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Las agresiones contra periodistas aumentaron casi 100% en 2019: Artículo 19
Ana Cristina Ruelas dijo que la pandemia de Covid-19 ha venido a confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado.
Al presentar su informe anual, la organización Artículo 19, alertó que en 2019 aumentaron en casi 100% las agresiones contra periodistas respecto a 2013, el primer año del sexenio anterior. También destacó que han surgido nuevas amenazas contra los medios a través de la estigmatización del trabajo periodístico que se hace desde el Poder Ejecutivo federal.
Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, presentó el informe anual: “Disonancia: voces en disputa”, en el que se establece que el 2019 estuvo marcado por un incremento en la violencia contra periodistas y una narrativa de estigmatización a la crítica, impulsada desde el Ejecutivo federal.
Mencionó que la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha venido a confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado.
“Por el contrario, los dejos autoritarios de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales ponen en relieve una política censora que busca controlar los flujos de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas”, dijo la dirigente de la organización.
Consideró que el documento “Disonancia: voces en disputa”, busca reflejar la tensión entre las distintas voces: “en este 2019 pudimos confirmar que las expresiones se disputan, vengan de donde vengan, y en el centro estamos nosotros, las personas que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos hacer nuestra”.
Asesinatos de periodistas
Ana Cristina Ruelas mencionó que en el 2019 se registraron 609 agresiones contra periodistas, de las cuales, 10 fueron asesinatos, lo que a su vez significó un aumento del 12% en comparación con el 2018 y casi el 100% respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Expuso que más del 99% de los crímenes contra periodistas siguen sin resolverse y, de 1,614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir.
Respecto al Mecanismo de Protección (el cual para diciembre de 2019 protegía a 1,162 personas, de las cuales 384 son periodistas), Ruelas señaló que el gobierno no ha implementado efectivamente las recomendaciones que dio la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México para reestructurarlo y hacerlo eficiente.
Estigmatización de la prensa
Ruelas puntualizó que en 2019 se atestiguaron nuevas amenazas contra los medios que surgieron a través de la estigmatización al trabajo periodístico desde la tribuna presidencial.
Consideró que esta narrativa fue impulsada principalmente durante los primeros 100 días de gobierno del Presidente, por medio de apelativos como “fifí”, “conservadores” e “hipócritas”, términos que pueden ser interpretados por funcionarios públicos locales y el crimen organizado como una autorización para referirse a la prensa local.
“El Presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa”, indicó.
Refirió que, en comparación con el año anterior, en 2019 las agresiones del tipo “uso ilegítimo del poder público” se duplicaron. El número de agresiones en contra de medios de comunicación incrementó casi 100% y precisamente el tipo de ataques sufrido son: estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio.
Agresiones de la prensa por estados
Ruelas estableció que, a pesar de las alertas que Artículo 19 emitió sobre el incremento de la violencia en contra de la prensa en la Ciudad de México y Quintana Roo, no hubo acción para revertir estos casos. “Estas dos entidades duplicaron las agresiones entre 2018 y 2019, mientras que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz siguen estando en el tope de la lista de los estados más violentos para el periodismo”.
Respecto a las agresiones en la Ciudad de México, informó que, a raíz de la estigmatización proveniente desde la conferencia matutina del Ejecutivo, el 15% del total de las agresiones sucedieron contra los periodistas que cubren la fuente presidencial.
Publicidad oficial
En cuanto a la publicidad oficial, si bien el monto erogado descendió de 10,725 millones de pesos registrados en 2018 a 1,550 millones ejercidos preliminarmente en 2019, la concentración del gasto sigue existiendo, pero no se sabe bajo qué criterios se ejerció el 57.26% del total que se repartió entre 15 medios de comunicación y el otro 42.74% entre otros 476.
Conferencias matutinas
Ana Cristina Ruelas comentó que las conferencias matutinas del Presidente han sido más que una mera estrategia de comunicación social, dijo, que han fungido como herramienta de posicionamiento dentro del debate público y un acto intencional de monopolizar la conversación pública.
Mujeres periodistas
Indicó que además de que se han registrado eventos de acoso, hostigamiento y amenazas sistemáticas hacia las mujeres que manifiestan su opinión o transgreden discursos machistas dominantes, este año también jóvenes de todas las edades y clases sociales exigieron justicia e igualdad.
Agenda mínima de acción
La directora de Artículo 19 presentó una agenda mínima acerca de las acciones que autoridades y servidores públicos de los tres poderes de la nación deben llevar a cabo para generar una política de Estado que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información: combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas; garantizar la existencia de una política de protección integral para periodistas; promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación; garantizar el acceso a la información para todas y todos, más aún para las comunidades más alejadas y vulnerables.
También combatir la desinformación y el uso de lenguajes discriminatorios y de incitación a la violencia, y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.