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Política

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Juez otorga la libertad provisional a Rosario Robles tras estar tres años en prisión

El Juez de Control determinó sustituir la prisión preventiva justificada e imponer las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante el juez, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

Foto: Cuartoscuro

Luego de permanecer tres años en prisión, Rosario Robles Berlanga fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla por orden de un juez federal que le otorgó la libertad provisional.

El juez Ganther Alejando Villar Ceballos, durante una audiencia celebrada hoy en juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, ordenó el cambio de medida cautelar de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, aunque continuará en libertad el proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la resolución judicial ya se cumplimentó, es decir, Rosario Robles ya está en libertad.

El pasado 17 de agosto, Robles presentó ante la Fiscalía General de la República una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad.

“Esta Institución, valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, informó la FGR.

El Juez de Control determinó sustituir la prisión preventiva justificada e imponer las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante el juez, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

El 13 de agosto del 2019, en una audiencia inicial, a la que se presentó de manera voluntaria, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo ante el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna: “En ningún momento omití dar los avisos correspondientes a mis funciones como secretaria de Estado. Tenía (comunicación) con el titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, normalmente de primera mano en las reuniones directas de gabinete (y) a través de la línea directa a la oficina de la Presidencia”. En esa fecha, el Juez federal que le impuso prisión preventiva mientras la FGR concluía la carpeta de investigación en su contra por la presunta afectación al erario por 5,075 millones de pesos.

Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron 27 convenios irregulares celebrados por la Sedesol y Sedatu con universidades públicas, por un monto de 5,075 millones de pesos, para adquisiciones de servicios de los cuales no pudo comprobarse su ejecución, un caso conocido como la Estafa Maestra.

El 30 de marzo de este año, Rosario Robles difundió una carta donde acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador; al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, de coludirse para encarcelarla, a fin de llegar a “peces más gordos”.

De puño y letra, la exsecretaria afirmó: “me llegaron informes de que en 2019 previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal General y el Consejero Jurídico se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única manera de llegar a peces más gordos era presionándome en la cárcel. Ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria, incluido el juez/sobrino de apellido Padierna para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén. Además de ser la única (por cierto, mujer) privada de su libertad por la supuesta triangulación de recursos a las universidades (lo que hasta ahora no se ha demostrado, por el contrario, dicha hipótesis ha sufrido serios reveses en el tribunal administrativo)”.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg

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