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INE avala hasta 660.9 millones de pesos para gastos de campaña presidencial
Los consejeros del INE aprobaron los topes de gasto de campaña y de precampaña para los candidatos a la Presidencia, diputaciones y senadurías del proceso del 2024.
Foto EE: Archivo / Rosario Servin
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron los topes de gasto de campaña y de precampaña para los candidatos a la Presidencia, diputaciones y senadurías del proceso del 2024.
En Consejo General se avaló que el aspirante al Ejecutivo federal tendrá la posibilidad de gastar, como máximo, hasta 660.9 millones y mientras que para la precampaña el monto será de 85.9 millones.
Con lo que se refiere al tema de los puestos legislativos, los consejeros reafirmaron que, para las diputaciones, los candidatos tendrán un monto máximo de 2.2 millones que resulta de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre 300.
En el caso de los senadores se aplica una fórmula la cual se basa en multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados federales de mayoría por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate, pero en ningún caso el número de distritos a considerar será mayor de 20, es decir, que los rangos van de 4.4 a 44 millones de pesos.
Asimismo, el Consejo General también validó el plan de trabajo, así como el cronograma de actividades de la Comisión Temporal de Debates el cual prevé la organización de tres debates presidenciales, uno más que en el proceso pasado.
Disputas por fiscalización
Por otro lado, la consejera Carla Humphrey reclamó la falta de colaboración interinstitucional de diversas autoridades para proveer de información veraz que ayude a la fiscalización.
Indicó que en lo que va del 2023, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE giró 1,420 solicitudes de información y ha emitido 36 insistencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Economía (SE).
Las cuales, acusó, en su mayoría se han atendido en un tiempo superior a los cinco días, “generando demora y por lo tanto obstaculizando las labores de fiscalización”.
En el caso específico, el consejero Jorge Montaño señaló que la UIF sólo ha atendió 10% de los 54 requerimientos.
Ante esto, el titular de dicha unidad, Pablo Gómez Álvarez, indicó que es falso que la UIF sea omisa en su responsabilidad de colaboración institucional.
“La UIF ha dado respuesta a los distintos requerimientos por los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado información de diverso carácter; sin embargo, en la mayoría de los casos, ha sido necesario prevenir a la autoridad electoral para que sus peticiones se ajusten estrictamente a los parámetros dispuestos por la Constitución, la legislación y la normatividad aplicable”, reviró mediante una nota de prensa divulgada el día de ayer.