante esa situación, preguntan: ¿Dónde está disponible la evidencia técnica que sustenta las afirmaciones de Pemex? Y refieren que Pemex ha proporcionado datos fuera de contexto que sólo han aportado confusión a la interpretación de la situación, además de que recuerdan que las organizaciones han aportado datos objetivos procedentes de imágenes satelitales y bibliografía científica, cuyo análisis coincide con los resultados publicados por el Instituto de Geografía de la UNAM en su comunicado del 22 de julio.
Para las organizaciones firmantes del comunicado, siguen existiendo vacíos de información fundamentales para conocer los impactos y de mitigar el derrame.
Por ello, exigen a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente y a Pemex informe qué impactos ambientales tienen los dos derrames que hemos señalado y comunicado y dónde está la evaluación de la ASEA sobre estos derrames, cuáles fueron las medidas de contención y las medidas de remediación, así como sus impactos a corto y mediano plazo.
Consideran que, en tanto que no haya una mejor evidencia científica, es irrefutable que el área del vertido alcanzó en su máximo punto 467 kilómetros cuadrados y queda pendiente conocer la magnitud de los impactos ambientales y sociales sobre esta área.