La violencia contra las mujeres sigue como antes: creciendo

A tres años de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad, igualdad y tratos hacia las mujeres, hay avances, particularmente en los ámbitos legislativo y de impartición de justicia, pero francos retrocesos en la implementación de políticas públicas enfocadas a resolver los problemas que padecen, afirman especialistas en la materia.

En tanto, las estadísticas oficiales de seguridad muestran que no se han logrado generar condiciones de seguridad para ellas, pues los delitos que atentan contra su integridad siguen fuera de control. Salvo el secuestro, donde se redujo a menos de la mitad la incidencia y el homicidio doloso, que reporta una ligera reducción, los indicadores de violencia contra ellas son como eran antes: van en aumento.

Ese es el caso de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosas y extorsiones. Además, las estadísticas del servicio de atención telefónica 911 de los últimos años, registran un incremento de las llamadas de auxilio por mujeres en situaciones de peligro.

Reconocen avances en ámbitos legislativos y judicial

Fátima Gamboa codirectora de Equis, justicia para las mujeres, explicó que, en materia legislativa, se advierten importantes avances para despenalizar el aborto, así como en materia de diversidad, que ha beneficiado a la agenda de mujeres lesbianas, pues en varios estados del país se ha reconocido en sus leyes el matrimonio igualitario.

Asimismo, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios importantes para eliminar de las leyes interpretaciones que terminaban por criminalizar a mujeres, por ejemplo, por delitos de aborto.

En ese sentido Wendy Haydeé Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, destacó que eso no quiere decir que se haya legalizado a nivel nacional el aborto, pero sí es un gran paso para ir abriendo la posibilidad para que, en todo el país, la interrupción legal del embarazo sea seguro y gratuito.

Recordó que se incrementaron los estados en donde se actualizó su legislación en la materia, como Colima, Hidalgo y Quintana Roo.

“Ha habido avances por la exigencia que se tiene por las colectivas feministas de las organizaciones de la sociedad civil y constituyen pasos hacia adelante en materia de derechos, aunque siguen estando asuntos pendientes”, manifestó.

Por su parte, Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, comentó que hay hitos que se han alcanzado como consecuencia de luchas históricas de los movimientos feministas como la paridad en todos los espacios, no solo en el Congreso de la Unión, lo cual ha traído como consecuencia mayor participación de mujeres en espacios de decisión política.

Dijo que eso tiene efecto en otros lugares, como las empresas privadas, donde se ha empezado a cuestionar la paridad en todas las áreas.

También recordó la ratificación del convenio 189 relacionado con el reconocimiento como trabajo formal el que realizan las empleadas del hogar, lo que desencadenó una serie de derechos para sectores más precarizados en el trabajo.

Destacó que el movimiento feminista se ha democratizado y son cada vez más las mujeres que dicen con orgullo que son feministas y salen a la calle a protestar por lo que les afecta y exigir sus derechos. A eso se le ha denominado la cuarta ola feminista.

Advierten severos retrocesos en políticas públicas

Fátima Gamboa recalcó que, en materia de instituciones y políticas públicas del gobierno federal, “francamente lo que nosotras hemos advertido y documentado han sido graves retrocesos”.

Concretamente se refirió al cierre de espacios y en el diálogo, apertura y colaboración, entre las instituciones del gobierno federal y las organizaciones de derechos humanos.

La activista subrayó que ha habido recortes de presupuesto a instituciones que tienen que ver con la agenda de las mujeres, en especial para combatir la violencia.

Puso como ejemplo la eliminación del fondo Proequidad, que tenía como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos orientados a impulsar la igualdad de género, el cual era implementado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Indicó que era uno de los instrumentos más importantes para que, gobierno y sociedad civil, pudieran llegar a los lugares en donde el gobierno no llega solo y promover los derechos de las mujeres.

“Fue un fondo que costó mucho trabajo y tiempo tener y que servía para apuntalar acciones de colaboración, el cual ya no existe”, remarcó.

Al respecto Wendy Haydeé Figueroa Morales, expuso que, en México la agenda política no tiene en el centro de la actuación los derechos de las mujeres, ni tampoco la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

En su opinión, una prueba de ello fue la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que era considerado como la casa de las organizaciones de la sociedad civil. Además, añadió, ha habido un recorte importante en los programas que fortalecían las acciones de las organizaciones no gubernamentales.

Asimismo, opinó que frecuentemente ocurre simulación, pues, si bien se invita a organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la defensa de los derechos de las mujeres a foros en los que se exponen los problemas que enfrentan. De cara al diseño del ejercicio del presupuesto, “no sucede nada”.

