Niega Tribunal Superior de Justicia de NL publicar Ley Electoral

Monterrey, NL.- Tras la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para que el gobierno estatal publicara de inmediato la reforma a la Ley Electoral que aprobó el Congreso local en fecha reciente, el Tribunal Superior de Justicia en el Estado otorgó una suspensión en favor del gobierno de Nuevo León.

Lo anterior permitirá que esta orden quede sin efecto y que sea el gobierno estatal el que revise y promulgue la reforma de acuerdo a los requisitos que impone la ley.

Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en los términos que se indican en el presente proveído (...) La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parte actora exhiba garantía , indica un boletín del gobierno estatal.

El secretario General de Gobierno, Manuel González Flores dijo: no puede ser que un grupo de Diputados partidistas, PRI y PAN, no sólo secuestren al Poder Legislativo, sino intenten secuestrar a la democracia en Nuevo León .

Adelantó que el gobierno estatal continuará la batalla con un juicio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, y una denuncia penal en contra de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado que en atención a los intereses partidistas resolvieron a favor del decreto del Congreso.

La negativa del Ejecutivo estatal a publicar la Ley electoral, se debe a que en dicho ordenamiento se incumple con la paridad de género en candidaturas a Alcaldías y crea una figura de legisladores plurinominales, pero excluye a los diputados independientes, entre otros temas.

Vamos a agregar a esta controversia que presentamos". El día 7 de julio "estaremos presentando juicio electoral en contra de esta resolución para seguirla combatiendo ante la Sala Electoral con sede en Nuevo León , dijo González Flores.

En contexto, el Tribunal Estatal Electoral afirmó que la omisión del poder ejecutivo de no publicar la ley Electoral constituía una demora innecesaria e injustificada, en virtud de que el gobernador está impedido para hacer observaciones al decreto que contiene la reforma de una ley constitucional, por lo que pedía la inmediata publicación de la Ley.