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Política

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Norma Lucía Piña enarbola la independencia judicial, interna y externa

De acuerdo con la ministra presidenta, es el medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia, para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos; constituye la principal garantía de imparcialidad, expone la titular del Poder Judicial.

Foto: Reuters

Norma Lucía Piña Hernández, desde este 2 de enero, titular del poder Judicial de la Federación pretende desempeñar su función conforme a lo que, considera, es la columna vertebral de la encomienda constitucional de ese poder: la independencia judicial.

"La columna vertebral en la ejecución de mis funciones como presidenta será la independencia judicial —interna y externa— replanteada como un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia, para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Porque la independencia judicial constituye la principal garantía de imparcialidad de la judicatura en beneficio de la sociedad", enfatizó.

En su opinión, “la independencia judicial permanece en la percepción de gran parte de la ciudadanía como hueca, distante, acotada a una estricta cuestión organizacional, presupuestal y estructural propia de la división de poderes”.

La independencia judicial es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos. Al mismo tiempo, irradia las relaciones entre particulares, define el ejercicio de nuestros derechos y, sobre todo, contribuye a la pacificación social, recalca en el documento que consigna sus líneas generales de trabajo. En 33 cuartillas repite 23 veces “independencia”.

Piña Hernández consignó también el fortalecimiento de la función jurisdiccional. “Hoy, más que nunca, las personas juzgadoras debemos continuar capacitándonos para juzgar a la altura de la protección y garantía de los derechos humanos de las personas. Es necesario consolidar la calidad de nuestras resoluciones a través del impulso a la formación y el estudio mediante el fortalecimiento de la carrera judicial, basado en méritos académicos y profesionales, garantizando una capacitación de alto nivel”.

También destacó el combate a la corrupción, mediante la aplicación integral del Sistema Nacional Anticorrupción en el poder Judicial de la federación, la renovación y fortalecimiento del procedimiento de responsabilidades administrativas, mediante la emisión de una regulación específica en el CJF y la emisión de un acuerdo general sobre medidas anticorrupción.

Propone reingeniería, tanto en la SCJN como en el CJF

Además, planteó una reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa, tanto de la SCJN como del CJF, que, dice, debe reflejarse en indicadores claros, como la consolidación del nuevo esquema de carrera judicial, la instauración del servicio civil de carrera en las áreas administrativas de la Corte y del Consejo y el fortalecimiento de la visitaduría judicial.

Asimismo, la ministra presidente tiene la intención de dar seguimiento y fortalecer las políticas de prevención de la violencia laboral en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

Además, pretende que se lleve a cabo una actualización y fortalecimiento del Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles (Ffecom); una reorientación y actualización de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia; el diseño e implementación de medidas adicionales en materia de género y la consolidación en la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales en la impartición de justicia (e-Justicia) y en las áreas administrativas de la SCJN y el CJF.

diego.badillo@eleconomista.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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