A su vez, Victoria Alva Lugo, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, recordó que desde 1981, México forma parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia Contra la Mujer, la cual establece que la discriminación contra ellas denotará toda discriminación, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad respecto del hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil y en cualquier otra esfera.

Dijo que eso se reconoce ya en la Constitución mexicana, en sus artículos primero y cuarto, así como una serie de lineamientos estatales y municipales; sin embargo, existen constantes violaciones, lo cual se refleja en la dificultad que tiene la mujer para participar, en las mismas condiciones que un hombre, en la vida política y social, económica y cultural del país.

Recalcó que la igualdad de género parte del reconocimiento de que las mujeres históricamente han sido discriminadas y por ello son necesarias acciones que eliminen la desigualdad, la cual se agravada por edad, raza, pertenencia étnica, orientación sexual o nivel económico, entre otros factores.

El objetivo, dijo, es acortar las brechas entre hombres y mujeres y alcanzar la igualdad normativa y en la cotidianidad, lo que permitiría lograr la igualdad sustantiva.

Asimismo, recordó que el Instituto Nacional de las Mujeres presentó el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2020-2024, donde se establecen políticas transversales de género, mediante la articulación de las secretarías de Estado y 42 entidades de la administración pública federal, tres órganos autónomos, los poderes de la unión, los gobiernos estatales y municipales, a través de seis objetivos, 36 estrategias con 267 acciones.

Sin embargo, apuntó, eso no se ha reflejado en logros importantes en la agenda feminista. Por ejemplo, expuso, no están siendo efectivas para asegurar la vida de ellas pues el feminicidio sigue sin control.

Además, de acuerdo con la especialista, existe una deficiencia en la implementación y seguimiento de las políticas públicas destinadas a atender los problemas que afectan a las mujeres.

Por su parte Friné Salguero, destacó que sigue habiendo brechas de desigualdad en diferentes áreas. Además, han disminuido las políticas públicas de cuidados, como la desaparición de estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo que afecta también a las mujeres.

El diálogo está roto e impera discurso de criminalización desde la Presidencia

Por otra parte, Fátima Gamboa comentó que es muy preocupante que, desde el Ejecutivo federal, se mantenga un discurso de criminalización contra movimientos feministas, los cuales son críticos con el gobierno.

“Somos tachadas de vendidas o de que tenemos intereses internacionales o que simplemente somos las feministas de derecha. Y esto no es así”.

La codirectora de Equis, justicia para las mujeres, remarcó que, en este y en otros gobiernos, las feministas siempre han exigido que se les respete sus derechos. “Hemos señalado los aciertos, pero también las fallas de los gobiernos en el combate a las violencias”.

Desde su perspectiva, desde el inicio de la llamada cuarta transformación, el diálogo entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la defensa de los derechos de las mujeres está roto.

“Antes había espacios de interlocución, diálogo y retroalimentación de políticas públicas y de colaboración. Ahorita eso no existe”.

En ese tenor, Wendy Haydeé Figueroa Morales comentó que la narrativa de persecución y descrédito contra las organizaciones de mujeres se ha convertido en algo generalizado en el gobierno. Es una narrativa donde todo aquello que no vaya alineado o coincida con esa filosofía, se etiqueta como neoliberal. Es algo que no produce un diálogo y no está centrado únicamente en las organizaciones de la sociedad civil, afecta al derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia.

Recalcó que el problema es que esa situación sigue naturalizando las violencias, justificándolas e invisibilizando este problema de acceso a la justicia y los derechos humanos y manda un mensaje de impunidad. “No hay credibilidad para las mujeres sobrevivientes de violencia”, recalcó.

Fátima Gamboa Mencionó que, entre los temas pendientes en la agenda pública está el establecimiento de una política de prevención y protección frente a las violencias. No existen políticas a nivel, federal, estatal o municipal en la materia, lo que coloca a las mujeres solas, en el contexto agresivo que padecen.

“Cuando hablo de prevención y de protección, no estoy hablando de las denuncias, sino de estas acciones que el policía, el ministerio público, el juez o los DIF deben de implementar para prevenir que las mujeres vivan situaciones de violencia”, manifestó.

Asimismo, indicó que, cuando se habla de la agenda feminista, también se habla de aquellas mujeres que son criminalizadas por el sistema de justicia penal y son injustamente encarceladas por ejercer su derecho a la legítima defensa o por haber cometido robo por motivos de pobreza o ser obligada a declarar en su contra.

