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#Guacamayaleaks: Gobierno de AMLO asegura que documentos hackeados son apócrifos
El Gobierno federal argumentó que tras el hackeo realizado contra las Fuerzas Armadas y que fue revelado en septiembre de 2022, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos al público, por lo que cualquier persona ajena podría haber elaborado documentos "con objeto de afectar" la imagen institucional.
Foto EE: Ilustración Nayelly Tenorio
Los documentos y archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron expuestos el año pasado por el colectivo Guacamaya, y entre los cuales se evidenciaba el presunto espionaje de las autoridades con el uso del software Pegasus, "carecen de validez legal" y "pudieron ser alterados", informó este jueves el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado emitido la tarde de este jueves, el Gobierno federal argumentó que tras el hackeo realizado contra las Fuerzas Armadas y que fue revelado en septiembre de 2022, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos al público, por lo que cualquier persona ajena podría haber elaborado documentos "con objeto de afectar" la imagen institucional.
Esta postura del Gobierno de México se dio a conocer como respuesta a la nueva investigación presentada por organizaciones civiles donde se revela que el Ejército mexicano usó el programa Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos.
La información obtenida con el software de espionaje de origen israelí habría sido procesada por los entonces jefe y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), Homero Mendoza Ruiz y Conrado Bruno Pérez Esparza y dada a conocer al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reveló la investigación denominada "Ejército Espía".
Artículo 19, SocialTic y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), así como medios de comunicación, dieron a conocer el pasado 7 de marzo que una tarjeta informativa, encontrada en los archivos filtrados por el grupo Guacamaya, integra conversaciones ocurridas entre el 16 y 26 de agosto de 2020, en donde se informa del espionaje.
El espionaje en contra del defensor de derechos humanos se realizó después de que denunció un caso de abuso de la fuerza por parte de elementos del Ejército, quienes habrían asesinado a tres jóvenes en Tamaulipas.
La presidencia de la República reiteró en el comunicado emitido esta tarde que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez.
"Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada", insistió el Gobierno que encabeza López Obrador.
Y reiteró que algunos documentos difundidos "sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos".
En su conferencia matutina de este 23 de marzo, el presidente López Obrador, confirmó por primera vez que su Gobierno monitoreó el teléfono Raymundo Ramos, pero rechazó que haya sido utilizado el software Pegasus y detalló que se trataba de una investigación contra un miembro de un grupo criminal.
"Este ciudadano (...) estaba hablando por teléfono con un presunto narcotraficante", dijo López Obrador. "Como el presunto narcotraficante estaba siendo investigado, obtuvimos esta grabación", agregó.
El Centro Nacional de Inteligencia de México estuvo involucrado en el caso, comentó el mandatario, y agregó que la entidad de gobierno se enfoca en investigar presuntos delincuentes por lo que puede intervenir sus teléfonos con la autorización de un juez.
López Obrador ha rechazado en diversas ocasiones que su Gobierno espíe a activistas, periodistas y opositores, por lo contrario afirma que su administración sólo realiza labores de inteligencia para combatir el crimen. No obstante Ramos alega haber sido espiado por el polémico software Pegasus en 2020, durante su administración.
Por varios años, Ramos ha representado legalmente a víctimas de abusos militares en el violento estado Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, donde grupos criminales a menudo libran sangrientas batallas territoriales.
"Quieren matar al mensajero", dijo Ramos en una llamada telefónica a Reuters. "Ellos quieren que deje de señalar los abusos y masacres de las fuerzas armadas los cuales no han parado con el gobierno de López Obrador, pero no lo van a lograr", afirmó.
(Con información de Arturo Rojas y AFP).
kg