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Política

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Las organizaciones de la sociedad civil no pretenden, ni pueden sustituir al gobierno: Jorge Villalobos

La intención del gobierno y el Congreso de modificar disposiciones fiscales relacionadas con asociaciones civiles que reciben donaciones han generado mucha inquietud, porque no queda claro si lo que busca la autoridad es realmente acabar con corrupción o sólo es para obstaculizar su trabajo, señala el presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Jorge Villalobos Grzybowicz.

Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Twitter.com/Cemefi_RSE

El presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Jorge Villalobos Grzybowicz, afirmó que las organizaciones de la sociedad civil no pretenden, ni pueden sustituir la acción de los gobiernos en la solución de los problemas sociales del país, pues lo único que pretenden es ayudar a sus semejantes y buscar nuevas soluciones a viejos problemas.

En entrevista dijo que cuando las organizaciones civiles, las cuales deben gozar de autonomía de gestión y económica, defienden derechos, incomodan a los gobiernos y comienzan a cuestionarlas sobre su origen y filias; sin embargo, esas organizaciones no tienen compromisos políticos ni partidistas, sólo causas.

Para Villalobos Grybowicz, la intención del gobierno de modificar disposiciones fiscales relacionadas con las organizaciones que reciben donaciones ha generado mucha inquietud, porque no queda claro si lo que busca la autoridad es realmente acabar con corrupción, con lo cual están totalmente de acuerdo, o sólo es para obstaculizar su trabajo.

—¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil (OSC) hay en México y cómo está el país en este sector, respecto de otras naciones?

—En México hay más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil, pero apenas 9,000 donatarias autorizadas. En Estados Unidos hay dos millones de charities, que serían el equivalente. En un país como México debería haber 700,000.

—¿A qué se debe esto?

—A muchas razones, pero muy probablemente a que no se ha promovido a lo largo de la historia el asociacionismo ciudadano y lograr que se vea la importancia de que los ciudadanos nos asociemos para llevar acciones de bien público a nuestros semejantes, ya sea para atender grupos vulnerables, defender derechos o para generar empleos y promover el desarrollo de la economía. Este grupo es tan importante que, en la mayor parte del mundo, los gobiernos los estimulan con algunos beneficios de tipo fiscal para que tengan algún atractivo al recibir algún donativo de alguna persona o de alguna empresa.

—¿Qué es lo más valioso del trabajo de las OSC?

—Las organizaciones de la sociedad civil tienen dos contribuciones muy importantes: una es la ayuda que le podemos dar a las personas y otra es la innovación social. Toda organización civil que trabaje en cualquier tema está aportando a la sociedad y está ayudando a otros, pero lo más importante es que son laboratorios sociales, que, al estar trabajando en diferentes problemas, hacen innovación social. En general, los gobiernos no hacen innovación social. Son aparatos grandes que operan trabajos exitosos, pero los que hacen la innovación y se la proponen a los gobiernos son las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, cuando una donataria trabaja, en primer lugar, cumple con toda la reglamentación que le establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Son instituciones transparentes que permanentemente dan información de dónde viene el dinero que reciben y a dónde va. Pueden dar recibos deducibles de impuestos, sin embargo, si alguien dona un peso a una organización, esa persona tiene un estímulo fiscal del 33%, pero de su bolsillo está poniendo el 66% restante, que, si no hubiera donado, se hubiera quedado con él.

Además, las donatarias estamos aportando servicios y bienes a la sociedad mucho más valiosos que el tercio que reclama el gobierno (en su intención de modificar la ley del ISR en la parte de donatarias autorizadas) porque plantea que es lo que deja de recibir por impuestos.

—¿Por qué es importante la suma de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil para solucionar problemas públicos?

—La sociedad en general le da un mandato al gobierno. Los ciudadanos son los que tenemos el derecho sobre el bien público. La ciudadanía les encomienda ciertas funciones a los gobiernos.

La primera es la seguridad, si el gobierno no genera condiciones de seguridad, entonces entran organizaciones. Para que eso ocurra tienen que gozar de autonomía de gestión y económica. Por eso todas las organizaciones nos movemos para conseguir donativos, ya sea de empresas o personas o también para generar nuestros propios recursos y contamos con el estímulo de estar exentos del ISR. Los gobiernos exentan a las OSC del ISR porque a los gobiernos les conviene que haya ciudadanos organizados.

En general, cuando las organizaciones trabajan los gobiernos lo aplauden, pero cuando tú ves a una organización que desde su autonomía empieza a defender derechos de algunos, les incomoda a los gobiernos y entonces comienzan a decir: quién les paga, qué intereses persiguen, a qué partido están apoyando.

Por 30 años nosotros hemos defendido que una organización de la sociedad civil tiene que ser autónoma; no debe tener ningún compromiso político partidario y no tiene que ser lucrativa. Si tuviera remanentes en su operación los tiene que invertir en la causa que eligió.

Es un sector sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Por eso deberíamos de lograr la sostenibilidad de las organizaciones.

—¿Es su intención sustituir al gobierno en la solución de asuntos públicos?

—No pensamos, ni podemos, ni queremos, sustituir la acción de los gobiernos. Lo que queremos con nuestro trabajo es ayudar a nuestros semejantes y buscar nuevas soluciones a viejos problemas que se le comparten al Estado, entendido como sociedad y gobierno, y los gobiernos, que tienen la capacidad económica y política, escalan esos programas.

—¿Qué va a pasar con las OSC si prospera la iniciativa de reformas a la ley del ISR relacionada con las donatarias autorizadas?

—Los destinatarios finales son los mayores afectados. Sin embargo, cuando un grupo de ciudadanos adopta una causa, sirve mucho el estímulo de las exenciones fiscales y los donativos deducibles, pero no son determinantes y va a buscar dinero debajo de las piedras si es que necesita. El dinero es necesario, pero lo es más el compromiso, el talento y la voluntad de llevar a adelante una causa.

—¿Cómo presidente de Cemefi qué le dice a las OSC?

—Nosotros les decimos a las donatarias autorizadas que debemos ser más cuidadosos en el cumplimiento de toda la normatividad, pero también le hemos dicho a la autoridad que tienen que reformar los formatos de reporte de transparencia.

—¿Cuál es la explicación a esta intención de modificar el ISR en la parte de donatarias?

—Parece que crecieron demasiado las causales de revocación y en el sector han creado mucha inquietud sobre cuál es la intencionalidad de la autoridad si realmente es limpiar de corrupción que ellos dicen que han descubierto y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo que limpien o si es obstaculizar la labor de ciudadanos que queremos colaborar por el bien público.

diego.badillo@eleconomista.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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