A su vez, Victoria Alva Lugo recordó que entre los retos se encuentra la construcción de una ley que evite la violencia obstétrica, así como garantizar su seguridad, lo cual implica la impartición de justicia en los casos de feminicidios y otro tipo de delitos cometidos en contra de ellas.

A su vez, Friné Salguero, llamó la atención sobre la construcción de liderazgos. Dijo que ante el cierre de espacios cívicos como organizaciones que se articulaban con el gobierno para atender problemas públicos relacionados con las mujeres, es importante apuntalar liderazgos sociales para generar masa crítica para que sea evidente que las demandas no vienen de organizaciones sociales, sino de mujeres afectadas por problemáticas específicas.

La especialista recalcó que nunca ha sido fácil la demanda de derechos humanos y jamás se dan de manera gratuita, fácil o que se dé por sentado. Siempre ha sido una lucha.

Mencionó que, si bien hay cierta confrontación del gobierno con algunas organizaciones de la sociedad civil, permanece la colaboración con otras instancias de la administración pública, que permiten seguir sumando esfuerzos para avanzar en la agenda de derechos e igualdad.” Esas articulaciones se han dado antes y se seguirán dando después de este gobierno”.

La pandemia recrudeció violencias contra las mujeres

Por otra parte, Fátima Gamboa planteó que con la pandemia de la Covid-19, hubo un incremento de las violencias contra las mujeres, sobre todo en el ámbito familiar, sexual y digital.

La codirectora de Equis, justicia para las mujeres destacó que con el argumento de que habría que enfrentar la enfermedad, el gobierno federal implementó una política de austeridad que privilegió ciertas acciones que repercutieron negativamente en las mujeres.

Por ejemplo, recordó que, en lugar de que las instituciones de procuración e impartición de justicia redoblaran su trabajo y atención en agencias del ministerio público, poderes judiciales y los centros de justicia para las mujeres, lo que hicieron fue sacrificar los servicios de atención a la violencia.

Los poderes judiciales suspendieron sus labores sin considerar que tenían que atender casos delicados como órdenes de protección, convivencias familiares y pensiones alimenticias, mencionó.

La activista indicó que, en el caso de los centros de justicia para las mujeres, al reducir sus servicios y horarios, hubo muchos casos que no fueron recibidos porque se consideró que la violencia que estaban padeciendo no era extrema o que no comprometía su vida.

Lo que ocurrió fue que las instituciones ampliaron sus márgenes de tolerancia a la violencia, pues solamente atendían los casos que consideraban graves y donde  estaba comprometida la vida.

Wendy Haydeé Figueroa Morales, expuso que los datos oficiales y de las organizaciones civiles reflejan un incremento de la violencia contra las mujeres en todos los espacios: violencia sexual, acoso, llamadas por situaciones de violencia, feminicidios y desapariciones.

En ese sentido dijo que la pandemia de la Covid-19 lo que hizo fue evidenciar las brechas de desigualdad y discriminación que viven las mujeres y por ende las violencias estructurales y sistémicas.

Mientras no se extirpe del sistema de justicia la impunidad y el patriarcado que permea, van a seguir existiendo esos índices de violencia. Es una situación que está aumentando día con día y eso nos lleva a una emergencia nacional, abundó.

Recordó que al inicio de la pandemia hubo una sobrecarga de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que se cerró o restringió la atención en las instituciones públicas.

Las estadísticas de seguridad indican que las siguen matando, como era antes

En los últimos tres años no se han logrado generar condiciones de seguridad para las mujeres. Salvo en secuestro donde se redujo a menos de la mitad en 2021, respecto de 2018, y homicidio doloso, que reporta una ligera reducción, se incrementaron los casos de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosas y extorsiones. Además, el servicio de atención telefónica 911 registra un incremento de las llamadas de auxilio por mujeres en situaciones de peligro.

En materia de secuestro de mujeres, las cifras refieren que en 2018 (el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto) el promedio mensual de presuntas víctimas mujeres de ese delito fue de 30, lo cual se mantuvo en 2019 (el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador); sin embargo, para 2020, bajó a 19 y en 2021 volvió a bajar a 16 casos en promedio mensual. En 2018 se cometieron 404 y en 2021 fueron 192, lo que quiere decir que hubo una reducción de 52.5 por ciento.

En cuanto a mujeres presuntas víctimas de homicidio doloso, en 2018 el promedio mensual fue de 230. Para 2019 pasó a 238, el 2020 fue de 232 y en 2021 fue de 228, es decir ligeramente abajo del promedio de 2018.

