Lectura 4:00 min
Inspeccionadas por la Profepa sólo tres de cada 10 minas
De 1,252 mineras registradas legalmente, 30% han sido inspeccionadas y de éstas, la Profepa ha ordenado 21 clausuras.
Durante el actual gobierno la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha inspeccionado únicamente cerca de 30% de las 1,252 minas registradas en el país y afirma que antes de que concluya el 2015 tendrán que haber revisado la totalidad.
Producto de estas inspecciones, la Profepa ha ordenado en lo que va de la actual administración 21 clausuras totales de empresas mineras y seis cierres parciales por incumplimiento de términos y condicionantes, así como irregularidades, informó el subprocurador de Inspección Industrial de esta dependencia, Arturo Rodríguez Abitia, en estrevista con este diario.
De acuerdo con información proporcionada por esta Procuraduría, las clausuras se han registrado en los estados de Puebla, Jalisco, Colima, Querétaro y Tabasco. Xirata de Jalisco; Cerámica Texturizadas de Chiapas; Minerales de Norteamérica en Colima; JDC Minerales, SA de CV, entre otros nombres, son parte de los cierres registrados.
Entre las minas clausuradas, el subprocurador destacó el caso de la Minera del Cubo en Guanajuato, de la canadiense Endeavour Silver, de la cual, según documentación hemerográfica, una zona fue cerrada por realizar ampliaciones que carecían del permiso de impacto ambiental de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los datos de la Procuraduría muestran dos procesos de clausura a esta empresa.
En enero del 2014, la Profepa clausuró los trabajos que la empresa IRK Internacional SA de CV realizaba en 1.5 hectáreas del ejido Canoas en Colima, para establecer una mina de hierro, por no contar con las autorizaciones en materia forestal y de impacto que expide la Semarnat.
La empresa Minerales de Norteamérica SA de CV en el 2012, en Colima, trituró mineral de hierro sin las autorizaciones correspondientes, además violó una medida de seguridad impuesta con anterioridad; ello ameritó una clausura total temporal de las actividades relacionadas con la trituración y almacenamiento de este mineral.
El funcionario federal expresó que por lo general, las clausuras totales son temporales en tanto se resuelve el problema que originó el conflicto ambiental. Son permanentes aquellos cierres que no tienen autorizaciones y deberán contar con ellas para su reapertura, dijo.
Con respecto al debate actual por la debilidad de las leyes ambientales, originado por el percance registrado el 6 de agosto, cuando la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, presentó un derrame de químicos contaminantes que llegaron a los ríos Sonora y Bacanuchi, el subprocurador Rodríguez Abitia destacó la importancia de la participación ciudadana para empujar los cambios requeridos.
Hay que recordar que la legislación que tiene el país corre por un proceso generalmente iniciado por el Congreso, el cual representa a los ciudadanos (...) Me parece muy importante que la ciudadanía exprese su preocupación sobre el tema, para que se promueva la modernización, actualización o modificación a la legislación ambiental que sea necesaria, a través de las vías que se establecen en nuestra Constitución , expresó.
La Profepa, aclaró, investiga con base en las normas existentes. Si la legislación es suficiente o no es un tema en el que la ciudadanía puede jugar un papel muy importante, para que, de considerarlo así, se contara con una legislación más exigente y rigurosa .
De acuerdo con datos de la Profepa, de diciembre del 2012 a la fecha, se han registrado 350 emergencias ambientales relacionadas con derrames contaminantes, de los cuales la mitad, es decir 175, corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex), de este universo, casi en su totalidad se ha debido a robo en ductos.