Lectura 3:00 min
México: muchas leyes en DH, pero sin aplicar
Las divisiones entre lo dicho por el gobierno federal y los estatales son los principales obstáculos para llevarlas a la práctica.
Si bien México presenta importantes avances en el marco jurídico y normativo en materia de derechos humanos, el gran desafío que se plantea es llevar la norma a la práctica, refirió James L. Cavallaro, relator para México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencia solicitada por el gobierno nacional en el 150 Periodo de Sesiones de organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Washington, EU.
Trasladar las leyes a la práctica es un asunto muy complicado en países como México, donde existen fuertes divisiones entre lo dicho por el gobierno federal y los estatales. Es un gran desafío que otros países de la región también enfrentan por la naturaleza de sus gobiernos , manifestó el relator de la CIDH al responder a la exposición elaborada por la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, en la audiencia Política Pública en derechos humanos y buenas prácticas en México .
Un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales respondió al gobierno de México a través de un documento que los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad.
El contingente de Organizaciones de la Sociedad Civil recordó que Freedom House califica a México como un país no libre desde el 2012. Asimismo, el documento de respuesta enfatiza que la tasa de impunidad continúa siendo de entre 98 y 99 por ciento.
En tanto, la subsecretaria Lía Limón defendió los progresos gubernamentales efectuados en los últimos años en la materia, ya que argumentó es innegable que el Estado mexicano registra avances concretos en la promoción y respeto de los derechos humanos, aún cuando quedan retos , dijo.
Argumentó que las reformas educativa, política, de telecomunicaciones y justicia penal, aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión, han sido significativas para dotar de derechos a los ciudadanos del país.
Reconoció, sin embargo, que uno de los mayores retos de la actual administración ha sido fortalecer la estructura interna del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Mecanismo es una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), creado con facultades para decretar, evaluar, suspender y, de ser necesario, modificar las medidas preventivas y de protección que el Estado brinda a defensores y periodistas. Está conformado por tres órganos internos, siendo la Junta de Gobierno la máxima instancia para la toma de decisiones, motivo por el cual está integrada por funcionarios de gobierno e integrantes de la sociedad civil.
Recientemente, los representantes de la sociedad y periodistas decidieron retirarse de las sesiones de trabajo de la Junta de Gobierno del Mecanismo y Periodistas (Mecanismo), al considerar que a casi dos años de la creación de este órgano, no ha sido capaz de salvaguardar la labor de estos ciudadanos.
ana.langner@eleconomista.mx