Dicho de otro modo, las cifras indican que de 2018 a 2019, el número de casos anuales se incrementó 3.8% al pasar de 2,761 a 2,867. Sin embargo, si se comparan los 2,761 casos registrados en 2018 con los 2,747 de 2021 hubo una disminución de 0.5 por ciento.

Sin embargo, el promedio mensual de presuntos delitos de feminicidio en 2018 (el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto) fue de 75, el cual subió para 2019 (el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador) a 79, para 2020 se mantuvo en 79 y en 2021 volvió a subir hasta ubicarse en 81. Si se comparan los 896 casos registrados en 2018 con los 969 de 2021, el incremento es de 8.1 por ciento.

Por otra parte, el número de presuntas víctimas mujeres de homicidio culposo, en 2018 fue de 267 promedio mensual, cifra que se incrementó a 274 en 2019 y bajó en 2020 a 261, pero subió en 2021 a 273. Si se comparan los 3,207 casos registrados en 2018 con los 3,283 de 2021, se observa un 2.3% de incremento.

En cuanto a presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, en 2018 el promedio mensual fue de 5,163 y para 2019 se incrementó a 5,529.

Para 2020 bajó a 4,791 y en 2021 subió a 5.197. De 2018 a 2019 ese delito se incrementó 7.0 por ciento. Sin embargo, si se comparan los 61,957 registrados en 2018 con los 62,362 de 2021 significa que incrementó 0.5 por ciento.

Las extorsiones a mujeres también se incrementaron. En 2018 el promedio mensual era de 187 casos, cifra que se elevó a 254 en 2019, aunque bajó a 239 en 2020 y el año pasado fue de 280. En 2018 se cometieron 2,244, cifra que para 2019 se incrementó a 3,172, lo que quiere decir que hubo un crecimiento de 41.35 por ciento. Si se comparan los 2,244 casos de 2018 con los 3,359 de 2021, el incremento es de 49.68 por ciento.

Las llamadas de emergencia al servicio de atención telefónica 911, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer también se disparó. En 2018 el promedio mensual de ese tipo de llamados de auxilio fue de 14,351, cifra que se incrementó en 2019 a 16,474 y volvió a subir en 2020 a 21,672 y en 2021 llegó a 24,278. Si se comparan las 172,210 llamadas de ese tipo que se recibieron en 2018 con las 291,331 de 2021, el incremento es de 69.2 por ciento.

Por otra parte, la Red Nacional de Refugios informó que de enero a diciembre de 2021 atendieron a 33,292 mujeres, niñas y niños en refugios y centros de atención externa, 12,198 personas a través de las redes sociales y líneas telefónicas realizaron 38 rescates de mujeres.

En 2021, 492 mujeres reportaron a la RNR haber sufrido intentos de violencia feminicida, por lo cual, los espacios de protección y sus plataformas se han convertido en lugares de esperanza, que han restituido derechos, evitando feminicidios.

La Red Nacional de Refugios cuenta con 79 espacios de protección y atención a nivel nacional, que en lo que va de 2022 incrementaron sus atenciones 55.59%, en comparación a 2021, acompañando de forma integral y especializada a 33,292 mujeres, niñas y niños, promoviendo el ejercicio y garantía de todos sus derechos, impulsando el empoderamiento, las autonomías y creando proyectos de vida libres de violencias.

La organización señaló que esas cifras demuestran la importancia y urgencia de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, que han atendido en primera línea las violencias contra las mujeres, subsanando los vacíos en los servicios de atención del Estado en esta doble pandemia que sigue impactando de manera diferencial a las mujeres y las infancias.

Victoria Alva Lugo expuso que, en el trabajo de generar condiciones de seguridad, igualdad y trato digno para las mujeres existe una tarea fundamental de la sociedad en su conjunto. No debemos de pensar que únicamente una batalla de mujeres es la batalla de una sociedad en todos los ámbitos. Los hombres deben sumarse a este esfuerzo.

Toda persona tiene una responsabilidad social; hay muchas estrategias mediante las cuales la sociedad puede tomar acción, por ejemplo, para generar corredores seguros para las mujeres. Ese compromiso es de la sociedad.

Esa es la realidad actual de las mujeres en México, tanto de las que hoy se aprestan a salir a las calles para conmemorar el día internacional de la mujer, este 8 de marzo, y protestar porque la llamada transformación de la vida pública en el país no ha logrado generar condiciones de seguridad, igualdad y trato digno para todas, como las que ese día continuarán con sus rutinas. 

Mientras eso sucede, desde el viernes pasado, en el centro histórico de la Ciudad de México, el gobierno ya comenzaba a colocar vallas metálicas para proteger edificios públicos de ellas.

diego.badillo@eleconomista.mx