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Política

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La ONU-DH y CNDH expresan preocupación por la eliminación de fideicomisos

Les preocupa la aprobación de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo.

La Federación Mexicana de Ombudspersons, la CNDH y ONU-DH lamentaron y manifestaron su preocupación por la decisión de eliminar fideicomisos sin garantizar alternativas para la protección de derechos humanos, especialmente los destinados a apoyar a periodistas, defensores y víctimas de la violencia.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas.

Por lo que les preocupa la aprobación en la Cámara de Diputados de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.

Ello a pesar de las cifras que dan cuenta que durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo o que en 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos.

Situación, agregaron, que han sido objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional, quienes han emitido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, a México, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

“En este sentido, el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país”, advirtieron.

Por lo tanto, estos organismos internacionales llamaron a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características.

Mientras que dichas instituciones observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.

Así mismo, destacaron que, en el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas previsto en la Ley General de Víctimas, cualquier reforma al mismo debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos.

“FMOPDH, CNDH y ONU-DH recuerdan que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos”, enfatizaron.

Finalmente, llamaron al Senado de la República a contribuir con un profundo análisis sobre la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, para prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos.

 

rrg

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