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Investigan a 162 funcionarios por suspensión de Línea 12
La Contraloría General del DFreportó ayer que se agotarán todas las instancias y procedimientos que haya lugar para que toda irregularidad, acto u omisión detectados, integrados y documentados en relación con las fallas que originaron la suspensión parcial en marzo de 2014 de la Línea 12, sean canalizados y resueltos conforme a derecho.
La reapertura en su totalidad de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no cierra el caso de actos de corrupción, omisión o irregularidades detectados e integrados en carpetas de investigación penales y sanciones administrativas a las que fueron sometidos 162 servidores públicos, entre los que se incluye al prófugo ex director de Proyecto Metro , Enrique Horcasitas Manjarrez, informó la Contraloría capitalina.
La Contraloría General del Distrito Federal a cargo de Eduardo Rovelo Pico, reportó ayer que se agotarán todas las instancias y procedimientos que haya lugar para que toda irregularidad, acto u omisión detectados, integrados y documentados en relación con las fallas que originaron la suspensión parcial en marzo de 2014 de la Línea 12, sean canalizados y resueltos conforme a derecho.
Debido a que se trata de una demanda y exigencia ciudadana que el Gobierno capitalino debe responder, independientemente que a la fecha la Línea 12 se encuentre en total operación con todos los protocolos de seguridad y propicien certidumbre en el trayecto de los usuarios a su área laboral y regreso a casa, se continuarán las acciones contra los 162 relacionados a irregularidades, de los cuales 125 han sido sancionados.
Según el órgano de control, hasta hoy se han dictado 64 resoluciones administrativas debido a la injerencia de servidores públicos en incumplimiento de sus obligaciones y en consecuencia se sancionó con una medida disciplinaria en las que se impusieron sanciones administrativas, independientemente de otro tipo de responsabilidades que van desde la destitución del cargo hasta inhabilitación para desempeñarse en el servicio público.
En relación al derecho de defensa que tienen los sancionados, precisó la Contraloría que 43 servidores públicos promovieron 86 juicios de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra las sanciones impuestas, aun así, se han dictado 46 sentencias en primera instancia, de las cuales en 15 se ha confirmado la validez de la sanción por los tribunales.
mfh